Durante la aprobación de la ley que quitó a la Policía Orteguista el control administrativo del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU), quedó en evidencia que no todos los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) apoyan las sanciones contra el régimen represor.
Wálter Espinoza y Paul González fueron los dos parlamentarios, de los 14 de la bancada liberal, que apoyaron a los orteguistas en la Asamblea Nacional al momento de aprobar la nueva ley sobre el Instituto que maneja el fondo de pensiones de los policías, debido a que para estos dos legisladores las sanciones a la Policía no causan daño a la institución, pese a la inhabilitación financiera que les causó.
“Soy del pensar que aquí no le hacemos daño a una institución (con la sanción), porque lo que hace es un cambio administrativo, un cambio de cara y siguen funcionando”, dijo Espinoza.
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Al crearle su propia Ley, al ISSDHU se le quitó el control administrativo a la Policía y se le dio autonomía, aunque quedó adscrito a la Presidencia de la República, por lo que el fondo de pensiones quedó bajo el control directo del dictador Daniel Ortega.
Si bien se quitó la figura de los altos mandos, como el comisionado Francisco Díaz, que también está sancionado por EE.UU. y Canadá por violación a los derechos humanos, que tienen que estar en el consejo directivo del Instituto, la jefatura seguirá influenciando en el instituto. Esto porque la Policía Orteguista tiene derecho a tres, de los siete cargos en el directorio.
“Yo voy más allá, en sancionar a muchos funcionarios. No solo a tres comisionados hubiesen sancionado, sino que se sancione a todos los dirigentes mayores de la Policía Nacional “, dijo Espinoza.
Junto a la PO, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a los comisionados Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Juan Antonio Valle Valle por su participación en los graves abusos a los derechos humanos de los nicaragüenses.
El comisionado mayor Juan Valle Valle, es jede del departamento de vigilancia y patrullaje, el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas es director de Auxilio Judicial, la cárcel conocida como el Chipote, y el comisionado general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP).
Son 19 funcionarios del régimen sancionados, entre ellos cinco comisionados. El subdirector Ramón Avellán es parte de esta lista. Avellán se le responsabiliza de dirigir la “Operación Limpieza” para desmantelar las barricadas y tranques levantados por la oposición durante los meses más fuertes de las protestas, en 2018. Esos ataques dirigidos por Avellán causaron el asesinato de 107 personas y cientos de heridos, según el gobierno de EE.UU.
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Revuelta en la bancada
Espinoza y González se revelaron contra la disposición de la jefatura de la bancada del PLC de que se iría en contra de lo dispuesto por Ortega para evitar que el ISSDHU fuese afectado por las sanciones a la Policía. Aunque EE.UU. no sancionó al Instituto, expertos habían sugerido que al estar adscrito al brazo represor lo hacía susceptible a algún efecto colateral.
Al momento de la votación en lo general de la nueva Ley del ISSDHU, el pasado 12 de marzo, fueron cuatro diputados los que marcaron presentes en el sistema electrónico: Espinoza y González del PLC, el del PLI Pedro Joaquín Treminio y el de ALN Mauricio Urúe. Sus votos contaron a favor sumándose así a los que marcaron en verde que fueron los 70 de los sandinistas y el del jefe del PLI Mario Asencio Flórez.
Lo 12 votos en contra durante la discusión en lo general de la Ley del régimen fueron diez del PLC, el de Yatama por medio del parlamentario Brooklyn Rivera y el de ALN, con el diputado Alejandro Mejía Ferreti. Al principio del debate parlamentario no estaban dos del PLC, pero se integraron después votando en contra, como el resto de la bancada, con la excepción de Paul González y Wálter Espinoza.
La parlamentaria del Partido Conservador, Wendy Guido llegó a la Asamblea ya hasta cuando había finalizado el debate de la Ley del ISSDHU y el del Apre, Byron Jeréz, no llegó a la sesión.
El diputado González del PLC explicó que decidió no votar en contra junto al resto de su bancada por cuanto EE.UU. excluyó al ISSDHU de las afectaciones a la PO.
“Lo que se está haciendo es traspasar el control,que tiene la Policía sancionada, a la Presidencia, Eeso no va en contraposición a la postura política que represento aquí, porque además, recuérdese, que el 27 de agosto de 1996 un gobierno liberal instituyó este Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano. Lo que se está haciendo es sacarlo del universo sancionado para que no tenga ningún efecto , y yo estoy de acuerdo”, explicó González.
En el conteo de la pizarra electrónica de la Asamblea quienes salieron marcados en verde, que expresaron a favor de lo discutido, fueron los 70 diputados de la bancada del FSLN y uno de los aliados políticos de la dictadura del Partido Liberal Independiente (PLI), su presidente Mario Asencio Flórez.
El ISSDHU tiene como objetivo principal la organización, administración y ejecución del Régimen Especial de Seguridad Social y Desarrollo Humano de la Policía. Pero además de la Policía, el Instituto brinda beneficios a los trabajadores del Ministerio de Gobernación y sus dependencias como son la Dirección General de Bomberos, Migración y Extranjería y el Sistema Penitenciario.