Temen oscuros intereses tras la decisión de Ortega de quedarse con el control del ISSDHU, no así con el Hospital Roberto Huembes

Eliseo Núñez consideró que el régimen, al administrar el ISSDHU, buscan seguir con sus negocios turbios sin importarle el futuro de las personas, que dependen de las pensiones, aun cuando serían los mismo policías -su principal brazo represor- los afectados.

Daniel Ortega, régimen

Uno de los sancionados es el subdirector de la Policía, Ramón Avellán. LAPRENSA/Archivo

La decisión del régimen de Daniel Ortega de quedarse con el control administrativo del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo (ISSDHU), y no con el del Hospital Carlos Roberto Huembes, de debe a que el instituto representa un jugoso negocio donde puede mover inclusive fondos de entidades ya sancionadas, consideraron analistas políticos.

“El hospital es gasto, va a requerir de apoyo presupuestario, por eso lo manda al Ministerio de Gobernación (Migob) para que pueda apoyarlo, en cambio el ISSDHU tiene dinero”, explicó el político Eliseo Núñez.

Tanto el ISSDHU como dicho hospital eran administrados por la Policía, pero a raíz de las sanciones impuestas por Estados Unidos a la PO, el dictador Ortega creó con urgencia la Ley de Fortalecimiento de la Gestión del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano -aprobada el 12 de marzo por los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional- para adjudicarse el control del ISSDHU e intentar protegerlo de las sanciones.

El artículo 4 de la nueva ley del instituto dejó adscrito el ISSDHU a la Presidencia, por lo que Ortega tendrá amplia discrecionalidad sobre el manejo financiero del fondo de pensiones privado de los policías y del personal del Ministerio de Gobernación y sus dependencias que incluye a Migración y Extranjería, el Sistema Penitenciario y la Dirección de General de Bomberos.

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Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, consideró que aún con esta creación de ley, el ISSDHU queda manchada porque recibe y administra fondos provenientes de la Policía, institución sancionada por ser una “herramienta represiva” del régimen orteguista contra los nicaragüenses, según EE.UU.

“Le pongan el nombre que le pongan, adscrita a quien le adscribe, el curso del dinero va de la Policía al fondo de seguridad social y eso no se puede cambiar por ley. Las cotizaciones de los oficiales y miembros de la policía van a ese fondo, entonces podrán cambiarlo legalmente, pero en términos prácticos es plata de una entidad sancionada”, declaró Chamorro.

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¿Una movida para hacer sus negocios?

Núñez consideró que el régimen, al administrar el ISSDHU, busca seguir con sus negocios opacos sin importarle el futuro de las personas, que dependen de las pensiones, aún cuando serían los mismo policías -su principal brazo represor- los afectados.

«(El ISSDHU) va ser parte del negocio de los Ortega Murillo y están viendo este traslado del ISSDHU como un buen lugar para lavar el dinero que no han podido mover de Albanisa (Alba de Nicaragua S.A.)  y de todo los demás que lo deben de tener en efectivo», afirmó Núñez.

«La Policía a quien mantiene bien es a los altos mandos de los policías, pero la gran mayoría de los policías, eso que mandan a golpear, que azuzan, esos están muy mal, siguen ganando poco y seguirán así y a ellos (el régimen) no les importa esa gente, ellos van seguir teniendo poco interés en ellos, y si juegan así con su vida y dignidad en las calles, por qué no jugar con su dinero y su futuro», consideró el analista político.

En tanto Chamorro, manifestó que los recursos del ISSDHU están en «más peligro» por el alto grado de corrupción del régimen. «Por el grado de corrupción del gobierno estos recursos siempre han estado en peligro, (pero) ahora se exponen más porque se traslada el control de la institución (a ellos), no adonde se tendría que designar  (como e el Migob), pero en términos prácticos, si han querido meter mano a este fondo ya lo hicieron o ya lo hubieran hecho», concluyó.

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Bancos evitarían contaminarse

Pero aunque el ISSDHU es una ente autónomo del Estado, la toma de administración por parte del régimen orteguista supondría una amenaza más para sus miembros, puesto que el sistema bancario nacional valoraría tener alguna relación con el instituto para evitar contaminarse de las sanciones estadounidense.

«Yo tengo serias dudas de que con estas medidas logren evitar los efectos de la sanción, porque la sanción es contra todos aquellos que se benefician de una relación con la policía o prestan servicios para beneficiar a la institución, y si el instituto es para el beneficio social directo de la Policía creo que algunos bancos podrían interpretar, en un sentido estricto, lo impuesto por las sanciones norteamericanas», dijo José Pallais, analista político y exdiplomático.

Núñez manifestó que la decisión de los bancos dependerá de la valoración legal que realicen, tomando en cuenta las normativas internacionales, que están obligados a cumplir si quieren mantenerse dentro del sistema financiero mundial.

De hecho la ley del ISSDHU si bien le quitó la presidencia de la junta directiva de  la institución a la Policía,  la jefatura policíal mantendrá su influencia en el manejo administrativo del fondo de pensiones y de los servicios médicos, debido a que la PO tendrá a tres representantes de los siete que integrarán el consejo directivo.

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«En mi opinión, los bancos no deberían tener relación con el ISSDHU porque tiene un alto riesgo de contaminación con la Policía y esto a la vez tendría el problema de que los bancos puedan ser multados o sancionados por los organismos internacionales que regulan las transacciones bancarias. Ponen en riesgo la corresponsalía, las relaciones y eso puede generar consecuencias internacionales para cualquier de los bancos nacionales», señaló Núñez.

Por su parte, Chamorro coincidió con Núñez y Pallais que el futuro del Instituto de Seguridad Social de la PO entró en «alto riesgo» desde el momento que se sancionó a la Policía.

«Ellos están tratando de reaccionar legalmente a una sanción específica y esa forma de esquivarla lo están haciendo porque creen que van a tener efecto, pero desde un punto financiero nadie va a tocar esa plata porque se sabe de dónde viene», dijo Chamorro.

Desde el inicio de las protestas antigubernamentales en Nicaragua, en abril de 2018, la Policía Orteguista ha venido funcionando como el principal brazo represor de la dictadura orteguista. Organismos internacionales de derechos humanos ha señalado a esta institución de ser responsables -junto al régimen- de violentar los derechos de los nicaragüenses y de las 325 muertes que dejó los meses más crudos de represión en el país.

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