La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó a los Estados a evitar la extralimitación de las medidas de emergencia declaradas para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus, mismas que no deben ser implementadas para acallar la disidencia, publicó la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su sitio web.
De acuerdo con expertos de derechos humanos de la ONU, las declaratorias de emergencia no deben facilitar la represión bajo la medida de proteger la salud de la población. Esto, tomando como referencia que varios países alrededor del mundo, han decretado estados de emergencia, calamidad, toque de queda, por el COVID-19, que implica la restricción de derechos constitucionales de la población.
“Las declaraciones de emergencia basadas en el brote de COVID -19 no deben usarse como base para atacar a grupos particulares, minorías o individuos. No debe funcionar como una excusa para la acción represiva bajo pretexto de proteger la salud, ni debe usarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos”, señala Naciones Unidas.
Y agregan que “las restricciones tomadas para responder al virus deben estar motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no deben usarse simplemente para acallar la disidencia”. Los expertos de la ONU recuerdan que las declaraciones de estados de emergencia, ya sea por razones de salud o seguridad, tienen una guía clara del derecho internacional.
“El uso de los poderes de emergencia debe declararse públicamente y debe notificarse a los órganos de tratados pertinentes cuando los derechos fundamentales, incluidos el movimiento, la vida familiar y la reunión se ven significativamente limitados”, expone la ONU.
En Nicaragua, diversos especialistas han mencionado que la población vive bajo un estado de “facto”, “policíaco”, desde el estallido social de abril de 2018, que la violencia política aplastó las protestas pacíficas. En septiembre de ese mismo año, el régimen orteguista criminalizó las manifestaciones, y a cada intento de la oposición de protestar responde con violencia, ejecutada por la Policía Orteguista, que asedia a los opositores y los encarcela.
La ONU recuerda que los estados e instituciones de seguridad pueden encontrar atractivo el uso de poderes de emergencia porque ofrece atajos. “Para evitar que tales poderes excesivos se conecten a los sistemas legales y políticos, las restricciones deben ser adaptados estrechamente y ser el medio menos intrusivo para proteger la salud pública”, se lee.
En Nicaragua aun no se han detectado casos de coronavirus, por su parte, el régimen orteguista asegura tener un protocolo, que promedia que una vez el virus esté en el país, 813 personas morirían en un período de seis meses, y otras 32,500 serían infectadas. Naciones Unidas aconseja a los países que a medida que el virus disminuya, los gobiernos “deben tratar de devolver la vida a la normalidad y deben evitar el uso excesivo de poderes de emergencia para regular indefinidamente la vida cotidiana”, se lee en el documento.