Durante el 2019, 163 personas fueron asesinadas en el país, una expresión del traslado de la violencia política de la ciudad hacia las zonas rurales, en un contexto de inseguridad, violencia y represión desde abril de 2018, revela el informe “La Espiral de la Violencia en Nicaragua”, elaborado por la experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra.
La especialista expone que una de las expresiones más graves de las nuevas formas de violencia e inseguridad en Nicaragua son los asesinatos, que incrementaron de forma significativa en el 2018 y 2019. Aunque la institución policial aun no publica su Anuario Estadístico 2019, que permitiría comparar las cifras, las estadísticas de 2017 muestran que antes del estallido social de abril de 2018 recibieron 114 denuncias por asesinato y en el 2018, 303 sobre el mismo delito, es decir, hubo un aumento de 189 casos respecto al año anterior.
No obstante, la Policía en el Anuario de 2018 reconoce el incremento de los asesinatos amparándose en el discurso del régimen orteguista: “198 víctimas del intento del golpe de Estado”, se lee. Por otro lado, aseguran que resolvieron 91 casos de asesinatos en 2017 y en 2018, 105 casos.
Impunidad persiste para víctimas de crímenes
Sin embargo, diferentes organizaciones y familiares de las víctimas de la represión de 2018, aseguran que sus casos han quedado en la impunidad, incluso sin siquiera ser investigados.
Cuadra devela a través del estudio de 145 casos de asesinatos, cuatro ocurridos entre octubre y noviembre de 2018 y 141 en el 2019, un análisis que busca reconstruir el perfil básico de las víctimas, el perfil de los victimarios y las características más relevantes de los hechos.
Pese a que la violencia política existía en Nicaragua desde antes de 2018 y era ejercida por la Policía y los “llamados grupos de choque, simpatizantes del gobierno”, no se había generalizado, pero desde la explosión social de abril que fue reprimida, “los niveles de inseguriad y violencia han escalado de manera acelerada e inimaginable”, expone el informe.
Violencia en el campo
Otro punto clave es que en las zonas rurales se reorganizaron civiles armados con participación de militares y policías en retiro, además de fanáticos leales, quienes se ha encargado de realizar secuestros y desapariciones forzadas de líderes sociales, ataques simulando robos, intimidación con armas de guerra, vigilancia, ataques directos, asedio y amenazas, se lee en el análisis.
Al respecto, el coordinador del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, explicó que en el campo la violencia “ha sido fuerte”, porque “siempre la Policía y paramilitares caminan reprimiendo, torturando, asesinando y de todo”, expresó. En febrero de 2020 el Movimiento presentó un informe sobre las muertes en el campo a una misión de diputados del Parlamento de la Unión Europea, en El Salvador, donde expusieron el caso de 103 campesinos asesinados.
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Estado de excepción
Cuadra explica que el empleo sistemático y prolongado de la represión y la violencia estatal han provocado que Nicaragua viva bajo un estado de excepción de facto, en el que se han suprimido todos los derechos ciudadanos y se han cometido crímenes de lesa humanidad. A eso se suma que los responsables de la violencia gocen de impunidad, con la protección del Estado, en especial, los “grupos paramilitares”.
“En consecuencia, los niveles de violencia y la inseguridad se han incrementado en el país, sobre todo en las zonas rurales, tal como se puede apreciar en el aumento sostenido de los asesinatos; el uso de armas de fuego, particularmente armas de guerra, así como la violencia femicida y los delitos en general”, expone el documento, en el que también se esboza las nueve etapas de la represión que se han desarollado en el país, a partir de abril de 2018.
La vinculación a la actividad política
Un dato que Cuadra expone respecto a la motivación del asesinato es el que refiere a la pertenencia, vinculación o identificación de la víctima con algún tipo de actividad política. Los casos estudiados en el 2019 muestran que 31 de las víctimas tenían algún tipo de vinculación política; ocho estaban relacionadas con partidos políticos, 15 con movimientos cívicos y ocho con otras organizaciones.
Cuadra explica que hubo un giro a partir de septiembre de 2019, en el que las motivaciones de los asesinatos estaban vinculadas aparentemente con delitos de orden común. Esto se puede explicar porque los victimarios están simulando asaltos u otros delitos comunes para cometer los asesinatos, o bien con el hecho que los familiares de las víctimas prefieren no denunciar las motivaciones políticas por temor a represalias.
En el caso de los victimarios, en 22 casos de los ocurridos en 2019 se les identificó como delincuentes comunes y en 30 casos se les relacionó a la Policía, grupos paramilitares o mixtos.