Todas las señales indican que el régimen de Daniel Ortega no es partidario de una cuarentena, del cierre de fronteras o una medida más extrema: declarar un Estado de emergencia. Sin embargo, es un tema latente.
Con dos casos confirmados de covid-19 aseguran estar preparados y vigilantes ante la pandemia, palabras que podrían haber caído en saco roto para los cientos de nicaragüenses que al día siguiente que confirmaron el primer caso se lanzaron a los supermercados para abastecerse de alimentos.
La posibilidad de un Estado de emergencia es un escenario latente, que otros países ya lo han implementado para evitar que más personas se contagien de coronavirus.
La Constitución Política de Nicaragua contempla en su artículo 185 que el presidente de la república podrá decretar “para la totalidad o parte del territorio nacional y por tiempo determinado y prorrogable, la suspensión de Derechos y Garantías, cuando así lo demande la seguridad de la nación, las condiciones económicas o en caso de catástrofe nacional. La Ley de Emergencia regulará sus modalidades”, se lee.
El decreto debe contener los motivos en los que se basa el Estado de emergencia, los derechos y garantías que se suspenden, si rige para todo o parte del territorio nacional y el tiempo de duración.
Este tendría que ser enviado a la Asamblea Nacional para su ratificación en un plazo no mayor de 45 días. La especialista en temas de seguridad, Elvira Cuadra, explicó que en Nicaragua no haría mucha diferencia un Estado de emergencia porque “de hecho el país está en un estado de excepción desde 2018, pero sin que haya sido oficialmente declarado por la Asamblea Nacional”.
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Con Cuadra coincide el analista político José Pallais en asegurar que no cree que el gobierno se decida por un Estado de excepción. La especialista asegura que en el caso que si lo declaren “esto lo que podría significar es el endurecimiento de las medidas autoritarias para controlar a la población como la imposición de toques de queda y más actuaciones arbitrarias de diferentes instituciones públicas”, explicó.
En medio de la pandemia de covid-19 el régimen orteguista mantiene el asedio contra exreos políticos y opositores, la policía sigue en las calles implementando la vigilancia para evitar cualquier tipo de acción de protesta.
Por esto es que Pallais asegura que Daniel Ortega no necesita una excusa para reprimir a la ciudadanía porque ya lo está haciendo “descaradamente”, y “los derechos ciudadanos están suspendidos de facto”.
Para Pallais el gobierno no requiere de una “cobertura legal” para seguir con la misma violencia de Estado, así es “que pensar que lo va a hacer para tener una cobertura legal cuando el desprecia la legalidad del país y no cumple con las disposiciones constitucionales, no lo veo moviéndose en esa línea (de Estado de emergencia)”, expresó.
En el artículo 10 de la Ley establece que el presidente cuando hayan sido suspendidos los respectivos derechos y garantías constitucionales, en los casos que así lo demande la seguridad de la nación, podrá ejercer por si o las autoridades que delegue, el dictar medidas preventivas necesarias para asegurar el orden público y la seguridad de la nación, que deben ser comunicadas a la población.
Bajo el razonamiento de mantener el control del orden público o la seguridad de la nación, puede impedir si es necesario la realización de actos que contravengan lo dispuesto por el decreto de suspensión de derechos y garantías, decretar arresto domiciliar de las personas que considere peligrosas o sospechosas de atentar contra el orden público, así como ordenar de forma escrita el allanamiento del domicilio u oficina de cualquier persona natural o jurídica. Todas estas acciones ya han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos, como actos represivos para silenciar a la disidencia.
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Para el sociólogo Oscar René Vargas lo que busca el régimen es que se produzca un pico de coronavirus, que genere alarma en la población, con el objetivo de legitimar su estado de sitio, de facto, es decir que “va a utilizar el coronavirus para legitimar su represión, en el sentido que va a limitar que nadie se movilice por ningún motivo”, expresó.
Independiente que la recesión económica debilite aun más al régimen, el problema es que al poner en “alerta roja” a la ciudadanía no cambia muchas cosas para los ciudadanos que desde antes no podían manifestarse por la represión, pero si afectaría su base social. Además de la violencia política ahora sumaría una respuesta tardía para evitar el pico de la pandemia, explicó.
Sin acciones
Con la pandemia de 2009 por la Influenza o H1N1, el régimen orteguista decretó Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional por un período de sesenta días para desarrollar acciones de prevención, control y mitigación.
Sin embargo, ante la aparición del covid-19, con más de 200 mil infectados y más de nueve mil muertos a nivel mundial, el régimen sigue sin contener el tráfico de personas, y ha sido la misma población, a través de las redes sociales, que ha instado a que todos se queden en su casa.