Organismos defensores de los derechos humanos han presentado públicamente el planteamiento de que ante la amenaza —que ya es ataque directo también en Nicaragua— del llamado Covid-19, popularmente conocido como coronavirus, los presos políticos deberían ser puestos en libertad. Obviamente, esta demanda es respaldada por los familiares de las víctimas de la dictadura que se encuentran en prisión.
Pero además, según los defensores de los derechos humanos también deberían ser liberados aquellos presos comunes cuyos delitos no fueron de mayor gravedad ni serían un peligro social si los dejaran en libertad condicional durante se prolongue la emergencia sanitaria.
El planteamiento de los defensores de los derechos humanos es de sentido esencialmente humanitario. Se trata de que los privados de libertad se encuentran en condiciones muy precarias de higiene, dentro de las cárceles, por eso son particularmente vulnerables a cualquier clase de enfermedades y en particular a las epidémicas agresivas, como es el caso del coronavirus.
Los grupos de riesgo, según la definición general internacional, están formados por personas que por sus características físicas y/o mentales tienen más posibilidad que los demás, de contraer enfermedades de distinta clase y en particular de las epidémicas, como el coronavirus.
Básicamente, en el ámbito de salud son grupos de riesgo las personas con cualquier clase de discapacidad, las que sufren enfermedades mentales crónicas, las que viven en situación de pobreza extrema, las que tienen mayor edad y los niños más pequeños. De allí que ante la amenaza y el azote del coronavirus, las advertencias más insistentes de los médicos y las autoridades sanitarias son las que llaman a proteger con mayor cuidado a las personas más viejas, máxime si padecen enfermedades crónicas como es lo usual.
Se entiende muy bien que las personas que integran este grupo social y de edad tienen menos defensas naturales, lo cual explica que la incidencia de mortalidad por el coronavirus sea mucho mayor en los ancianos que en cualquier otro grupo humano atacado por esta maligna enfermedad.
Pero volviendo al caso de los presos políticos, nadie puede poner en duda de que estos se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, porque los mantienen hacinados o encerrados en celdas estrechas y oscuras de máxima seguridad, con muy poca o ninguna ventilación ni exposición al sol, sometidos a un régimen carcelario degradante que es violatorio de las normas internacionales de los derechos humanos que tienen todos los reos y en especial los presos políticos y de conciencia.
En Nicaragua los presos políticos son rehenes de la dictadura, son víctimas del odio implacable y vengativo de quienes detentan el poder. No les perdonan que hayan impugnado al régimen, demandado la renuncia de la pareja dictatorial y exigido el respeto a sus derechos constitucionales. Y además de vengativo, el tratamiento brutal y cruel que da el régimen a los presos políticos es también ejemplarizante, para amedrentar a las demás personas y advertirles lo que les podría suceder en el caso de que se sumen a la resistencia democrática cívica y pacífica.
De los dictadores de Nicaragua y los verdugos a su servicio no se puede esperar que tengan buenos sentimientos, capacidad de comprensión, rasgos de humanismo, compasión por los que sufren y condescendencia hacia los presos políticos que están particularmente expuestos al coronavirus. Pero la demanda de sus familiares y los organismos de derechos humanos, de que sean puestos en libertad, es justa y debe ser respaldada por toda la parte decente y humanista, y además mayoritaria, de la sociedad nicaragüense.