El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dictado drásticas medidas de emergencia con el propósito de contener el mayor contagio del coronavirus en la población salvadoreña, y en todo caso limitarlo lo más que sea posible.
En Nicaragua, no pocas personas que critican al régimen de Daniel Ortega porque consideran que no toma las necesarias medidas enérgicas contra la amenaza de la pandemia, elogian las medidas de Bukele y consideran que lo mismo se debería hacer aquí.
Básicamente las medidas dictadas por el gobernante salvadoreño consisten en una cuarentena general obligatoria de toda la población, por el término de 30 días prorrogables. Previamente Bukele había dispuesto asignar un bono de 300 dólares a cada una de un millón y medio de familias (el 75 por ciento de la población) para que puedan sobrevivir durante el período de inmovilización.
Además, el presidente Bukele ya había dispuesto una moratoria en el pago de los servicios públicos, incluyendo televisión por cable e internet, así como de la amortización de deudas bancarias, por el mismo período que dure la emergencia sanitaria.
Estas decisiones del primer mandatario de El Salvador se basan en las normas constitucionales que establecen la obligación del Estado de proteger la salud pública; y autorizan al Gobierno a dictar emergencia nacional cuando las circunstancias lo exijan, con el aval del poder legislativo del país. Las mismas previsiones constitucionales que existen en Nicaragua y todas partes del mundo.
En otros países latinoamericanos sus gobiernos también han impuesto esas medidas de excepción, que suspenden o restringen los derechos individuales ante la necesidad de enfrentar la emergencia de la pandemia.
La justificación política de tales medidas, que algunos o muchos nicaragüenses quisieran que se aplicaran en Nicaragua, es que la protección de las personas ante amenazas tan grandes que ponen en peligro su misma existencia, está por encima de sus derechos y libertades.
Esta situación no es nueva en el mundo. A lo largo de la historia humana siempre ha existido la tensión e incluso la contradicción, que a veces se vuelve antagónica, entre los derechos individuales y el interés colectivo y la necesidad de imponer restricciones a las libertades de las personas, para preservarles la vida.
Pero el quid del problema ha sido, también siempre, a quién se le otorga la autoridad, la potestad y la facultad para tomar y gestionar esa decisión tan trascendental y delicada.
En realidad, no es lo mismo otorgarle el poder de un estado de emergencia, de excepción o de sitio —como se le quiera llamar— a un gobierno democrático y a gobernantes responsables, que dárselo a un régimen dictatorial, a individuos autocráticos y desalmados que no respetan sus propias leyes y ni siquiera la condición humana de sus adversarios
Valga decir, comparativamente, que no es lo mismo poner un arma de fuego en manos de un guardián de banco, para que lo proteja, que dársela a un forajido para que lo asalte y saquee.