La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), señora Michelle Bachelet, pidió este martes 24 de marzo que sean suspendidas o flexibilizadas las sanciones internacionales que pesan sobre algunos países cuyos regímenes son grandes violadores de los derechos humanos.
La razón de la señora Bachelet para hacer este pedimento es la pandemia del coronavirus o Covid-19. En “este período crucial”, dice la política socialista, expresidenta de Chile en dos períodos y ahora encargada de vigilar los derechos humanos en el mundo, “es necesario aplicar derogaciones amplias y pragmáticas (de las sanciones) por razones humanitarias y acordar autorizaciones rápidas y flexibles para obtener bienes y equipos médicos esenciales”.
En el documento publicado en el sitio web oficial de Oacnudh el martes de esta semana, no se menciona a Nicaragua, cuyo régimen está sancionado por Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá y se espera que en algún momento lo pueda sancionar también la Unión Europea. Los países que menciona la declaración de la oficina de Bachelet son: Irán, Cuba, Corea del Norte, Myanmar, Venezuela y Zimbabwe.
La omisión de Nicaragua podría ser porque aunque la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está sancionada por Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá, el país no está bloqueado ni impedido de adquirir medicinas y equipos médicos, como al parecer serían los casos de los otros países y regímenes sancionados.
En realidad, las sanciones en Nicaragua han sido a personeros de la dictadura involucrados en los peores actos de violación a los derechos humanos, socavamiento de la democracia y corrupción; y a entidades como la Policía Orteguista y algunas vinculadas directamente al enriquecimiento de la familia dictatorial.
En Nicaragua ninguna de las sanciones afecta la capacidad de asistencia médica del país, ni le impiden al Gobierno adquirir equipos y medicinas para enfrentar la emergencia por el Covid-19. Una emergencia que, dicho sea de paso, la dictadura ha minimizado y alega estar preparada para enfrentarla y derrotarla. Inclusive, sus operadores políticos han hecho escarnio de las propuestas de la sociedad civil, organizaciones opositoras y diputados liberales en la Asamblea Nacional, para que el gobierno adopte medidas extraordinarias como se ha hecho en los demás países centroamericanos.
Pero además, la propuesta de Michelle Bachelet está incompleta. Ella debería pedir también a los regímenes de los países sancionados por violaciones horrendas a los derechos humanos, que cesen de atropellar a la gente y cometer crímenes contra la humanidad, lo que podrían comenzar a hacer dejando libres a todos los presos políticos y de conciencia.
Las sanciones que les han sido impuestas a esos regímenes no son caprichosas. Los han sancionado porque violan despiadadamente los derechos humanos, como la misma Oficina de la señora Bachelet lo ha verificado. De manera que ella tiene la obligación moral de pedirles que dejen de violar los derechos humanos de sus ciudadanos, que hagan méritos para que les puedan quitar o flexibilizar las sanciones.