Departamento del Tesoro oficializa ultimátum a transacciones financieras con la Policía Orteguista

Este 25 de marzo inicia un proceso de cierre de transacciones financieras con la Policía Orteguista que deberá estar concluido ese próximo 6 de mayo

víctimas, represión, Ley del perdón, régimen, presos políticos, Nicaragua, Departamento de Estado

La Policía Orteguista es la principal fuerza represora del régimen en contra de los nicaragüenses que demandan la restitución de las libertades civiles. LA PRENSA/ ARCHIVO/ O. NAVARRET

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió las  licencias 1A y 2A  de “ Asuntos Oficiales del Gobierno de los Estados Unidos” que legaliza y reitera que debido a las sanciones en contra de la Policía Orteguista, desde este 25 de marzo cualquier entidad tenga transacciones con el órgano represor de la dictadura, tiene que iniciar un proceso de cierre de las mismas que deberá estar culminado al 6 de mayo de este 2020.

«Todas las transacciones y actividades prohibidas por el Reglamento de Sanciones de Nicaragua en la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018, que normalmente son incidentes y necesarias para cerrar las transacciones que involucran a la Policía Nacional de Nicaragua (NNP), o cualquier entidad en la que el NNP sea  propietario, directa o indirectamente, un interés del 50 por ciento o más, incluido el procesamiento de pagos salariales del NNP, o cualquier entidad en la que el NNP posea, directa o indirectamente, un interés del 50 por
ciento o más, a sus empleados», cita un extracto de la licencia emitida por la OFAC.

El anuncio de este miércoles 25 de marzo lo que hizo fue extender a las entidades que no son estadounidenses, los mismos 60 días («winding down period) que tienen las entidades norteamericanas para ir cerrando todo negocio que tengan con la entidad sancionada, en este caso, la Policía Orteguista.

Las sanciones en contra de la Policía Orteguista fueron anunciadas este pasado cinco de marzo.
La licencia que estaba vigente solo abarca a personas o entidades estadounidenses, pero ahora con la emisión de la licencia 2A, se extendió el denominado «winding down period” a los entidades o personas no estadounidenses.

La Policía Orteguista fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su rol clave en la represión y abusos de derechos humanos durante las protestas de 2018.

Lea Además: Temen oscuros intereses tras la decisión de Ortega de quedarse con el control del ISSDHU, no así con el Hospital Roberto Huembes

El efecto de las sanciones a la Policía Orteguista ya habría alcanzado transacciones multilaterales con la entidad represora.  Esta semana, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció que suspendió un polémico préstamo que venía desembolsando a la PO, en un acuerdo que logró con el Gobierno de Ortega para quitarse esa obligación.

El paso que dio el Gobierno de Ortega para que este desembolso se suspenda, es que quitó al BCIE la obligación de proceder a entregar los fondos, lo que implica que la PO se quedaría sin estos recursos que ascienden a 7.6 millones de dólares a la PO, cuyo proyecto es regional e involucra a todas las entidades policiales de la región.

Además, se tuvo crear una ley para que el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo (ISSDHU), el brazo financiero de la Policía Orteguista,  pasase a ser administrado por la misma Presidencia de la República, en otra movida para evadir el impacto de las sanciones impuestas por medio de la OFAC.

×

Apoye el periodismo independiente. Lo invitamos a compartir este contenido.

Comparte nuestro enlace: