La Mesa de Negociación entre representantes del régimen y de la Alianza Cívica se instaló en el Incae el 27 de febrero del 2019. Actuaron como Testigos y Acompañantes el nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag y el representante del secretario general de la OEA, don Luis Ángel Rosadilla.
El 5 de marzo, la Mesa aprobó la Hoja de Ruta de la Negociación, definiendo las normas y procedimientos para su trabajo. Se adoptó la regla del consenso para la aprobación de los acuerdos y se estableció que cada delegación tendría seis titulares con sus correspondientes asesores.
El 20 de marzo quedó aprobada la Agenda de la Negociación, que comprendió los puntos siguientes: “1. Fortalecer la democracia y reformas electorales para la realización de procesos electorales; 2. Fortalecer los derechos y garantías ciudadanas; 3. La liberación, dentro de un plazo máximo de 90 días, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país, de todas las personas presas y detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018; 4. La verdad, justicia, reparación y no repetición; y 5. Mecanismos de implementación de los acuerdos”.
De común acuerdo de las partes se decidió: “Desarrollar de inmediato y de manera simultánea los temas de liberación de todas las personas presas y detenidas, y de la democracia y reformas electorales”.
Además, se convino que hasta que todos los acuerdos estuvieran aprobados e implementados, la Mesa, de común acuerdo entre las partes, haría un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones “para facilitar el desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población”.
El 27 de marzo fue aprobado el “Acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad de conformidad al ordenamiento jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en este ámbito”. Los Testigos y Acompañantes asumieron el compromiso de Garantes del cumplimiento de este acuerdo.
Como consecuencia de este Acuerdo, fueron excarcelados más de seiscientos presos y presas políticos. El régimen no les otorgó la liberación definitiva ni procedió al cierre de la situación jurídica de los excarcelados, como estaba previsto en el acuerdo. Muchos de ellos siguen siendo intimidados y nueve de ellos nuevamente encarcelados bajo falsas acusaciones de comisión de delitos comunes. Tampoco fueron liberadas “todas las personas presas y detenidas”, tal como lo establece la cláusula quinta del acuerdo. Más de sesenta personas siguen encarceladas injustamente. Por la epidemia del Covid-19 deberían ser puestos en libertad inmediatamente.
El 29 de marzo se firmó el “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”. De este acuerdo el régimen solo atendió, parcialmente, lo referente a la entrega a LA PRENSA de los insumos necesarios para su publicación, tras casi ochenta semanas de embargo aduanero. Pero no ha cumplido con la devolución de las instalaciones y bienes de Confidencial, 100% Noticias y otros medios radiales. Todos los demás derechos y garantías ciudadanas previstos en nuestra Constitución siguen sin restituirse, entre ellos la devolución de la personalidad jurídica y bienes de varios organismos de la sociedad civil, como el Cenidh, el IEEPP, etc..; las libertades de reunión, manifestación, el regreso seguro de los exiliados; el derecho al debido proceso; el cese de la represión y de las detenciones ilegales, etc…
Estamos, pues, bajo un régimen que no cumple a cabalidad los compromisos que firman sus altos funcionarios ni respeta a los Testigos y Acompañantes de los acuerdos. La negociación se suspendió a raíz del asesinato de don Eddy Montes en el Sistema Penitenciario.
El autor formó parte de la delegación de la Alianza Cívica en la Mesa de Negociación.