Cuando comenté con amigos fuera de Nicaragua la circular de la ministra de Salud (Minsa) del 28 de febrero, exactamente hace un mes, en la cual se afirma que “Nicaragua no ha establecido, ni establecerá, ningún tipo de cuarentena”, muchos de ellos reaccionaron con estupor. Uno de ellos, médico, me dijo que en su campo de profesión, y así verifiqué en el diccionario, estupor es un “estado de inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de la actividad de las funciones mentales y físicas y de la capacidad de respuesta a los estímulos”. Pero en este caso, el estupor no es momentáneo, si se presta atención al hecho que una vez más, el gobierno ha tenido oportunidad de unir a Nicaragua, y en cambio ha profundizado la división.
Es primera vez, desde la masacre de abril, que este gobierno pudo adoptar el talante de gobernar para todos, ante una amenaza que ha unido a muchos países internamente, pese a importantes diferencias políticas, pero ha perdido la ocasión. El coronavirus no distingue de clases sociales y filiaciones políticas. Ortega, sin embargo, se empeña en hacerlo. Autoriza a colegios privados que cierren, mientras escuelas y colegios públicos permanecen abiertos, en discriminación odiosa contra sectores medios y populares cuyos hijos asisten a ellos, y en muchos lugares, incluso, son los únicos que existen. Y mientras medios de comunicación independientes, como Canal 10, abren sus espacios a representantes del gobierno, que algunos aprovechan para hacer propaganda política, los mismos no tienen acceso a fuentes oficiales. Ni siquiera libera presos políticos, cuando el mundo reclama salgan algunos comunes.
La irresponsabilidad del gobierno ha marcado contraste con iglesias, que incluso la católica han prescindido de procesiones en Semana Santa, gremios empresariales, medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil, y de oposición como Alianza Cívica y UNAB, que han divulgado recomendaciones para evitar contagio.
Y en el tráfico vehicular disminuido, playas, tiendas y restaurantes vacíos, salvo mercados de alimentos y farmacias, se aprecia que los ciudadanos las toman en serio. Las consecuencias económicas de esa pandemia se han hecho sentir a nivel mundial y, desde luego, repercutirán en Nicaragua. Ese efecto negativo del coronavirus hay que separarlo de nuestra crisis económica, exclusivamente derivada de la crisis política por causa de la masacre y violación a derechos humanos. Debemos decirlo: no existen sanciones al país, sino a responsables individuales de represión y corrupción, algunas empresas y una sola institución, vinculadas a la misma. Deseamos que la irresponsabilidad del gobierno no tenga mayores consecuencias humanas, porque la vida de la gente importa por encima de diferencias políticas, y siempre que alguien fallece, uno se siente disminuido, porque somos parte de la humanidad.
El autor es sociólogo y economista,