El canciller del régimen orteguista, Denis Moncada Colindres, envió una carta compartida en la que junto a ocho otras dictaduras, que enfrentan sanciones unilaterales de Estados Unidos y la Unión Europea, piden a la Organización de Naciones Unidas (ONU) gestione para que se suspendan las medidas. En la misiva se usa como argumento para levantar las restricciones la pandemia del Covid19, ya que en la carta los regímenes culpan a las sanciones de obstaculizar su capacidad de respuesta a la crisis sanitaria.
Nicaragua no tiene sanciones como Estado, sino contra funcionarios específicos que son operadores de la represión de la dictadura en contra de las protestas civiles que iniciaron en abril del 2018. LA PRENSA tuvo acceso a la carta enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, firmada por los embajadores de las dictaduras Cuba, Irán, Corea del Norte, Nicaragua, China, Rusia, Siria y Venezuela.En la misiva, los representantes de estos regímenes solicitaron a Guterres, a que “rechace la politización de la pandemia”.
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Estados Unidos no ha impuesto sanciones como estado a todos esos países. En el caso de China ambos gobiernos tiene una guerra comercial donde, de ambos lados, han aumentado aranceles a las exportaciones. La Unión Europea no tiene bloqueos a Cuba. En el caso particular de Nicaragua, hay son sanciones individuales de EEUU, a 17 funcionarios del círculo de poder del dictador Daniel Ortega, por su participación en las violaciones a los derechos humanos y corrupción. También hay cinco empresas privadas vinculadas régimen y una institución estatal, la Policía Orteguista, sancionada también.
En la carta de los embajadores de los regímenes a Guterres, le piden que “solicite el levantamiento completo e inmediato de esas medidas ilegales, coercitivas y arbitrarias de presión económica”.
Sacar provecho a beneficio de funcionarios
La pandemia del Covid-19 ha causado una grave crisis sanitaria con repercusiones económicas en el mundo. Sin embargo, la dictadura de Daniel Ortega ha minimizado la crisis negándose a decretar la emergencia sanitaria bajo la excusa de que no debe paralizarse la economía.
Son cuatro personas confirmadas con coronavirus, de los cuales uno murió el pasado jueves, según el régimen. Hay 15 casos sospechosos.
Para José Pallais, miembro de la opositora Alianza Cívica, Ortega pretende sacar provecho de una crisis sanitaria, que él no reconoce, para beneficiar a sus funcionarios y familiares, puesto que su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y dos de sus hijos, Laureano y Rafael Ortega Murillo, están sancionados.
Pallais señaló que no hay argumentos sólidos por parte del régimen puesto que “Nicaragua no puede compararse con las afectaciones de la mayoría de países, que sí tienen sanciones como Estado y que bloquean su comercio, ponen trabas a sus movimientos financieros o capacidad de obtener crédito”.
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“En el caso de Nicaragua se trata únicamente de sanciones y no afectaciones generales para el país. Y casualmente la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no incluyó a nuestro país en su pronunciamiento reciente, donde abogó por este tema”, afirmó Pallais.
Las ocho dictaduras incluyeron en su carta a la ONU lo declarado el pasado martes 24 de marzo por Bachelet, en el sentido de que las sanciones sectoriales amplias deben ser reevaluadas en países que enfrentan la pandemia de coronavirus. Pero fue específica de los países a beneficiarse son Venezuela, Irán, Cuba, Corea del Norte, Myanmar y Zimbabwe. Se excluyó a Nicaragua.
“El régimen Ortega y Murillo se está incluyendo en la lista de países afectados por sanciones generales, con el único objetivo en lograr influir que se suspendan las sanciones individuales a familiares y sus allegados, basándose en un supuesta actuación responsable que no se corresponde con la realidad, porque su política frente a la pandemia ha sido seriamente cuestionada por expertos en salud a nivel mundial”, criticó Pallais.
Otro de los argumentos que se cae al régimen orteguista, es que se suma a la petición con otras siete dictaduras, diciendo que se ha actuado responsablemente ante la emergencia. Pallais señaló que el actuar de Ortega ha sido lo contrario, convocando a marchas y eventos multitudinarios, mantiene las clases y no reacciona al llamado urgente del sector empresarial para establecer un plan financiero de emergencia.
Bachelet abogó por la suspensión de sanciones
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet expresó que que “es vital evitar el colapso del sistema médico de cualquier país, dado el impacto explosivo que tendrá sobre la muerte, el sufrimiento y un contagio más amplio”, de acuerdo a una nota de prensa emitida por su oficina. “En este momento crucial, tanto por razones de salud pública mundial como para respaldar los derechos y la vida de millones de personas en estos países, las sanciones sectoriales deberían aliviarse o suspenderse. En un contexto de pandemia global, obstaculizar los esfuerzos médicos en un país aumenta el riesgo para todos nosotros “, insistió.