Endiosados con el poder absoluto, Ortega y Murillo, y quienes les rodean no admiten su vulnerabilidad, ni la de Nicaragua ante la amenaza del Covid-19. Su arrogancia de jugar políticamente con la salud y la vida de la población, no es por locura a la que podrían apelar para exonerar la responsabilidad adquirida. No es por preservar las libertades cívicas, porque aquí están prohibidas. Tampoco para salvar la economía, al margen de la empresa privada y de un pueblo trabajador que no ha podido ser engañado.
Dan la espalda a la salud y la vida de los nicaragüenses, porque emergencias como estas tienden a alterar los sistemas. Enfrentarlas con responsabilidad exige compartir información abiertamente, abrirse con humildad al conocimiento experto y activar la solidaridad nacional e internacional. Ellos, por incapacidad para gobernar y temor que esta crisis se convierta en una oportunidad para cambiar las reglas de su juego “maléfico” prefieren desconocer las recomendaciones de la OMS y aumentar los niveles de censura y control abriendo las puertas a la pandemia.
Nada mejor que el ejemplo de China. Según Reporteros sin Fronteras, si las autoridades no hubieran ocultado la existencia de un brote epidémico, el gobierno podría haber reducido en un 86 por ciento el número de contagios.
Algunos médicos del régimen que conocían la existencia de la epidemia, no alertaron a la opinión pública y faltaron a su deber moral para evitar sanciones severas. Un mes después del contagio con miles de muertos sobre sus espaldas, el gobierno chino rectificó advirtiendo que quienes escondieran casos de infección “quedarían clavados en el pilar de la vergüenza histórica”.
Al contrario, en Corea del Sur, Taiwán y Singapur, los informes honestos y la cooperación voluntaria de un público bien informado fueron la clave del éxito. Y en Italia, según el New York Times la mayoría se infectaron por falta de información precisa creada por sus líderes con mensajes contradictorios. Ortega y Murillo juegan a confundir a una población desinformada. Cubren con mascarillas a la Policía, pero se las prohíben a los trabajadores de la salud y emiten comunicados de sus sindicatos llamando a atender la emergencia que no reconoce el Gobierno.
Los mensajes contradictorios de los líderes políticos italianos le dieron la fiesta de bienvenida al Covid-19 y hoy con más de ocho mil muertos dicen: “Si hubiéramos cerrado durante dos semanas probablemente ahora estaríamos cantando victoria”. Las medidas tardías fueron insuficientes para todos incluyendo sus líderes partidarios y cientos de alcaldes expuestos al contagio por un gobierno que con 114 tropas desplegadas por todo el territorio no pudo detener la mortandad.
El juego “maléfico” de Ortega-Murillo frente a la realidad del Covid-19 en Nicaragua, vuelve a evidenciar la deshumanización de los gobernantes. Al no poder encarcelar el virus, forzarlo al exilio o dispararle a matar, utilizan el arma de la censura y la desinformación para que todo siga igual en una ficticia normalidad que ni ellos mismos creen, porque el presidente no da la cara.
Es un juego criminal en el que se abusa del sector público y de sus simpatizantes expuestos al contagio en eventos masivos. Se aprovechan del miedo obligado sobre trabajadores de la salud y funcionarios que por necesidad se juegan la salud de ellos y sus familias, antes de perder su trabajo o ser degradados.
La pandemia anunciada y la crisis económica resultante es un problema de todos que debemos enfrentar con un plan nacional coordinado por un comité de emergencia, como han propuesto varias organizaciones, que genere confianza en la población y en autoridades del gobierno que quieran cooperar. Según el filósofo Yuyak Harari solo hay dos opciones: “Vigilancia totalitaria o empoderamiento ciudadano”.
En Nicaragua no necesitamos más controles para asumir nuestra responsabilidad frente a la salud y la vida de todos, sino saber la verdad de lo que está ocurriendo. Ante este juego político “maléfico” de Ortega-Murillo con el Covid-19 , nuestra mayor defensa es el acceso a información secuestrada; un derecho fundamental al que la pareja del Carmen le teme porque saben que una ciudadanía informada es mucho más poderosa y efectiva que un pueblo desinformado.
La autora es periodista, directora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.