Jueces orteguistas implacables con los presos políticos sin importar los tiempos de pandemia que vive Nicaragua

Los guardas de seguridad y custodias del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, no permiten que los abogados les proporcionen mascarillas ni alcohol en gel a los privados de libertad

Los juzgados son un foco peligroso para contraer Covid-19, advierten especialistas. LAPRENSA/ ARCHIVO.

Sin aplicar medidas preventivas para evitar el contagio del Covid-19 en Nicaragua jueces y magistrados continúan realizando audiencias presenciales en las pequeñas salas de los juzgados del país, a pesar que existen al menos tres casos positivos según el Ministerio de Salud, denunciaron abogados litigantes.

Esta mañana por ejemplo, se desarrolló en el juzgado de Masaya el juicio contra los presos políticos Samuel Enrique González y Ezequiel González Alvarado, de la comunidad Poma número Dos, quienes fueron declarados culpables de tenencia ilegal de explosivos, específicamente bombas de contacto artesanales en medio de serias irregularidades, denunció el abogado y activista Maynor Curtis.

Entre las irregularidades está que la acusación plantea que los tres envases de vidrio conteniendo pólvora estaban enterrados dentro de la propiedad de  Ezequiel González,  pero la misma prueba de la Fiscalía aclaró que estaban fuera de la propiedad. Sin embargo la judicial los declaró culpable a pesar que el ordenamiento jurídico del país dice que no se pueden dar por probados hechos que no están en la acusación, explicó Curtis.

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Además, el expediente de este caso estaba radicado en dos juzgados; en Managua y Masaya y el que estaba radicado en Managua, fue regresado arbitrariamente a Masaya, sin esperar que fuera el Tribunal superior quien decidiera quien tenía la competencia del caso.

Durante, la audiencia de debate de pena, la Fiscalía pidió 8 años de cárcel y 500 días multa, mientras las defensas pidieron cuatro años de cárcel y 200 días multa. La lectura de sentencia será el próximo 3 de abril.  Curtis agregó que nadie del personal guardó medidas preventivas para evitar contagio del Covid-19.

No guardan medidas

Según la bogada Nohemí Guerrero, de la Unidad de Defensa Jurídica, la mayoría del personal del juzgado, entre estos jueces, secretarios y asistentes no usan mascarillas al tener contacto con el público. Tampoco los guardas de seguridad y custodias del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, quienes tampoco permiten que los abogados les proporcionen mascarillas ni alcohol en gel a los privados de libertad.

» Violentan continuamente el derecho a la salud que tiene todo privado de libertad, porque las cárceles, sobre todo el Sistema Penitenciario la Modelo, no cuenta con un sistema de prevención ante la pandemia del Covid-19. Trasladan a los reos sin mascarillas, ni les dan permiso de usar alcohol gel en las manos; son víctimas potenciales de la pandemia», dijo Guerrero.

El derecho a la protección a la salud es un derecho humano reconocido internacionalmente y está recogido en la normativa internacional en tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua. Por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.Artículo 25  “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud….la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; …”.

Medidas legales para evitar aglomeración de personas en juzgados

Al respecto, el abogado Boanerge Fornos, coordinador de Acción Penal, expresó que es permitido ante las circunstancias sanitarias  que los procesos penales puedan suspenderse, tomando como fundamento jurídico lo establecido en el párrafo segundo del artículo 134 del Código Procesal Penal de Nicaragua, que establece que bajo la causal de fuerza mayor se interrumpe el computo del plazo y ya no continua corriendo el plazo máximo de duración del proceso.

Este plazo para los delitos menos graves es de un mes, con el acusado detenido,  y de dos meses con acusado en libertad. Para los delitos graves, es de tres meses con acusado detenido y de seis meses con acusado en libertad, excepto en los casos decretados con tramitación compleja que solo es procedente en una lista cerrada de delitos graves y cuyo efectos es que se duplican los plazos.

«Esto es importante porque las partes procesales acusados, victimas, abogados, así como testigos están tomando sus propias medidas de seguridad preventivas para evitar contagiarse del coronavirus y eso podría tener un efecto importante en los procesos penales que podría incidir en los resultados de los Juicios, y además con ello se descongestionarían los complejos judiciales existentes en Nicaragua», dijo Fornos.

Otra medida legal que se puede aplicar para evitar la aglomeración en juzgados es que  la Corte Suprema de Justicia, a como lo ha hecho mediante circulares en otros contextos, como fin de año y vacaciones de Semana Santa,  establezca roles de turnos a fin de que se realicen audiencias de casos nuevos con detenidos.

Además, procurar  imponer la medida cautelar de prisión preventiva como última opción y cuando corresponda establecer medidas cautelares alternas a la prisión preventiva. Esta medida evitaría la aglomeración de personas en las cárceles y  reduciría el riesgo de contagio.

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