Afiliados al INSS que se contagien con el Covid-19 serán atendidos en hospitales del Minsa

La decisión del INSS junto con el Minsa supone un desafío enorme para los hospitales públicos, que no solo deberán atender a los enfermos fuera de la Seguridad Social sino también a los más de un millón de personas que atiende el instituto, entre asegurados y pensionados. Roberto López, presidente ejecutivo del INSS, explicó el procedimiento.

Estados Unidos, Roberto López, Lumberto Campbell

Roberto Lopez, presidente ejecutivo del INSS es uno de los fieles del diputado orteguista, Gustavo Porras LA PRENSA/ARCHIVO

Cualquier afiliado al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) si se contagia del Covid-19 será inmediatamente remitido a los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa), dijo esta mañana el sancionado y polémico presidente del instituto, Roberto López, en una inusual comparecencia en Canal 10.

López, que no suele dar entrevista a los medios independientes,  dijo que en conjunto con el Minsa han capacitado al personal de las clínicas previsionales para la detección del coronavirus. «Esto ha permitido que las clínicas previsionales hayan estado enviando casos sospechosos al Ministerio de Salud, donde se han realizado las muestras necesarias para identificar si hay presencia del Covid-19 en estos pacientes», detalló.

Es decir,  en palabras de López, si se detecta que un asegurado está afectado con el virus entonces este deberá ser trasladado a uno de  los 19 hospitales públicos que han sido habilitados para atender a estos pacientes, porque son los únicos que cuentan con salas de aislamiento.

«En esta etapa lo que se ha decidido es que los casos que se detecten en las clínicas previsionales se envíen las muestras al Minsa, donde se realiza el examen, y si el examen salió positivo el paciente es trasladado a uno de esos 19 hospitales que ya están designados», dijo López, que pese a la grave dificultad financiera que experimenta la entidad, afirmó que la misma está solvente para hacer frente a la pandemia.

La decisión del INSS junto con el Minsa supone un desafío enorme para los hospitales públicos, que no solo deberán atender a los enfermos fuera de la Seguridad Social sino también a los más de un millón de personas que atiende el instituto, entre asegurados y pensionados.

Distintos especialistas ya habían advertido en declaraciones de LA PRENSA que las previsionales se mirarían presionadas financieramente si estas asumían la responsabilidad de atender a estos tipos de enfermos, porque el INSS no les pagaría más de lo que ya les aporta en la compra de servicios médicos, porque la entidad no tiene dinero para hacer frente a esta pandemia.

Y pese a lo contagioso que es el coronavirus, López afirmó que no van a implementar medidas de  distanciamiento social durante las fechas de pago de las pensiones de más de 200 mil  adultos mayores y que deberá ser la población la que debe tomar sus propias medidas, que incluye el lavado de manos.

Si estas personas presentan algún síntoma de enfermedad respiratoria, que acudan a sus clínicas correspondientes, enfatizó. Generalmente durante las fechas de pago de pensiones, en los bancos y en las sedes del INSS hay fuerte aglomeraciones de adultos mayores retirando su dinero, lo que representa un riesgo para este grupo poblacional.

El coronavirus si bien afecta a cualquier persona, es decir sin importar la edad, son los adultos mayores los que corren el mayor riesgo de morir por el virus, que en el mundo ha matado hasta este martes 31 de marzo a 37,759 personas, de un total de 783,891 infectados.

López asegura que el Minsa está en capacidad de hacer todas las pruebas de Covid-19 «necesarias», las cuales están avaladas por los organismos internacionales vinculados a esta pandemia.

El sector privado ha pedido al Gobierno de Ortega que autorice que las empresas médicas privadas realicen pruebas, pero hasta ahora este no ha querido responder a ese pedido, que es clave para detener la propagación del virus.

«Esta es una enfermedad que se atiende como un sistema nacional de salud, aquí no pueden haber trabajadores que reciben un tipo de tratamiento  y otro trabajador que reciba otro tipo de tratamiento», dijo.

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López descartó que a las clínicas privadas se les autorice realizar pruebas, porque asegura que solo el Minsa tiene los equipos requeridos para este tipo de test. Hacer las «pruebas requiere personal calificado, requiere unos ambientes especiales para garantizar que ese personal no se vea infectado», insistió.

Lo anterior a pesar que el mismo funcionario aseguró que las previsiones, a las que el INSS le compra servicios, están capacidad para hacer frente a la pandemia.

Minimiza las sanciones de EE.UU.

Por otra parte, por primera vez López reaccionó sobre los duros señalamientos que Estados Unidos hizo en su contra y sobre el mal uso de los recursos de los afiliados en inversiones fallidas y gastos  excesivos.

Al ser cuestionado por el periodista, López en  un principio dijo que «no tenía nada que responder», sin embargo, ante la insistencia, este negó que hayan malos manejados de las finanzas del instituto, y que de eso la Contraloría General de la República es sabedora y que hay auditorías que así lo certifican.

El problema es que ni las auditorías son públicas y tampoco la Contraloría, controlada por el orteguismo, se ha pronunciado ni divulgado sus investigaciones, pese a que el dinero del instituto es propiedad de más de 700 mil trabajadores y empresas.

López intentó minimizar las sanciones de Estados Unidos, al aducir que no tiene intereses en ese país. «Nosotros vivimos en Nicaragua y las leyes de Estados Unidos no tienen nada que ver con Nicaragua, aquí en Nicaragua lo que estamos haciendo es seguir trabajando para garantizar la pensión de todos los pensionados y sus familias en coordinación con el Ministerio de Salud», decía una y otra vez López en un intento por esquivar los cuestionamientos sobre las sanciones de Estados Unidos.

«Las sanciones que establezca cualquier gobierno contra nacionales de otro gobierno son absolutamente ilegales y no tienen ningún efecto en Nicaragua», dijo el controversial presidente ejecutivo del INSS.

No obstante y aunque este lo niegue, lo cierto es que al ser incluido en la lista negra de EE.UU., prácticamente el sancionado «muere» financieramente y no tiene ni siquiera la facultad de usar una tarjeta de crédito en cualquier parte del mundo.

«No tengo por qué responder», volvió a decir López cuando el periodista le leyó los señalamientos de lavado de dinero con fondos del INSS y tráfico de influencia en proyectos de inversión.

Sobre los polémicos proyectos de inversión

El funcionario afirmó que todo el dinero de los préstamos que hicieron para construir edificios de viviendas y otras inversiones han sido devueltos a las arcas del instituto, pese a que el instituto no logra revertir su crisis financiera.

Y aunque son los mismos números oficiales los que han revelado que el INSS lleva casi ocho años operando con déficit financiero, lo que obligó al régimen de Daniel Ortega ha impulsar con urgencia una severa reforma al Seguro, López dijo que esas perspectivas son hechas por los «profetas del mal».

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Justifica su planilla inflada

En un intento por justificar el excesivo aumento de la planilla del INSS, que se refleja desde que lo recibió en el 2007, López dijo que esta se incrementó porque trasladaron a planilla fija a todos los trabajadores que durante el Gobierno de Enrique Bolaños eran contratados a través de terceros, es decir tercerización de servicios.

«Todo el servicio de limpieza, todo el servicio de  edecanes, todo el servicio de cobranza, todo ese servicio estaba tercerizado, se pagaba a empresas privadas, entonces nosotros estábamos en contra y seguimos en contra de esa tercerización, que lo que hacía era llevar salarios de hambres a este personal de limpieza», justificó el funcionario.

Sin embargo, los anuarios del INSS reflejan que tal ha sido el monumental aumento de la planilla salaria, que la gran mayoría de trabajadores de este instituto ganan más de 20 mil córdobas mensuales, pese a que el salario promedio de los afiliados no supera ni los 15 mil córdobas.

Pero además López se contradijo en su argumento. En su exposición afirmó que incorporaron en planilla a estos trabajadores tercerizados porque ganaban salarios mínimos, que eran de «hambre», y ahora estos están ganando un poco más que el salario mínimo, que son 5,500 córdobas. Es decir siguen siendo salarios bajos.

Distintos sectores han señalado que el INSS se ha convertido en una «caja chica» para el Frente Sandinista y además la planilla se ha inflado con contrataciones de seguidores del partido de gobierno.

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