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Ante una cuarentena por Covid-19, ¿qué hará Ortega con más de dos millones de nicaragüenses en la informalidad?

Al menos son 2.4 millones de nicaragüenses sin empleos formales —según datos oficiales — los que serían obligados a encerrarse en sus casas de manera indefinida en caso que se declare una cuarentena en Nicaragua. ¿Qué opciones hay?

Desde hace un mes las ventas  de doña Estela Martínez no levantan cabeza. Ella comercializa al menudeo verduras en el mercado de San Marcos, Carazo, donde la demanda se ha visto afectada por la emergencia sanitaria mundial del Covid-19. La gente, que se mantiene refugiada en sus casas por temor al contagio, está saliendo muy poco a abastecerse de comida.

Pero doña Estela no se puede darse el lujo de no ir a trabajar un día.  En medio de la pandemia, para ella, al igual que otras comerciantes, el confinamiento total no es una opción, porque al igual que la mayoría de los nicaragüenses su economía familiar encaja perfecto en el popular refrán: coyol quebrado, coyol comido.

Martínez tiene 60 años, la edad de jubilación de los nicaragüenses, pero no recibe pensión  porque nunca cotizó. “En mi casa solo trabajo yo, mi hija la acaban de despedir de la zona franca, así que no puedo darme el lujo de no hacer nada”, afirma.

Aunque en Nicaragua no se ha decretado aún una cuarentena nacional para contener el avance del Covid-19, lo cierto es que si el Gobierno se mira obligado a ordenarla se estrellará contra una realidad que por años ha querido ignorar: el gigantesco mercado informal.

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Al menos son 2.4 millones de nicaragüenses sin empleos formales —según datos oficiales — los que serían obligados a encerrarse en sus casas de manera indefinida, que sobreviven del día al día, con ingresos precarios que no alcanzan ni siquiera el salario mínimo industrial, que actualmente se sitúa en 5,762.44 córdobas mensuales.

Y si Ortega sigue los pasos de su homólogo salvadoreño Nayib Bukele, de entregar un salario mínimo industrial a estos trabajadores, al menos requerirá 13,836 millones de córdobas en un primer mes. Es decir, el 17.10 por ciento del Presupuesto General de la República de gasto de este año, que asciende a 80,901 millones de córdobas.

Según el Anuario Estadístico del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) del 2018, la población ocupada en Nicaragua ese año alcanzó los 3.15 millones de personas ocupadas, de los cuales solo 755,874 estaban cotizando, equivalentes al 23 por ciento de los que están “ganándose la vida” a diario en el mercado del trabajo.

La necesidad de atender a los informales, no obstante, puede ser mayor a los números antes planteados si se toma en cuenta que en el 2019 miles de nicaragüenses perdieron su empleo formal, mayoría de la cual pasa a engrosar la informalidad.

Hasta ahora el Gobierno de Daniel Ortega no solo no ha adoptado drásticas medidas para contener la propagación del virus, que según sus propias cuentas hasta hoy son cinco personas afectadas, sino que tampoco no ha anunciado medidas económicas para atender a este grupo de trabajadores que no pueden quedarse en sus casas, lo que los convierte en un blanco perfecto de expansión del virus.

Tampoco el régimen ha informado si tiene algún plan para auxiliar a la gran  mayoría de las micro y pequeñas empresas informales, sin acceso a créditos, carentes de capacidad técnica para crear fondos de emergencias, sin registros contables y con inventarios limitados.

Róger Arteaga, expresidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), explica que hay varios mercados informales que requerirán un verdadero programa gubernamental para apoyo para hacer frente a la pandemia.

“Hay un sector informal que son establecimientos como pulperías, mercaditos que están en un solo sitio y que ahí pueden tomar su medida para evitar el contagio, pero hay otro que es el ambulante, que anda de casa en casa, de barrio en barrio, ofreciendo su servicio, su producto, que está más expuestos, pero ¿qué pueden hacer ellos? Seguir trabajando porque si no venden no comen”, admite.

El régimen de Ortega ha hecho muy poco en la última década para combatir el crecimiento de la informalidad y ahora esto parece convertirse en su propia “bomba de tiempo” de cara a una mayor explosión del coronavirus.

Antes del 2018 el Gobierno había logrado que la economía arrojase numéricamente crecimientos de más de cuatro por ciento, lo cierto es que  esta expansión fue insuficiente para crear empleos formales a miles de jóvenes que ingresaron al mercado del trabajo.

El sociólogo Óscar René Vargas explica que todas estas personas que viven del día a día son las que ya debieran estar protegidas en un plan gubernamental ante el coronavirus.

“Es decir, miles de conciudadanos que se mueven en la economía informal no pueden aislarse y guardar cuarentena, porque, de hacerlo, ¿cómo van a cubrir los gastos diarios?, ¿qué opciones viables tienen si se confinan en sus pequeñas casas, o cuartos, y carecen de ingresos para enfrentar la emergencia sanitaria?”, afirma Vargas.

E inmediatamente agrega: “No es irresponsabilidad de estas personas salir y ofrecer alguna mercancía o servicio, es que no tienen opciones reales ante las cuales una persona puede elegir”.

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Por eso el economista y catedrático Luis Murillo, considera que es urgente que el gobierno establezca medidas económicas para atender a esta población que prácticamente está desprotegida.

“Los más afectados con esta segunda crisis es el sector informal, porque recordemos que con la crisis del 2018 muchas personas perdieron sus empleos y ahora están en la informalidad, pero además se dio la contracción en el consumo, luego vino la reforma fiscal, entonces el sector está frágil y en este contexto estas personas necesitan que el gobierno las apoye y el gobierno está en la obligación de apoyarlas”, dijo Murillo.

¿Cómo el gobierno podría apoyar al sector informal?

Entonces, ¿qué puede hacer Ortega con estos millones de informales? ¿Qué debe aprender de sus homólogos en la región que enfrentan desafíos similares?

Murillo propuso dos alternativas: aplicar medidas de tipo fiscal, como bajar la carga impositiva a los precios alimenticios y bebidas que son comprados por estos trabajadores  y destinar un 1 por ciento del Presupuesto General de la República, para entregarlos en bonos focalizados a trabajadores informales.

“Ese fondo del 1 por ciento de presupuesto ya está establecido en una normativa, que dice que en periodo de crisis se puede destinar el 1 por ciento de la recaudación para ese fin, pero el gobierno es irresponsable”, dijo.

Este año el Gobierno espera en ingresos en el Presupuesto General de la República 79,199 millones de córdobas, en su mayoría de la recaudación fiscal. El 1 por ciento que propone Murillo equivaldría a 791.99 millones de córdobas, lejos de los más de 13 mil millones de córdobas que se necesitan para llevar un salario mínimo a los informales.

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Pese a las limitaciones financieras que afronta el régimen de Daniel Ortega, por dos años de recesión, el sociólogo Cirilo Otero comparte la idea de que se le debe apoyar con recursos a los informales para que se confinen, con un bono de por lo menos 2,000 córdobas.

“Creo que debemos ver el ejemplo de El Salvador, que el gobierno haga un estudio rápido de cuántos comerciantes hay y a qué se dedican los trabajadores y que le den una cuota de empuje, que pueden ser unos 2,000 córdobas, es un fondo de emergencia, esto es solo un soporte inmediato, y debe ser un fondo no reembolsable”, dijo Otero.

Los 2,000 córdobas sin embargo serían insuficientes para hacer frente a una galopante canasta básica, que hasta el 2019  se ubicó en 14,287 córdobas, luego de sufrir un aumento de 722.9  córdobas, principalmente en los alimentos y bebidas, como consecuencia de la reforma tributaria. La cesta está diseñada para cinco personas, dos adultos y tres menores.

Otras opciones para financiar a este sector

Pero Ortega, pese a la Nica Act (una ley de Estados Unidos que le ha bloqueado el acceso a los mercados financieros de los multilaterales)  tiene la opción de conseguir fondos internacionales para ayudar a estos trabajadores.

“Nicaragua no está siendo excluida de los recursos que están poniendo a disposición los organismo financieros internacionales para atender la emergencia del coronavirus, Nicaragua va recibir fondo del Banco Mundial, de BID, del BCIE, yo creo que el gobierno debería estarlo destinando para hacer lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador, de darle a los más necesitados”, afirma Arteaga.

De hecho el mismo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya anunció que tiene 12,000 millones de dólares para los países de América Latina que requieran financiamiento. Entre las opciones en las que se puede gastar este dinero el BID permite  a los gobiernos usarlo para ayudar económicamente a las familias más vulnerables a la pandemia a través de subsidios y transferencias.

Suspensión del pago de los servicios básicos

Pero dar un bono no sería suficiente. Los analistas coinciden  que debe haber una moratoria o suspensión del pago de los servicios básicos como lo hizo El Salvador, porque muchas personas que están en la informalidad están siendo afectadas.

“También se debe suspender por tres meses el pago de los servicios básicos, no solo para el sector informal sino para toda la población como lo hizo El Salvador”, dijo Murillo.

De igual forma señalaron que es importante que saquen una normativa para que las micros y pequeñas empresas que tienen problemas para honrar sus deudas, puedan hacer una restructuración de la misma. Generalmente estas empresas se financian con las microfinancieras.

“También es necesario una política de gobierno con los bancos que permita poner en stand by los cobros, porque los bancos con la crisis del 2018 reestructuraron una buena parte de los créditos y eso se necesita en este momento para que no haya una crisis financiera futura en Nicaragua”, dijo el analista político Eliseo Núñez.

El gobierno estaría dispuesto en apoyar al sector informal

Los analistas consideran que el gobierno no ha mostrado voluntad de apoyar a este sector, ni a la población en general, y muestra de ello es que no ha suspendido las clases y se muestra negligente ante la situación.

“No creo que el gobierno esté dispuesto a dar fondo para el sector informal, pero hay que presionar al gobierno central y los empresarios, hay que llevarles el mensaje”, dijo Otero.

“El gobierno no está dispuesto porque ellos no quieren dejar de ganar dinero, es un tema bien mezquino por parte de ellos, ellos no quieren suspender la actividad económica para salvar las vidas, no quieren salvataje, no quieren suspender los pagos en los servicios, porque ellos no quieren dejar de enriquecerse, ni dejar a un lado la represión”, dijo Núñez.

Nicaragua pierde tiempo para prepararse

El sociólogo Vargas indica que el país lleva una carrera con desventaja y mientras más tiempo se pierde, mayor pérdida habrá.

“El tiempo apremia para poner en práctica políticas que protejan a los desprotegidos de siempre. Los golpes brutales a la población que sobrevive en la informalidad económica solamente pueden ser aminorados con programas urgentes que tengan en cuenta subsanar necesidades básicas para evitar pánico, exasperación y consecuentes acciones desesperadas. La tarea no es para nada fácil, requiere creatividad y atinada estrategia por parte del gobierno”, dijo Vargas.

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