La Alianza Cívica de Nicaragua pidió ante el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes, de la Organización de Estados Americanos (OEA) que demanden al Estado de Nicaragua la liberación de todas las personas presas políticas, cuya cifra preliminar hasta el 26 de marzo de 2020, asciende a 70. Además, porque existe una emergencia epidemiológica ante el posible contagio de coronavirus.
“Estas personas han sido capturadas no por haber cometido delitos, sino por ejercer derechos fundamentales y porque la realidad de la pandemia del Covid- 19, así lo exige”, se lee en el escrito enviado al Subcomité.
De los 70 presos políticos, nueve están detenidas por más de 48 horas sin ser presentados ante juez competente, 61 enfrentan procesos judiciales, de los cuales 28 han sido condenados, y dos de estas personas, Yader Antonio Polanco y Jhony Alonso Castro Hernández, tienen sentencia de casación, detallan en el informe.
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La Alianza argumenta que en el contexto de la epidemia del Covid-19, la población carcelaria en Nicaragua se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, debido a la precariedad y hacinamiento de las celdas. Sumado a la falta de condiciones de salubridad debido al poco acceso al agua potable y las múltiples enfermedades respiratorias, estomacales y de la piel que persisten en el sistema penitenciario.
“Por esta razón demandamos al Estado de Nicaragua llevar a cabo todas las acciones necesarias para preservar sus vidas, incluyendo el cambio de medidas cautelares, con especial atención a la población de mayor riesgo ante la epidemia por razón de la edad y enfermedades crónicas”, demandan.
Múltiples denuncias de familiares
En este sentido, esta semana abogados y familiares de presos políticos han presentado escritos ante juzgados de Managua demandando a jueces y magistrados el cambio de medidas alternas a la prisión preventiva de sus representados. Hasta la fecha no se ha obtenido resolución a sus peticiones.
De los 70 presos políticos, 4 se encuentran en las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, 13 se encuentran en alguna estación policial y 53 ya han sido trasladados a sistemas penitenciarios del país. En términos demográficos, actualmente hay 69 hombres, de los cuales 2 son menores de edad y 1 mujer presa política, detallan los peticionarios.
Los familiares de los privados de libertad también han denunciado esta semana a las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, porque les han negado el acceso a mascarillas, alcohol gel y cloro a los reos, en los paquetes semanales que preparan para sus familiares, los cuales son de primera necesidad para combatir la pandemia a la que nos enfrentamos a nivel mundial, incluso los han amenazado de golpearlos y castigarlos si les encuentran estos productos de limpieza.
Otra preocupación de los familiares es la desinformación del Covid-19 por parte de las autoridades del SPN con los presos políticos, así como la falta de medidas de seguridad y protocolos de actuación, no solo dentro del Sistema, sino también para las visitas y entregas de paquetería familiar, así como la continuación de los procesos judiciales de los presos políticos en audiencias sin tomar medidas de seguridad.
“Demandamos al Estado de Nicaragua llevar a cabo todas las acciones necesarias para preservar sus vidas, incluyendo el cambio de medidas cautelares, con especial atención a la población de mayor riesgo ante la epidemia por razón de la edad y enfermedades crónicas”, se lee en el informe enviado al Subcomité para la Prevención de Tortura de la OEA.
Víctimas de múltiples violaciones y estrategia política inhibitoria
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La Alianza Cívica también recordó que estas personas presas políticas han sido encarceladas y procesadas bajo múltiples arbitrariedades por la criminalización del ejercicio de los derechos humanos, han sido sustraídas de su juez natural, capturadas por órdenes de autoridades sin competencias o secuestradas por civiles armados que operan con la policía. Además, los llevan ante el juez después de las 48 horas que establece la norma constitucional.
Entre el 14 de febrero y el 26 de marzo de 2020, unas 58 personas han sido detenidas arbitrariamente con fines de persecución política en Nicaragua, de estas 48 son hombres y 10 mujeres. De estas 43 han sido puestas en libertad entre el primer y tercer día de detención a lo que le denominan el fenómeno llamado “puerta giratoria”, es decir, una dinámica en la que el régimen detiene y libera a un número similar de personas.
“Esta práctica le permite al régimen seguir haciendo uso de detenciones como estrategia inhibitoria de la partición y organización política de personas opositoras, y, por otro lado, reforzar su narrativa oficialista de normalidad y negar la existencia de personas detenidas y presas políticas”, explicó la Alianza en el informe enviado al Subcomité para la Prevención de Tortura de la OEA.