Se trata del principio de la subsidiaridad del Estado, una de las piedras angulares de la doctrina social de la Iglesia católica. Conviene repasar su contenido, por ser relevante ante la coyuntura epidemiológica actual y por constituir un insumo básico en la construcción de un futuro orden democrático.
Lo que propone este principio es que el Estado permita y facilite, a la sociedad civil y a los particulares, asumir todas aquellas actividades que pueden realizar por su cuenta, y que solo intervenga, como auxiliar, cuando aquellos no tengan la capacidad de hacerlo. Desde este punto de vista, que ha sido adoptado en la misma Unión Europea, el Estado se concibe como un órgano diseñado, no para disminuir o coartar las iniciativas individuales, sino para facilitarlas y brindarles la ayuda y protección necesarias.
El principio se inspira en el hecho de que hay instituciones naturales que son anteriores al Estado y de mayor jerarquía humana. Una de ellas es la familia. Esta es una institución de carácter natural con derechos que le son propios, como por ejemplo el de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones. Cuando esta tarea excede sus capacidades, el Estado puede entrar, subsidiariamente, para brindarle los necesarios medios y apoyos, no para sustituirla o usurpar sus funciones.
Lo ocurrido recientemente con la iniciativa de monseñor Álvarez es la contradicción más flagrante de este importante concepto. En lugar de aplaudir y apoyar un proyecto organizado por particulares con el fin de proteger la salud de comunidades afines, el Estado, a través del Minsa, ha prohibido que lo haga. Algo similar está haciendo con la importación, fabricación y suministros de artículos de salud importantes para contener el virus. En lugar de facilitar su libre y rápida importación, crea barreras, dilaciones e, incluso, pretende monopolizar todos sus manejos. Para colmo a Cáritas, organización de beneficencia de la Iglesia católica, el Gobierno le ha bloqueado el recibir donaciones del exterior destinadas a socorrer a los más pobres.
Actuando de esta manera el Estado, bajo la nefasta influencia de los Ortega Murillo, ha pervertido su razón de ser, y en vez de ser facilitador se ha convertido en un obstaculizador de buenas iniciativas ciudadanas. Esto no solo contradice un principio de gran prestigio y validez universal, sino que también es una grave violación al derecho humano de individuos, comunidades y asociaciones, de actuar con autonomía en defensa de su seguridad e intereses. Igual, es una muestra incalificable de inhumanidad, pues perjudica a los más necesitados.
Urge que Nicaragua salga de esta dictadura destructiva para construir un futuro donde el principio de la subsidiariedad sustituya al estado avasallador y aberrante, que hoy la oprime.
El autor es sociólogo e historiador. Autor del libro En busca de la Tierra Prometida. Historia de Nicaragua 1492-2019.