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covid-19, CIDH

Los dueños de tramos y negocios han decidido auto aislarse, ya que el régimen de Daniel Ortega no ha orientado ninguna cuarentena en el país, pese a que se reportan nueve casos de Covid-19. LA PRENSA/Óscar Navarrete

CIDH urge a países de las Américas tomar las medidas de prevención del Covid-19 como cumplimiento de los derechos humanos

El organismo refiere que la región de las Américas es la "más desigual del planeta", que se caracteriza por las profundas brechas sociales de pobreza, "lo que constituye un problema transversal a todos los Estados" en estos tiempos de pandemia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los Estados de la región de las Américas a “adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia” todas las medidas de prevención contra el nuevo coronavirus (Covid-19), para combatir la pandemia y proteger de esta manera los derechos humanos de los ciudadanos.

En su resolución “Pandemia y derechos humanos en las Américas”, la CIDH brinda 85 recomendaciones a los Estados en la región en los que menciona derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los diferentes grupos sociales.

“La pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19; así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad”, dicta la resolución.

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El organismo refiere que la región de las Américas es la “más desigual del planeta”, que se caracteriza por las profundas brechas sociales de pobreza, “lo que constituye un problema transversal a todos los Estados”. Entre los factores que vulnera la situación de los países en momentos de pandemia es la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, inseguridad alimentaria, contaminación ambiental, falta de viviendas adecuadas o altas tasas de trabajo informal e ingresos precarios.

“Todo esto dificulta o impide a millones de personas tomar medidas básicas de prevención contra la enfermedad, en particular cuando afecta a grupos en situación de especial vulnerabilidad”, expone la CIDH.

“En este contexto, la pandemia supone desafíos aún mayores para los Estados de las Américas, tanto en términos de políticas y medidas sanitarias, como en capacidades económicas, que permitan poner en marcha medidas de atención y contención que resultan urgentes y necesarias para proteger efectivamente a sus poblaciones, acordes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, agrega.

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Estados debe informar a la población

La CIDH hizo un llamado a los Estados a seguir las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismos que han estado al frente de esta pandemia y han brindado apoyo a los países del mundo, y que los ministerios de salud de cada país informen de manera responsable la situación del Covid-19 en cada territorio.

“Observar un especial cuidado en los pronunciamientos y declaraciones de los funcionarios públicos con altas responsabilidades respecto de la evolución de la pandemia. En las actuales circunstancias, constituye un deber que las autoridades estatales informen a la población, y al pronunciarse al respecto, deben actuar con diligencia y contar en forma razonable con base científica”, detalla una de las recomendaciones.

En Nicaragua, el sistema de salud centraliza la información y sus reportes carecen de responsabilidad y claridad. Especialistas de salud han considerado la información oficial de “confusa”, impidiendo conocer con exactitud la situación del país.

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En diferentes ocasiones funcionarios públicos han sido el punto de críticas por exponer, a través de entrevistas al medio televisivo Canal 10, su desconocimientos de temas coyunturales de la crisis sanitaria, lo que genera más incertidumbre a la población.

“Ante las circunstancias actuales de la pandemia del COVID-19, que constituyen una situación de riesgo real, los Estados deben adoptar medidas de forma inmediata y de manera diligente para prevenir la ocurrencia de afectaciones al derecho a la salud, la integridad personal y la vida. Tales medidas deben estar enfocadas de manera prioritaria a prevenir los contagios y brindar un tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran”, señala una de las recomendaciones.

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