Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro dejaron sentada en la recepción de dicho centro por dos horas a la juez ejecutor Karen Guerrero Machado, para simplemente no atenderla. Guerrero llegó a intimar al director penitenciario, para que cumpla con la orden de libertad que emitió hace 21 días la juez Nancy Aguirre, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua, a favor del preso político Ariel de Jesús Zavala Meza.
“Me identifiqué como juez ejecutor y pedí me atendiera la autoridad que estaba a cargo y me dijeron ‘siéntese que ya van a venir a atenderla’ y simplemente me dejaron ahí. La ley manda que un juez ejecutor debe ser atendido inmediatamente, porque una detención ilegal se trata de violación a derechos constitucionales”, explicó Guerrero, quien pasará su informe a los magistrados de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), quienes la nombraron juez ejecutor en este caso.
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Zavala Meza fue absuelto en juicio por la juez Aguirre, el pasado 26 de marzo de 2020 y a pesar de tener una orden de libertad, las autoridades penitenciarias no la han acatado. Lleva 21 días de detención ilegal, por eso el abogado Eber Acevedo interpuso un recurso de exhibición personal por detención ilegal y la Sala resolvió a favor del recurrente.
El recurso va dirigido contra Edwin Obando, director del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa y será examinado por magistrados de la Sala Penal Dos del TAM, junto al informe de la juez ejecutor.
Según el abogado Acevedo, los familiares del afectado le manifestaron que las veces que lo han ido a buscar con la orden de libertad, los custodias le han dicho que primero lo tienen que llevar al psicólogo, un pretexto para no entregarlo.
Fiscalía no probó acusación contra reo político
Zavala Meza fue acusado injustamente de robo agravado, pero en juicio la víctima del robo no lo reconoció. Esto hizo dudar a la juez Aguirre de la participación del acusado en los hechos acusados por lo que dio un fallo de no culpabilidad bajo el argumento de la duda razonable.
En 2018 Zavala Meza fue condenado a 11 años de cárcel por droga, porque estuvo atrincherado en la Universidad Politécnica (Upoli) durante las manifestaciones sociales de 2018, pero fue amnistiado en febrero de 2019.
El abogado Acevedo reiteró en el escrito que si su representado llega a contaminarse del Covid-19 dentro del penal, la responsabilidad recaerá sobre el Ministerio de Gobernación.
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Más violaciones
Para la abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), las autoridades del SPN continúa violando los derechos humanos y constitucionales del preso político al retenerlo ilegalmente en la cárcel.
“Desacatan abiertamente una ordenanza judicial. Dos instancias judiciales así lo han ordenado, primera y segunda instancia y simplemente les vale. A este muchacho le han violentado sus derechos procesales, constitucionales y humanos”, dijo Oviedo.
Según Oviedo, lo más preocupante es que no permiten el acceso a un edificio público. “Ellos están obligados a recibir todas las solicitudes y escritos que abogados, jueces y población presenten porque es una institución pública, y se debe al pueblo. Es el colmo que no te reciban ni una comunicación”, reiteró Oviedo.
Este miércoles 15 de abril las mismas autoridades del SPN no permitieron el acceso a abogados de la CPDH, quienes presentarían ocho escritos solicitando la excarcelación de presos políticos.