Un grupo de 34 senadores demócratas pidió al presidente Donald Trump extender automáticamente el permiso de trabajo de los beneficiarios del programa DACA y del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en medio de cierres de las oficinas de inmigración debido al coronavirus.
Según los senadores, más de 300.000 de los trabajadores considerados “esenciales” durante la pandemia del coronavirus dependen de DACA y del TPS para permanecer de manera legal en Estados Unidos.
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“Los beneficiarios de DACA y TPS son contribuyentes vitales para nuestra economía y la fuerza laboral de atención médica en la primera línea de batalla en contra del coronavirus”, escribieron los legisladores.
Las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS por sus siglas en inglés) cerraron temporalmente debido a la propagación del COVID-19. Para los legisladores, los retrasos que ya existen en la renovación de los permisos podría agravarse por “demoras de procesamiento adicionales” debido al coronavirus, dejando a miles sin su autorización de empleo renovada.
A pesar de que sus instalaciones estén cerradas, USCIS “continuará procesando los pedidos migratorios lo más rápido posible”, según dijo un portavoz de la agencia a la Voz de América.
“Debido al cierre temporal al público, USCIS puede reutilizar los datos biométricos presentados previamente por el solicitante” para procesar los permisos de trabajo, añadió el portavoz.
Además de los cierres de las oficinas migratorias por el coronavirus, los beneficiarios de DACA se encuentran en un limbo legal, a la espera de que la Corte Suprema falle sobre la decisión del gobierno de Trump de acabar con el programa que les permite vivir en EE.UU.
El DACA es un programa de alivio migratorio temporal para personas que fueron traídas de manera irregular a EE.UU. cuando eran niños o que llegaron con sus familias al país, pero tienen visados que expiraron.
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Fue puesto en marcha por el Gobierno del entonces presidente Barack Obama en el 2012, pero Trump decidió terminar con el en su primer año como presidente, desencadenando una batalla legal que llegó a la Corte Suprema.
El TPS, por otro lado, es un beneficio migratorio que permite a los migrantes de determinadas naciones, que ya están en EE.UU., vivir y trabajar legalmente en el país. Actualmente hay más de 417.341 inscritos en el TPS en todo EE.UU., de los cuales el 90% son de El Salvador (251.445), Honduras (80.570), Haití (56.114) y Nicaragua (4.508), según datos del Servicio de Investigación del Congreso.
El destino de los beneficiarios del TPS también está en el limbo, ya que la decisión del Gobierno Trump de acabar con el programa para siete de las nueve nacionalidades que tienen el permiso también fue desafiada en las cortes federales y está a la espera de un fallo.