La oposición nicaragüense ha intensificado la denuncia ante los organismos internacionales y gobiernos extranjeros sobre la negligencia del régimen orteguista ante la pandemia del Covid-19, así como del recrudecimiento de la represión contra los ciudadanos al cumplirse dos años del levantamiento social en contra de la dictadura, exigiendo justicia, libertad y elecciones adelantadas y libres.
Los ataques contra los pobladores de la Isla de Ometepe desde el pasado domingo, los secuestros de opositores, el asedio, persecución y amenazas que la Policía Orteguista (PO) y las turbas han intensificado en el contexto de la conmemoración del inicio de las protestas masivas de abril del 2018, han sido expuestas por los grupos opositores en la Organización de Estados Americanos (OEA), a los estado latinoamericanos, la Unión Europea (UE), así como a organismos de derechos humanos.
José Pallais, miembro de la Alianza Cívica, interpretó “la ofensiva criminal” de los antimotines del régimen contra los pobladores de Ometepe, como una ola contra la oposición a lo largo y ancho del país para mandar un mensaje de terror.
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Con la denuncia en los foros internacionales los opositores buscan incidir en que los gobiernos y organismos “respondan adoptando medidas de presión” para que la dictadura de Ortega y Rosario Murillo cese la represión.
“Tenemos comunicación con los gobiernos democráticos que tienen contacto con el régimen para que, en base a las pruebas de los ataques, persecución y cárcel, trasladen su exigencia a Ortega para que detengan la cacería contra los ciudadanos”, dijo Pallais.
El régimen incrementó la represión los opositores el 18 y 19 de abril, en el contexto del segundo aniversario de las protestas civiles, dejando un asesinato y más de 40 denuncias de asedio, represión, amenazas y detenciones ilegales a ciudadanos autoconvocados, según el monitoreo de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Solo en Ometepe, Rivas, dos ciudadanos resultaron heridos y nueve detenidos por haber sacado la bandera Azul y Blanco.
La Alianza Cívica y la UNAB son los promotores de la Coalición Nacional, donde se agrupan más de cien organizaciones sociales, empresariales, partidos políticos, campesinos, productores y de la sociedad civil.
La reacción violenta en el segundo aniversario de la resistencia cívica por parte del régimen Ortega y Murillo responde, según Pallais, es para dar el mensaje de tener el control del país a base de mantener el terror, como ha persistido desde abril del 2018.
“La segunda razón es de enojo ante su derrota política. Decidieron atacar a la gente por el comunicado de la Coalición Nacional en donde se exige el fin inmediato del régimen de Ortega y Murillo, y que haya una transición democrática del poder de inmediato”, dijo Pallais.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Unión Europea son parte de los organismo informados del recrudecimiento de la represión en Nicaragua.
Violeta Granera, del consejo político de la UNAB, refirió que la denuncia internacional es de suma importancia en situaciones como la que sufren los nicaragüenses por la represión del régimen. A la par se hacen las gestiones en los territorios con equipo voluntario para monitorear los casos de abusos y con las redes de solidaridad con las familias de los presos políticos, mientras se ejerce presión para lograr la libertad de los detenidos.
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“Hay un equipo voluntario que está en comunicación con líderes de la isla (Ometepe) y desde abril 18 se está siempre atendiendo los focos de represión. De verdad que cumplen una misión invaluable que es invisible en muchos casos. Hay voluntarios encargados de hacer estas gestiones y buscar canales efectivos de presión. Y nos mantenemos en comunicación permanente”, indicó Granera.
La información recibida por la UNAB es que Ometepe está controlada por la Policía y los interrogatorios a la población los dirige el comisionado mayor, Juan Valle Valle, quien está sancionado por violación a los derechos humanos por parte de Estados U nidos.
“Es una situación altamente explosiva. Muy peligrosa. Porque la gente está y se siente amenazada con justa razón. A la tensión de la represión de estos dos años se suma la tensión de la pandemia (del nuevo Covid-19) y de la situación socio económico, entonces la gente puede perder la paciencia con facilidad. Es una enorme temeridad la del régimen de persistir en la represión en este contexto que estamos viviendo”, advirtió la opositora Granera.
Denuncian negligencia por el Covid-19 a la UE
La negligencia del régimen orteguista ante la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 también es denunciada por la oposición nicaragüenses en los foros internacionales, como la Unión Europea, a cuyos estados les fue enviada una carta exponiendo la situación de Nicaragua.
En la carta dirigida al embajador de la UE en Managua, Pelayo Castro, la Coalición Nacional solicitó que gestione con la dictadura de Ortega y Murillo “el cumplimiento de condiciones que garanticen que los recursos que eventualmente serán puestos a su disposición por la Unión Europea, sean utilizados en condiciones amparadas en el respeto a los derechos humanos”.
La Unión Europea ha dispuesto un fondo de 918 millones de euros (unos mil millones de dólares) para ayudar a los países de América Latina y el Caribe, a hacer frente a la crisis sanitaria y las necesidades humanitarias inmediatas causadas por la pandemia de coronavirus.
La Coalición Nacional solicitó que el desembolso de los recursos a Nicaragua sean luego de que el régimen de Ortega presentar públicamente una estrategia integral y realista para la prevención, atención y seguimiento a la pandemia que debe estar en correspondencia con las recomendaciones de la OMS y de la OPS.
Se exija a las autoridades demostrar que cuenta con los mecanismos que garanticen “absoluta transparencia” de los fondos, como que su uso sea bajo supervisión de las instancias que los han facilitado.
“La transparencia incluye la información pública, veraz y actualizada respecto a cantidades, usos y destinos, para evitar desvíos para financiar actividades represivas o programas sociales altamente politizados”, indicó la Coalición al embajador Castro.
Otras condicionantes para que el régimen acceda a los fondos de ayuda de la UE, según los opositores, debe ser que demuestren medidas para garantizar la seguridad al personal de salud, el incremento de equipos médicos básicos para aumentar la capacidad de respuesta del sistema de salud ante la pandemia. También deben disponerse recursos para proporcionar ayuda solidaria a los sectores más vulnerables.
Que el régimen prohíba las concentraciones y establecer el recomendado distanciamiento social es parte de lo que la UE debe exigir antes de autorizar fondos a Nicaragua, demandó la oposición.