El desencuentro entre Guatemala y Estados Unidos por la deportación de migrantes en plena pandemia del coronavirus es ya público.
Durante semanas, había serias sospechas de que algunos de los migrantes guatemaltecos retornados por las autoridades de EE.UU. estaban contagiados tras haber intentado ingresar sin éxito en el país con mayor número de casos y muertes por covid-19 del mundo.
La polémica no dejó de aumentar después de que el presidente del país centroamericano, Alejandro Giammattei, y funcionarios de su gobierno se contradijeran al hablar de cuántos migrantes habían dado positivo por el virus.
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Tras hacerse públicos decenas de contagios, sin embargo, Guatemala no tuvo más remedio que rectificar su postura frente a EE.UU. hasta el punto de suspender los vuelos con deportados a bordo desde aquel país.
Al menos, hasta asegurarse de que Washington garantiza que las personas expulsadas están en buen estado de salud y no contribuyen a expandir la pandemia en Guatemala, que hasta este lunes registró 289 casos confirmados y siete muertes por covid-19.
Organizaciones defensoras de migrantes consideraron buena esta medida, si bien recordaron que Guatemala debe verificar las condiciones de sus ciudadanos mientras sigan retenidos en centros estadounidenses –cuyo número se desconoce– hasta que se reanuden las deportaciones.
Ausencia de tests en Estados Unidos
“A partir de hoy, y hasta que se cumpla con el convenio suscrito por los dos países que nos dé la certeza que esas personas van a venir con un certificado que nos demuestre que están libres de coronavirus, quedan en suspenso los vuelos de deportados”, confirmó Giammattei el viernes.
El mandatario puso como ejemplo que de 12 migrantes seleccionados al azar en un avión que voló desde EE.UU. el lunes de la semana pasada, los 12 dieron positivo al test de covid-19.
“Nos ha salido prácticamente contaminado gran parte de ese vuelo”, reconoció.
El papel de EE.UU. a la hora de verificar la salud de los deportados lleva semanas en entredicho, sobre todo desde que el 21 de marzo aprobó expulsar a los migrantes indocumentados de manera inmediata -sin iniciarse ningún proceso de asilo- como medida extraordinaria frente al coronavirus
Desde entonces y hasta el 11 de abril, EE.UU. expulsó a más de 6.300 personas por su frontera con México. A esta estrategia, el presidente Donald Trump sumó este lunes su intención de suspender “temporalmente” la inmigración a su país con motivo de la pandemia.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó que estas personas no son sometidas al test del coronavirus de manera rutinaria antes de retornarlas a su país, pero sí se les toma la temperatura.
En caso de que esta prueba muestre que tienen fiebre, son enviados a instalaciones del ICE para un monitoreo adicional.
La semana pasada, funcionarios de salud estadounidense llegaron a Guatemala “para revisar y validar” las pruebas de coronavirus que se realizan en el país a los migrantes deportados.
“Una vez que los resultados estén disponibles, ICE determinará si se deben reevaluar los procedimientos médicos actuales”, declaró la vocera del ICE, Jenny Burke, al diario Los Angeles Times, el cual también subrayó las dudas de expertos de que estas pruebas sean suficientes dado que muchos portadores del virus son asintomáticos.
Críticas a la gestión de Guatemala
Pero no solo la labor de EE.UU. es cuestionada. Organizaciones de apoyo a migrantes critican que, si bien Guatemala acabó mejorando su seguimiento a los casos, también comenzó haciendo pruebas sanitarias insuficientes a los deportados.
“En los primeros vuelos cuando empezó la crisis, a las personas solo se les tomaba la temperatura, pero sin hacerles ninguna prueba para saber si eran portadoras o no del virus y poniendo en riesgo su vida y la de su familia”, dice Julia González, coordinadora de la Mesa Nacional para las Migraciones de Guatemala (Menamig).
“Se han ido implementando acciones a cuenta gotas y eso ha perjudicado a los migrantes, sobre todo porque personas contagiadas sin saberlo pudieron ser llevadas al regresar a su comunidad y sin tener ellos responsabilidad al respecto”, coincide el Defensor de las Personas Migrantes de Guatemala, Carlos Eduardo Woltke.
Ambos expertos reconocen la decisión de suspender estos vuelos y anteponer el estado de salud de los migrantes, pero recuerdan que Guatemala debe seguir velando por sus condiciones mientras continúen retenidos en EE.UU.
“Es obligación del Estado, a través de la red consular de su Ministerio de Exteriores, verificar la situación de las personas guatemaltecas detenidas, es algo a lo que no puede renunciar aún estando ellos en EE.UU”, le dice a BBC Mundo Woltke, titular de una de las defensorías de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) guatemalteca.
De las 32.000 personas que actualmente están bajo custodia del ICE se desconoce cuántas son de origen guatemalteco.
González sí cuestiona que la petición que el presidente Giammattei le hizo a EE.UU. no se la dirija también a las autoridades de México, para así tener igualmente la certeza de que las personas deportadas por tierra desde el país vecino no son portadoras del virus.
“Además, tenemos innumerable cantidad de retornos voluntarios desde México, que no necesariamente pasan por puntos fronterizos autorizados sino por puntos ciegos. Muchas personas están volviendo a sus comunidades y no están siendo puestos en cuarentena”, le dice a BBC Mundo.
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Según declaró este lunes el canciller guatemalteco, Pedro Brolo, a los 80 migrantes que reciben cada día en la frontera con México se les practica la prueba de covid-19 y se les traslada a un hospital si presentan síntomas.
También el gobierno centroamericano fue criticado por hacer dormir en colchonetas a los migrantes deportados en un improvisado centro de recepción ubicado en el aeropuerto de Ciudad de Guatemala, que la PDH consideró que no reunía las condiciones adecuadas.
Giammattei aclaró que la medida fue provisional mientras se obtenían los resultados de las pruebas de un grupo tan numeroso, y que después fue trasladado a un albergue de la capital para pasar la cuarentena.
¿Cuántos deportados estaban contagiados?
Según declaró este domingo el presidente Giammattei, son 50 los deportados desde EE.UU. que dieron positivo a la prueba de coronavirus.
El gobierno guatemalteco dijo que el mayor número se registró en un vuelo del 26 de marzo, en el que 24 de los 42 migrantes a bordo resultaron infectados.
Pero conocer esta cifra no fue tarea fácil, debido sobre todo a las continuas contradicciones en el seno del propio Ejecutivo.
El pasado 3 de abril, Giammattei aseguró que no había deportados contagiados, desmintiendo así las declaraciones del Ministerio de Salud que previamente había confirmado dos casos.
Días después, el propio ministro de Salud, Hugo Monroy, alimentó la confusión al asegurar que estaban contagiados entre el 50 y el 75% de los guatemaltecos deportados desde EE.UU., al que calificó como el “Wuhan de América”.
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Horas más tarde rectificó sus palabras y aseguró que solo se refería a un vuelo en particular donde había “varios migrantes” que dieron positivo a la prueba.
Ajenos a la polémica por las cifras y la gestión de ambos gobiernos, lo que algunos migrantes están sufriendo es un frio e inesperado recibimiento al regresar a Guatemala por parte de sus comunidades, temerosas de que puedan resultan un foco de contagio.
En la ciudad de Quetzaltenango, por ejemplo, grupos de vecinos se opusieron a que un centro recreativo estatal fuera utilizado como albergue para migrantes retornados a la espera de conocerse los resultados de sus tests de covid-19.
“No somos racistas, pero no queremos a los migrantes. Hay sospecha de que podrían ser portadores de coronavirus”, dijo una vecina al diario Prensa Libre.
Aunque no se trata de un comportamiento generalizado entre la población del país, el Defensor de las Personas Migrantes hizo un llamado a la solidaridad hacia estas personas y a evitar su estigmatización al regresar a su país.
“Es una paradoja que cuando ellos han estado fuera y han enviado remesas, han sido fundamentales para las comunidades. Y ahora, las mismas comunidades los están criminalizando en algunos casos”, lamenta Julia González de la Menamig.