Las reformas electorales no son de la agenda inmediata del dictador Daniel Ortega. Al contrario, el régimen está aprovechando la crisis por la pandemia del Covid-19 para engavetar el mayor tiempo posible su propuesta de cambios al sistema electoral de Nicaragua y así no tener que convocar a la negociación a los partidos políticos, confiaron a LA PRENSA fuentes legislativas del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Aunque el régimen promueve una falsa “normalidad” en el país al minimizar el alcance de la pandemia, así como sus efectos en la economía del país, mantiene en punto muerto las negociaciones políticas con los opositores en la búsqueda de alternativas que pongan fin a la cisis sociopolítica que cumplió dos años el 18 de abril de 2020.
Opositores y analistas políticos coinciden en que Ortega retrasará lo más que pueda la agenda electoral, pero advierten que ese tiempo jugará en su contra, porque estará más presionado a ofrecer una solución que asegure a la comunidad internacional de que las próximas elecciones se realizarán en base a los parámetros de transparencia. De lo contrario, aumenta el riesgo de que los resultados no sean aceptados y con ello se desconozca el siguiente gobierno que resulte.
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Félix Maradiaga, del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), confía en que la presión de comunidad internacional se mantenga e intensifique en los próximos meses, para que el dictador Ortega llame a una negociación para acordar reformas a la Ley Electoral, donde haya un cambio de postura aceptando a todos los sectores opositores, no únicamente a los partidos políticos.
“El compromiso de los órganos del sistema interamericano como la OEA, la Unión Europea y los gobiernos (extranjeros) nos lo han reiterado, es que su posición no ha cambiado en el sentido de que, cualquier proceso electoral en Nicaragua que no se ajuste a los estándares internacionales con transparencia y amplia observación, no serán reconocidos como un gobierno legítimo”, afirmó Maradiaga.
El cierre de puertas
Ortega cerró la puerta al diálogo con la nueva oposición surgida en el contexto de las protestas sociales en abril del 2018. Los dos diálogos establecidos, en mayo del 2018 y febrero del 2019 fracasaron por la negativa del régimen a aceptar el adelanto de las elecciones, previstas para noviembre del 2021, así como profundos cambios en el sistema electoral empezando por cambiar a todos los magistrados.
Al no poder con los opositores en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pero presionado por la comunidad externa y las sanciones al círculo de poder y familiar por parte de Estados Unidos, Canadá, así como de la amenaza de la Unión Europea (UE) con aplicar sanciones a los funcionarios del orteguismo, el régimen anunció que en 2020 convocaría a negociar las reformas a la Ley Electoral. Sin embargo serían conversadas solo con los partidos políticos con personería jurídica, excluyendo de esta forma a los sectores sociales, estudiantes, campesinos, empresarios, productores, feministas y políticos que se mantienen en resistencia cívica.
Incluso los personeros del orteguismo, como Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y sancionado por violación a los derechos humanos por EE.UU. y Canadá, han dejado entrever que no invitarán a la Organización de Estados Americanos (OEA) para ser garante de las negociaciones electorales en Nicaragua.
De hecho la dictadura cortó la comunicación con la OEA, al estar enfrentado por las condenas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de las manifestaciones cívicas por parte de la Policía y turbas orteguistas.
Ortega dejó vencer el pasado 28 de febrero, el Memorándum de Entendimiento con la secretaría general de la OEA, en el que se comprometió a realizar reformas profundas al sistema político electoral del país. El plazo de tres años establecido se venció sin que el dictador cumpliera, y tampoco le interesó renovar el acuerdo con el organismo hemisférico.
Maradiaga explicó que aun cuando la prioridad en estos momentos es atender la crisis de la pandemia del Covid-19, paralelo la UNAB mantiene activos en la comisión electoral discutiendo con los demás sectores opositores una propuesta de consenso. Continúan la incidencia con los foros internacionales sobre la urgencia de que hayan elecciones libres y transparentes es la vía para poner fin a la profunda crisis sociopolítica del país.
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“Sabemos que al régimen no le interesan las reformas electorales, pero las tendrá que hacer. En el pasado Ortega pudo hacer fraudes porque, digámoslo con transparencia, no estaba en el radar de la comunidad internacional, pero eso cambió por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde abril del 2018. Hoy su dictadura está en el foco del mundo, donde los países democráticos han dejado claro en sendas resoluciones que sino hay elecciones libres, transparentes y justas en Nicaragua no habrá reconocimiento al nuevo gobierno”, insistió Maradiaga.
La UNAB no participará en un proceso donde no existan las garantías de que el voto de los nicaragüenses sea respetado.
Las propuestas de la Alianza y la UNAB
La Alianza Cívica y la UNAB tienen una propuesta consensuada que implica el cambio de todos los magistrados del CSE, modificar el sistema de estructura de los consejos electorales para quitarle el dominio al partido gobernante, depurar el padrón electoral para que, por ejemplo, ya no aparezcan muertos habilitados para votar. Prohibir la reelección presidencial así como que la cónyugue del presidente sea candidata a la Presidencia, elevar el 50 por ciento más uno el porcentaje de votos válidos para ganar la elección son parte de las demandas.
Peraza señaló que no todos esos cambios los aceptará Ortega “porque significan perder el control político” en el aparato electoral, que ha sido su ventaja para mantenerse en el poder desde 2007 a través de los fraudes.
Tiempo en contra
José Antonio Peraza, miembro del Grupo Promotor de las Reformas Electorales, explicó que está quedando poco tiempo para acordar las modificaciones que aseguren en Nicaragua comicios como los demanda la población.
Históricamente el CSE ha convocado a elecciones un año antes de la fecha de su realización. De acuerdo a la Ley, las elecciones nacionales se realizan cada cinco años, y serán “el primer domingo del mes noviembre del año anterior a la fecha en que, de acuerdo con la Ley, comience el período de los que fueren electos”. En el 2021 serían el 7 de noviembre.
Peraza refirió que en base a ese plazo, en los próximos siete meses se debe negociar y aprobar las reformas al sistema electoral.
“Si hubiese voluntad político las reformas se negocian y aprueben en un mes. El problema aquí es quiénes la van a negociar; si estará la OEA como garante”, señaló Peraza.