Un grito de alarma por la ocurrencia de incendios vinculados con actividades agropecuarias de los colonos en la Reserva Biológica Indio Maiz, lanzaron este lunes miembros del Gobierno Territorial Rama Kreole (GTR-K), quienes aseguran que de un 10 a 15 por ciento de sus tierras, están siendo ocupadas por terceros, es decir, de 30 a 40 mil hectáreas.
Un monitoreo realizado por los comunitarios indica que del 2 al 21 de abril de 2020 se registraron 343 puntos de calor dentro del área protegida y cinco kilómetros alrededor de sus límites. Los puntos de calor empezaron a incrementar desde el 13 de abril, siendo el sábado 18, en el que se identificaron hasta 62 puntos.
En el 2018, un incendio que se mantuvo durante diez días y acabó con 5, 880 hectáreas de bosque, provocó que la atención nacional se fijara en los problemas que por años han padecido la reserva y los pueblos indígenas; sin embargo, poco después de dos años del siniestro, los problemas persisten y el riesgo de grandes incendios es latente.
Lorenzo Martínez, representante Rama, explicó que los puntos de calor están distribuidos, según el monitoreo, en cuatro zonas: al norte, la zona del Pijibay; la zona dos corresponde a la Chiripa y La Mariposa; la tres, a la comunidad Samaria y la cuatro, a Caño Negro y Bartola. Los integrantes del GTR-K, mediante una conferencia virtual, leyeron un comunicado, en el que además de la situación crítica por los incendios, señalaban que gracias a sus guardabosques territoriales han recolectado evidencia de la práctica de otras actividades ilegales en la Reserva, como la extracción ilegal de madera, minería, pesca y cacería, así como la compra y venta ilegal de sus tierras y usurpación de sus derechos.
LAPRENSA/CORTESÍA
Molestia
Princess Barberena, integrante del GTR-K, sostuvo que el comunicado es una forma de expresar “nuestro sentido de angustia y de enojo, por así decirlo, porque el Estado no está cumpliendo con lo que un inicio se comprometió”, expresó.
En mayo de 2017, la actualización del plan de manejo de la Reserva de Biósfera de Río San Juan más la participación de los alcaldes de los municipios colindantes de la zona y el Caribe Sur, fue uno de los acuerdos establecidos mediante una reunión entre GTR-K y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) para proteger las reservas de bosques del sureste de Nicaragua. Sin embargo, hasta ahora no se ha avanzado.
En su comunicado, exponen la preocupación por la inactivación del Plan, que se trabajó y firmó entre instituciones del Estado. “El Estado de Nicaragua no ha cumplido ni una sola de las peticiones que las comunidades han venido haciendo tiempo atrás y en la actualidad a las autoridades del gobierno de turno”, señalan. En específico, denuncian que representantes gubernamentales los visitaron para presentar el proyecto del Fondo Cooperativo del Carbono Forestal para la reducción de la deforestación y degradación de bosques (ENDE-REDD+).
Se comprometieron a organizar reuniones de alto nivel en el que incluirían a representantes de las comunidades, fortalecer la capacidad de los guardabosques, gestionar recursos para la protección de los bosques e iniciar el proceso de desaolojo de los invasores, indican.
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No obstante, nada de eso ha sucedido, y esperan que las promesas se hagan realidad. La destrucción en la Reserva avanza de forma impune, mientras los “pueblos del sureste de Nicaragua sienten cada vez el abandono institucional que facilita la invasión y destrucción de la que somos víctimas”.
Sumado a los graves problemas ambientales, las comunidades indígenas enfrentan la violencia, las amenazas y el desplazamiento forzado por la persistencia, y en algunos casos, incremento del proceso de invasión en las áreas protegidas.