“Los trabajadores no pagaremos a los empresarios por una intentona golpista, ni por una pandemia que no inventamos”. Esa fue la respuesta del diputado orteguista José Antonio Zepeda, a los llamados urgentes de las diferentes cámaras privadas al régimen para que ejecute medidas de incentivos para enfrentar la crisis económica, empeorada por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19.
La postura de los diputados del régimen de Daniel Ortega es que los planes de ayuda financiera y fiscal que urgen las empresas para frenar los cierres y con ello el desempleo, es pura demagogia. Zepeda, quien es sindicalista de la dictadura orteguista, dijo que los empresarios tendrán que asumir todas las pérdidas económicas que enfrenten por la crisis causada por la pandemia.
“¿Por qué no se sacan (el dinero) de sus bolsas? Creo que las demagogias, los discursos no nos convencen a los trabajadores que a diario sabemos lo que es desarrollar actividades económicas, políticas y sociales”, dijo Zepeda este 29 de abril en el plenario de la Asamblea Nacional.
La dictadura de Ortega minimiza el impacto de la crisis sanitaria así como su impacto en la economía nicaragüenses, que está desde hace dos años en recesión debido a la represión del régimen contra las protestas ciudadanas que iniaron en abril del 2018.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), así como las asociaciones de micro y medianas empresas de todos las actividades le han urgido al régimen adoptar planes de emergencia sanitaria para frenar el contagio del Covid-19, así como acciones de estímulo fiscal para evitar que los negocios sigan cerrando.
A pesar del desempleo que está incrementando en el país debido a que los negocios no pueden sostenerse, especialmente en el sector turístico y comercial, como efecto de la recesión global, los diputados orteguistas prefieren seguir con el ataque político, que aprobar las políticas públicas necesarias para enfrentar la crisis.
“Los grandes empresarios quieren que del erario público se les de para que no quiebren sus empresas. Ve qué lindo. Aquí hablan de moratorias. Y entonces con qué le vamos a pagar a los trabajadores, cómo vamos a sostener el desarrollo”, dijo Zepeda.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la Alianza Cívica han hecho propuestas con acciones urgentes que contemplan disponer de fondos del presupuesto para dar bonos de alimentos a las familias más vulnerables, a los trabajadores por cuenta propia, así como que se establezca una moratoria de tres o seis meses en el pago de los servicios de agua, energía y demás servicios básicos.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) presentó una iniciativa de ley para que se reformara el Presupuesto General de la República 2020 para disponer de un fondo de 1,600 millones de córdobas para planes de emergencia.
Nada de eso les ha interesado a los diputados del régimen. Cerraron la puerta a cualquier ayuda al empresariado por parte del Estado, y les amenazaron con aplicarles las leyes laborales si, a juicio de los sindicatos fieles a la dictadura, las medidas de contención adoptadas por el sector privado por la crisis, suponen supuestas violaciones a los derechos de los trabajadores.
“Los empresarios conocen las leyes, y los asesores de los empresarios conocen bien las leyes, pero también los sindicalistas conocemos bien las leyes. Así que si una empresa quiere cerrar, tiene que pagar. No es como están haciendo que te mando de vacaciones, porque no podemos cargar sobre los trabajadores las irresponsabilidades de una intentona golpista o por una pandemia que no inventamos los trabajadores, ni mucho menos el gobierno”, sentenció Zepeda, quien es secretario general de la Confederación General de Trabajadores de la Educación de Nicaragua (Cgten-Anden), uno de los brazos represores en las instituciones públicas del régimen.
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Reconocen que no hay acceso a fondos internacionales
Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica, se alineó a la postura de Zepeda de no dar opciones para evitar el colapso económico de Nicaragua, a pesar de que Gutiérrez reconoció, por primera vez, que la dictadura no está accediendo a nuevos programas de financiamiento de los organismos internacionales.
La llave a los fondos externos se le ha cerrado al régimen de Ortega como consecuencia de la presión de gobiernos democráticos, liderados por Estados Unidos, debido a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Policía y parapolicías contra los manifestantes desde abril del 2018.
Gutiérrez descartó que se reduzca la carga de impuestos a las empresas como lo está necesitando el sector privado.
“De la misma manera de que este grupito minúsculo de nicaragüenses andaban en diferentes foros internacionales suplicando que a Nicaragua se le quitara los préstamos, porqué en el marco de la pandemia, porque no levantan el pie para ir a pedir a ese mismo lugar, de que ya no sigan afectando al pueblo. Que continúe el país accediendo a los recursos de los organismos internacionales”, expresó Gutiérrez en la sesión parlamentaria.
Repitiendo el discurso de que la crisis sociopolítica fue causada por los “grupos minúsculos”, que es como descalifican los operarios del régimen a los sectores opositores, el diputado Gutiérrez mandó a los gremios privados y grupos de la oposición a que gestionen con los organismos multilaterales a que abran la lleve del financiamiento a Nicaragua.
Manteniendo la política inoperante de la dictadura, Gutiérrez refirió que las medidas, que el régimen considere necesarias, se tomarán “de acuerdo a circunstancias reales que se nos vayan presentando” por la crisis sanitaria del Covid-19.