El Ministerio de Gobernación de Nicaragua se negó a recibir este miércoles cuatro cartas de solicitud de certificaciones de cumplimiento que presentaron Organizaciones No Gubernamentales, (ONG) sin fines de lucro, que trabajan en el país el tema de derechos humanos y gobernabilidad, denunció la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), una de las organizaciones afectadas.
Este documento, es de suma importancia para el funcionamiento de las ONG porque es requisito para poder acceder a financiamientos a través de donantes internacionales. Sin embargo, esta institución viene negando estas certificaciones desde el 2018, año en que se dio el estallido de protestas ciudadanas de abril 2018, contra el régimen de Daniel Ortega.
En ese momento, el régimen señaló a las organizaciones afectadas de promover y financiar las manifestaciones sociales, lo que ellos calificaron como “Golpe de Estado”.
“Cada vez que nos presentamos a solicitar la carta de cumplimiento, nos ponen pretextos absurdos para no recibirla, es un abuso de autoridad. Nos limitan el derecho de asociación para trabajar en pro de la ciudadanía. Hemos decidido empezar a utilizar los canales legales que establece la Constitución, porque no pueden seguir obstaculizando el trabajo de la sociedad civil”, dijo Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH.
Las organizaciones que asistieron hoy ante el Migob son Centro de Gobernabilidad y Democracia (Cegoden) dirigida por Fidel Moreira, Movimiento por Nicaragua, dirigida por José Antonio Peraza, Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) y CPDH.
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Presión a unas, muerte civil para otras
Desde diciembre de 2018, el régimen de Daniel Ortega inició una campaña de exterminio contra las organizaciones de la sociedad civil que han denunciado todos los atropellos a la institucionalidad y las violaciones de los derechos humanos a los nicaragüenses durante los trece años del régimen orteguista.
Para ello eliminó de forma ilegal la personería jurídica de nueve organizaciones, entre estas el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Ipade, Popol Na, Fundación del Río e Instituto de Liderazgo en Las Segovias.
A estas cinco organizaciones se suman el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Hagamos Democracia y Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), que también les fue cancelado su personería.
Se les aplicó la Ley contra el Terrorismo y Lavado de Dinero, señalándolas, sin presentar pruebas, de “promover campañas” y haber financiado a grupos que cometieron “actos para desestabilizar el país”, según dijeron los diputados de la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo.
Dichas ONG han tenido un papel fundamental de documentación y denuncia mundial de los crímenes contra las protestas ciudadanas iniciadas en abril, por parte de la Policía y civiles armados por la dictadura orteguista, que dejaron un saldo entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros. Además han documentado el hostigamiento que mantiene contra los opositores, especialmente contra excarcelados políticos.
La abogada Carla Sequeira de la CPDH explicó que al menos 10 organizaciones afectadas se han unido para solicitar la constancia o certificación de cumplimiento a través de las vías legales porque ya son tres años de abuso de autoridad del Migob. “CPDH va al día. Hemos entregado libros contables, estados financieros, todo está en regla, sin embargo no nos entregan la certificación de cumplimiento. Vamos a dejar constancia de las arbitrariedades que está cometiendo el Ministerio de Gobernación a otras organizaciones, que no se les permita el cambio de Junta Directiva”, dijo Sequeira.
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Recursos de amparo en la Corte Suprema de Justicia
Para la próxima semana CPDH presentará recursos de amparos contra el Migob ante la Corte Suprema de Justicia, aunque saben que ahí tienen recursos sin resolver desde el 2019, deben seguir los canales legales, explicó la abogada Sequeira. Además, interpondrán escritos de impulso procesal respecto a los recursos presentados el año pasado y que aún los resuelven.
“Te mantienen en un limbo jurídico para que no podas seguir gestionando tu derecho de libertad de asociación. Son tretas jurídicas del régimen para doblegar a la sociedad civil. Ellos siguen cometiendo as arbitrariedades. Nosotros solo denunciamos los que ellos cometen a través de los medios de comunicación”, dijo Fidel Moreira, de Cegoden.