La pandemia del Covid-19 ha expuesto la fragilidad de los modelos de democracia en Centroamérica, debido a que varios gobiernos están utilizando como excusa la prevención del contagio del virus para extraliminar medidas, o en el caso de Nicaragua no hacer nada, lo que en ambas situaciones se cometen violaciones a los derechos humanos. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) advirtió en su último informe de coyuntura, que estas prácticas antidemocráticas exponen lo frágil en que es acabar con los avances institucionales al autoritarismo.
En el caso de Nicaragua los riesgos son mayores debido a que viene un proceso de destrucción de la institucionalidad desde que Daniel Ortega retomó el poder en 2007. Las violaciones a los derechos humanos con el régimen empeoraron desde la rebelión ciudadana en abril del 2018, al cometerse asesinatos, secuestros, torturas, violaciones, ejecuciones extrajudiciales entre otros crímenes considerados de lesa humanidad por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su informe de coyuntura de abril del 2020, Funides señaló que “dado el deterioro gradual de la democracia en Nicaragua, la crisis sanitaria representa un riesgo para la misma”.
El limitado acceso a la información sobre los casos de personas que se han infectado con el nuevo cornavirus (Covid-19) por parte del Ministerio de Salud (Minsa), no permitirse a periodistas de medios independientes acceder a las conferencias de prensa de las autoridades que brinda a diario sobre la situación de la crisis, no relevar cuántas pruebas han realizado para identificar los focos de contagio son parte de las prácticas antidemocráticas que realiza la dictadura de Ortega y Rosario Murillo en el contexto actual.
Si bien la censura hacia los medios de independientes ha sido tónica del régimen orteguista, durante la crisis sanitaria se convierte en un peligro porque de esa forma las autoridades impiden que la población tenga la información adecuada sobre la pandemia.
“Desde el inicio de la pandemia se han observado algunos factores, característicos de regímenes autoritarios, como es el limitado acceso a la información pública sobre la manera en que el gobierno hace frente a la pandemia, entre ellas el número de pruebas para detectar el Covid-19, aplicadas desde la detección del primer caso”, resaltó en su informe Funides.
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El derecho a la vida, a la salud, la educación, acceso al trabajo, libertad ambulatoria y de manifestación son de los derechos que están en riesgo por las acciones de los gobiernos debido a la pandemia.
Hasta este sábado 2 de mayo el Minsa solo reporta 14 casos positivos, de los cuales cuatro han fallecido y tres estarían activos. Se daría seguimiento a 15 casos sospechosos. Son datos cuestionables para las asociaciones médicas y organismos de la sociedad civil que, ante las políticas del Minsa han adoptado protocolos independientes para monitorear la situación del país determinando que los casos superarían los trescientos positivos. LA PRENSA logró comprobar con información extraoficial que en los hospitales privados hay 14 pacientes con Covid-19 que el Minsa se niega a reportar.
Esa inacción representa una vulneración de los derechos humanos de los nicaragüenses que es tónica de un régimen autoritario como el de Ortega y Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del dictador.
No hacer nada para proteger a la población y más bien exponerla a la infección al promover actividades partidarias y de recreativas convierten al régimen Ortega y Murillo en violador de los derechos humanos, según el informe.
“Nicaragua como el resto del mundo, vive en una situación de extremo riesgo sanitario. El Estado como garante de los derechos humanos debe actuar de forma eficiente y rápidas tomando medidas activas para mitigar el daño que la pandemia podría llegar ejercer en los derechos fundamentales de los nicaragüenses, que se reconocen en la Constitución Política y en múltiples tratados internacionales”, señaló el centro de pensamiento.
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La potencial inacción del régimen ante la pandemia del Covid-19 “puede enfrentarlo a una violación de derechos humanos de carácter omisiva frente a la ciudadanía”, aseguró.
Funides refirió que si bien las medidas en Nicaragua de protección ante el virus Covid-19 no son tan estrictas como las del resto de Centroamérica, se alerta que la situación podría cambiar en la medida en que el régimen vaya perdiendo el control de la crisis sanitaria.
La dictadura Ortega y Murillo ha socavado la institucionalidad democrática por los espacios de participación ciudadana y las libertades civiles, además de la partidarización de las instituciones públicas. Y con la represión pasó a ser clasificado con un régimen autoritario.
El reporte hace referencia que el organismo internacional Freedom House explicó que algunos países con regímenes autoritarios, que es el caso de Nicaragua, “eventualmente adoptan medidas estrictas que parecen ser consecuencias de intereses políticos, acelerando el proceso de autocratización”.
“Nicaragua no está ausente de este riesgo, dado el deterioro de la democracia experimentado los últimos años”, advirtió.