La Unión Europea impuso este lunes 4 de mayo nuevas sanciones al régimen de Daniel Ortega en las personas de seis de sus principales agente represivos.
Son sanciones contra la dictadura y solidaridad con el pueblo de Nicaragua. Así como el régimen de Ortega no descansa en su accionar represivo, a pesar de la pandemia del Covid-19, tampoco la comunidad democrática internacional cede en su compromiso de velar por los derechos humanos y la restauración de la democracia en Nicaragua.
Suponíamos que las sanciones de la Unión Europea a la dictadura de Ortega vendrían después de que pasara la emergencia de salud por la pandemia. Pero nos equivocamos, afortunadamente, pues en medio de la lucha contra el coronavirus la Europa democrática mantiene de manera explícita su respaldo al pueblo de Nicaragua que lucha contra la dictadura.
Las seis personas del régimen sancionadas este lunes por la Unión Europea pertenecen al círculo más cercano a Ortega y han sido promotores, organizadores y ejecutores de algunos de los peores casos de represión, desde la rebelión cívica de abril de 2018. Aquellos casos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado ante el mundo como crímenes de lesa humanidad que en algún momento tendrán que ser castigados.
Pero además, las sanciones de la Unión Europea traen un mensaje político muy significativo, tanto a la dictadura como para la oposición democrática y la ciudadanía nicaragüense en general. Nos referimos a la Declaración del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y vicepresidente de la Unión Europea, Josep Borrell, que fue emitida este mismo lunes 4 de mayo junto con la información específica sobre las sanciones y los sancionados.
Es evidente que la Unión Europea está dando una gran importancia a la situación de Nicaragua. Esto se puede advertir fácilmente en el hecho de que apenas hace 11 días, el mismo vicepresidente y Alto Comisionado Borrell había emitido otra declaración oficial, con motivo del segundo aniversario de la rebelión cívica de abril y la espantosa represión que desató la dictadura para ahogarla en sangre y tratar de liquidar la resistencia popular.
Borrell declaró en esa ocasión que “la Unión Europea sigue comprometida a seguir trabajando hacia una salida pacífica de la crisis actual”, y demandó al régimen de Ortega acordar con los principales grupos de oposición “reformas electorales e institucionales con el objetivo de garantizar elecciones justas y transparentes”. Incluyendo —dijo Borrell y lo ha repetido ahora—, el nombramiento de nuevos miembros del Consejo Supremo Electoral.
En representación de la Unión Europea, Borrell ha reiterado a Ortega que tiene que cumplir esa demanda, indispensable para resolver la crisis sociopolítica que sufre Nicaragua. De manera que el dictador nicaragüense puede decir lo que quiera a sus amigos gobernantes que se dicen no alineados, pero tiene que someterse a la presión de la comunidad democrática internacional, so pena de ser objeto de sanciones mucho más contundentes y determinantes, que las que le han sido impuestas hasta ahora.