Las alcaldías orteguistas han enraizado el secretismo en el manejo de los presupuestos municipales como una práctica para no rendir cuentas sobre el uso de los fondos público, pero también son de las más deficientes con los procesos exigidos en las leyes para elaborar y ejecutar los proyectos. Estas son parte de las conclusiones de la investigación “Transparencia y rendición de cuentas en 20 gobiernos municipales”, elaborado por Expediente Público, programa de investigaciones aplicadas y periodísticas.
Los investigadores solicitaron información en veinte municipalidades, de los cuales once eran controlados por alcaldes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) negándose las autoridades de todas estas a brindar información alegando “no tenían permiso” de parte del régimen a nivel del Ejecutivo.
De las otras nueve alcaldías administradas por partidos opositores, solo siete accedieron a rendir cuentas sobre el uso de los recursos y la ejecución de los proyectos públicos. Aunque la conclusión en general es que las municipalidades enfrentan grandes deficiencias en el cumplimiento de las leyes de ejecución presupuestaria.
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Gilberto Lindo Calero, consultor que lideró el estudio, refirió que el comportamiento en las alcaldías orteguistas obedece a la línea del Gobierno central, que ha deteriorado la autonomía municipal al centralizar los proyectos con parámetros partidarios y no en base a las necesidades reales de los ciudadanos en cada municipio.
“Es parte del secretismo, es la expresión de la línea desde a nivel central hasta el municipal, porque consideran que cualquier información que no la controlen, causará ‘ruido’, porque como la política es hacerlo a su manera dejando de cumplir con el marco legal, entonces prefieren ocultar todo”, cuestionó Lindo.
Una de las consecuencias de esa práctica es que “las autoridades van a decidir por los gastos que consideren más importantes y no necesariamente que respondan a las necesidades de las comunidades”, dijo Lindo.
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Los municipios seleccionados compartían características poblacionales e ingresos tributarios similares en el último año. Los del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que se negaron a transparentar el manejo de sus presupuestos fueron Terrabona y San Ramón en Matagalpa; en Masaya, Catarina y Masatepe; Somoto en Madríz; Santa Rosa del Peñón de León; Condega y San Nicolás en Estelí. También censuraron la información las autoridades de Villa Sandino y Acoyapa en Chontales y de Dolores, en Carazo.
En los municipios de corte oficialista se mostró mucho sigilo. Entre los métodos para evadir dar información fue remitir a los investigadores de uno a otro funcionario para recibir la solicitud, y aunque se les llegó a prometer de que el alcalde o alcaldesa se pronunciaría sobre la solicitud, nunca hubo respuesta.
Alcaldías que dispusieron la información
Las alcaldías opositoras que accedieron a rendir cuentas del manejo presupuestario fueron las de los municipios de El Almendro, en Río San Juan, San Sebastián de Yalí y Santa María de Pantasma en Jinotega; de San Pedro de Lóvago en Chontales que administra el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
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En tanto las del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que dieron información fueron la de Muelle de los Bueyes, en la Región de la Costa Caribe Sur, Camoapa y San José de los Remates en el departamento de Boaco, La Trinidad en Estelí.
Y la de la alcaldía de San Francisco de Cuapa, en Chontales, donde las autoridades son del Partido Liberal Independiente (PLI).
El programa Expediente Público refirió en su informe que las municipalidades que facilitaron abiertamente la información pertenecen a la oposición, y en ella se perciben muchas áreas de mejora, igualmente, es destacable la disposición a la evaluación e interés en los resultados de este estudio.
“En cambio, los municipios de corte oficialista se mostraron cerrados y sin interés en transparentar la información, argumentando la falta de permisos o cualquier excusa que denota la poca transparencia con que han venido funcionando y el incumplimiento de la Ley de acceso a la información pública”, destacó la investigación.
Lindo señaló que de esta forma se confirma la hipótesis de que los gobiernos municipales dirigidos por el FSLN son los menos abiertos para brindar información sobre los presupuestos municipales., “por lo tanto, la rendición de cuentas es nula”, dijo.
Otro de los resultados de la investigación es que el contexto de la crisis sociopolítica desde abril del 2018, causada por la represión del régimen de Daniel Ortega a las manifestaciones sociales, ha sido factor de retrocesos en casi todos los procedimientos de la ley para la formulación de los proyectos municipales y en su ejecución.
“Ese contexto, ha minado el cumplimiento del marco legal que promueve la promoción de la participación en todas las fases del ciclo presupuestario; por un lado, debido a una política de secretismo de la gestión pública practicada por el partido oficialista y, por el otro, a las restricciones financieras impuestas a los municipios cuyos gobiernos pertenecen a partidos de oposición”, se sostiene en el estudio de Expediente Público.
El castigo a las alcaldías opositoras con la disminución de los montos y el retraso de las transferencias presupuestarias por parte del Ministerio de Hacienda, son parte de la represión del régimen. Una práctica que abona a la falta de transparencia.
Otro de los resultados es que si bien en el caso de los municipios administrados por partidos de oposición hay más apertura, los investigadores señalaron que enfrentan grandes deficiencias en el cumplimiento de los procesos de ejecución de los proyectos presupuestarios.
Lindo explicó que el objetivo fue identificar qué tanto se cumplen los procesos establecidos en las normas para completar el ciclo de cómo se conforman los presupuestos municipales hasta la rendición de cuentas de las autoridades con las obras financiadas.
Entre las conclusiones del estudio, refirió Lindo es que han aumentado los incumplimientos a las leyes. “La rendición de cuentas se ha vuelto una simple obligación y no un acto donde el electo, el funcionario, rinda cuentas de manera transparente ante la población”, aseguró.
De las debilidades se identificó que si bien la Legislación presupuestaria municipal indica que las fases de formulación de los presupuestos cada alcaldía debe hacerla pública para que, desde un principio los ciudadanos expresen si están de acuerdo e incluso hagan propuestas de proyectos para beneficio de sus comunidades. Esa fase es de las que menos cumplimiento tiene.
“Es muy débil o casi nula la participación de los ciudadanos en todas las etapas sobre los proyectos financiados con fondos públicos en sus municipalidades, y se debe porque las convocatorias no son públicas, y cuando se dan los cabildos carecen de lo que la ley señala pues se limita el alcalde a un proceso protocolario de informar sobre la recaudación, presentar los proyectos que decidió el Gobierno central que se hagan en las municipalidad, pero no interviene el ciudadano”, afirmó Lindo.
Sin espacio para la auditoría ciudadana
La mayoría de las alcaldías no tiene páginas web donde reporten el avance de los proyectos que permita la auditoría ciudadana.
Esta investigación sobre los gobiernos municipales por parte de Expediente Público concluye la nula actuación de los funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) en asegurar el buen uso de los recursos presupuestarios en las alcaldías. Su actuación es limitada.
Expediente Público indicó que la Contraloría en sus auditorías de cumplimiento, “no evalúa el desempeño de las actividades del ciclo del presupuesto, se limita a evaluar el acatamiento del control interno, en el que se hace más énfasis en el control de recursos ingresados y gastados, omitiendo el tema de riesgo que implica el incumplimiento del marco legal”.
Lindo señaló que la Contraloría no evalúa el cumplimiento real de las leyes por parte de las autoridades municipales, sino que lo limitan a que les presenten las facturas de los gastos, pero no se verifica que se cumplieron los procesos para formular los presupuestos y su ejecución.
El investigador lamentó que esa actuar de la Contraloría se deba a que es otra institución controlada por el régimen, por lo que sus funcionarios responden a orientaciones partidarias.