De forma sincronizada y pasando por sus leyes orgánicas, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y el Banco Central de Nicaragua (BCN) mantienen sin publicar sus dos principales compendios estadísticos que cada una de las entidades divulgan por separado antes de que finalice el primer trimestre de cada año.
En el INSS el responsable de garantizar que este informe se divulgue es Roberto López, presidente de la junta directiva del instituto; y en el Banco Central, es Ovidio Reyes, presidente del máximo emisor bancario de Nicaragua.
En el primer trimestre, la Ley Orgánica del INSS, en su artículo nueve establece que la junta directiva de la entidad está obligada a presentar a la Presidencia de la República, dentro de los tres meses siguientes al término del año fiscal , una memoria que informe sobre el Estado de la Seguridad Social de la nación.
Este reporte, según indica la ley, debe recoger información sobre los resultados obtenidos, con su costo correspondientes, en el ejercicio anual, “así como la situación de los programas en desarrollo en los tres aspectos, de asistencia social, asistencia médica y seguros sociales”. Una copia de este documento, debe ser enviado a la Asamblea Nacional.
Este reporte generalmente se divulga antes de que finalice marzo, lo que en términos generales permite a la ciudadanía y analistas independientes analizar con detalle cuáles son los gastos que está realizando el instituto en sus diferentes programas de atención, la planilla del INSS, los salarios de los trabajadores del instituto, el balance general, la variación del gasto en los programas de atención a los asegurados y pensionados, el número de empresas que están aportando según tamaño, la situación de la cobertura de Seguridad Social en los departamentos, la evolución de los salarios de los cotizantes, entre otros.
El anuario 2019, que hasta el cierre de edición de este 8 de mayo no se había divulgado, iba a permitir conocer el verdadero impacto que tuvo la reforma de la Seguridad Social el año pasado, de ahí la importancia que este sea publicado, además que es una obligación por ley y un derecho de acceso a la información pública.
Róger Murillo, consultor en Seguridad Social y exgerente de Estudios Actuariales de la Superintendencia de Pensiones y del INSS, explica que la intención de ocultar el anuario es esconder el descalabro del instituto. “Quieren ocultar el desbarajuste que tiene el Seguro, el déficit verdadero, lo más grave es la población asegurada activa que tienen, quieren ocultar en cuánto ha disminuido la población de asegurados activos a diciembre del 2019”.
Murillo asegura que el documento lo vio publicado en marzo, pero fue retirado inmediatamente. “Yo logré ver que el número de afiliados había caído 770,025, el bajón fue grande, a mí me quedó grabada la cifra. No bajé el documento, porque pensé que lo iban a dejar ahí, pero después lo quitaron”, afirma el especialista.
“Quieren ocultar la verdad, se equivocaron, lo sacaron y después lo quitaron, estoy seguro, porque yo lo vi”, enfatiza.
LA PRENSA en marzo estuvo monitoreando la divulgación de este documento, cuyos históricos desde las administraciones pasadas están disponibles, pero este año por primera vez no se cuenta con el informe del 2019, el año en que el régimen de Daniel Ortega castigó a las empresas y trabajadores con más retención de este aporte.
Ayer este diario intentó rastrear el documento en la web, pero del mismo no existe hallazgo de que el mismo haya sido publicado en algún momento en marzo.
INSS debe rendir cuenta a cotizantes
La diputada opositora, Azucena Castillo afirma que señaló que el INSS está obligado a divulgar la información porque “es una institución que se debe a sus cotizantes, y deben rendir cuentas, además hay una ley de acceso a la información pública, que exige a todas la instituciones informar todo lo que se hace, pero en la práctica esa ley no se cumple”.
Los últimos datos públicos del INSS, están hasta diciembre del 2018; para entonces el déficit global de la institución había alcanzado 4,508.6 millones de córdobas. Se desconoce cómo evolucionaron las finanzas del instituto antes y después de la reforma a la Seguridad Social en el 2019 y la poca información que se conoce son proyecciones que Hacienda incorporó en el proyecto de Presupuesto General de la República 2020, cuyas estimaciones de octubre del año pasado habrían quedado desfasadas.
Lea también: Estas son las razones de por qué las cifras económicas 2019 del BCN son dudosas, según Funides y Copades
“El INSS es un hoyo negro, no sabemos qué pasó con un INSS, que lo encontraron en superávit y lo entregaron deficitario”, dijo el analista económico y político, Eliseo Núñez, al ser consultado por LA PRENSA.
En 2007, Ortega recibió al INSS con un superávit de más de 1,000 millones de córdobas y en el 2013 este se convirtió en déficit crecientes, que al menos hasta el 2018 tenían a la entidad al borde del colapso financiero.
Según el Presupuesto General de la República 2020, este año se esperaba un déficit de 3,184.4 millones de córdobas, sin embargo los pronósticos pueden ser peores tomando en cuenta que la pandemia del coronavirus ha provocado una reducción de afiliados al Seguro Social.
Este año el Seguro Social completará ocho años consecutivos de crisis financiera que, aunque el régimen ha intentado solventar con drásticas reformas a costa de golpear a las empresas y a los trabajadores, aún no ha logrado sacarlo del atolladero.
También el BCN oculta informe
El Banco Central de Nicaragua no se queda atrás en las violaciones de ley. Hasta ayer y pese a que su ley orgánica lo obliga a divulgar el informa anual en el primer trimestre, este hasta el cierre de esta edición seguía sin publicarse.
En su mismo sitio web, el BCN admite que el informe anual “es una de las publicaciones más importantes del ente emisor, y junto con los informes mensuales de situación, constituyen las únicas publicaciones mandatadas expresamente por ley”.
Al respecto menciona que el artículo 32 de la Ley 732, Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, establece literalmente lo siguiente: “Dentro de los tres primeros meses de cada año, el Presidente del Banco Central presentará al Presidente de la República el Informe Anual de la Institución, el cual será publicado”.
Según la misma ley, este documento debe contener: la evaluación de la situación general del Banco y del cumplimiento de su programa monetario anual; un análisis de la situación financiera del Banco y del desarrollo de las operaciones practicadas en el curso del año; una descripción y análisis de la política monetaria y cambiaria que ha seguido el Banco en el curso del año correspondiente; así como una descripción de la evolución económica y financiera del país. igualmente información estadística que el Banco juzgue de utilidad.
“Creo que una de las debilidades de este gobierno ha sido la falta de transparencia y eso se refleja también en cómo se incide en la institucionalidad, por ejemplo el Banco Central y el INSS no han publicado los anuarios a como se acostumbraba, presumo que es parte de una dirección que va en esa línea, mientras no se le dé una instrucción para publicar eso, no lo vamos a ver”, dijo Castillo.
El máximo emisor tampoco ha actualizado el cronograma de publicaciones y la única referencia que se tiene es el calendario del 2019, el cual indica que en abril se tuvo que publicar el anuario estadístico, otro documento que se acompaña con el informe anual, que generalmente se divulga primero que el anuario.
Castillo señala que estos informes son de vital importancia porque son una referencia para la toma de decisiones a nivel nacional como internacional.
“La verdad es que el país debe estar informado cómo va, el Banco Central es importantísimo para saber sobre las Cuentas Nacional, cómo están las reservas, esa información influye mucho en las decisiones que se toman a nivel privado”, dijo Castillo.
Puede interesarle: Tres «tormentas perfectas» sobre la economía de Nicaragua. Estiman caída de 5% este año
El economista Luis Murillo señala que cuando no se tiene información necesario genera incertidumbre en los distintos sectores. “Lo más preocupante es que toda la batería de datos estadísticos que están desactualizados, como son las remesas familiares, el mercado laboral, la producción, comercio exterior, información es necesaria para guiarse, es como un mapa que te dirige por donde irte y si no lo tenés te perdés y esto obviamente genera incertidumbre”, explicó.
Al respecto, Núñez dijo que el BCN “no presenta el informe porque se toman su tiempo para ajustar cifras, ellos analizan el comportamiento anterior y hacen un ajuste basado en ciertas verdades y manipulan algunos números y eso termina por generar cifras que no son útiles, estas cifras de crecimiento y todo los demás han venido siendo manipuladas desde antes” de la crisis.
El Fondo Monetario Internacional ya ha urgido al Gobierno de Daniel Ortega que mejore la recopilación y divulgación de información económica en Nicaragua.
Hasta ahora el BCN, que ha sido la entidad más ausente tanto en la crisis sociopolítica como en la sanitaria, solo divulgó en marzo un cuestionado dato sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto en el 2019, que reflejaba una desaceleración en recesión con relación al 2018, con una caída de 3.9 por ciento.Igualmente se divulgó el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) de ese año, el cual obligatoriamente se debió publicar para acompañar intentar darle credibilidad al reporte del PIB.