Esta semana, la Unión Europea y el Reino Unido adoptaron sanciones individuales, incluidas la prohibición de ingreso a los países europeos y el congelamiento de activos, contra seis funcionarios nicaragüenses implicados en la feroz arremetida contra opositores del régimen de Daniel Ortega en 2018. Con esta medida, los europeos han enviado un mensaje claro que no tolerarán la represión que aún persiste en Nicaragua.
El récord de derechos humanos del gobierno actual es deplorable. La represión de manifestantes, opositores y críticos en 2018 dejó un saldo de cientos de muertos, miles de heridos, detenciones arbitrarias y la censura de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil. En marzo de este año, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que persiste la represión relacionada con los hechos de 2018. La respuesta del gobierno a la pandemia de coronavirus, que consistió, entre otras cosas, en ignorar las recomendaciones de los expertos en salud pública, optar por no establecer una cuarentena y convocar a la población a participar en actos multitudinarios, ha puesto en riesgo la salud y la seguridad de los nicaragüenses.
En 2019, Human Rights Watch recomendó a varios gobiernos que sancionaran a siete funcionarios nicaragüenses tras publicar evidencia de su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos, como violencia contra manifestantes, torturas y persecución de organizaciones de la sociedad civil, manifestantes y medios de comunicación.
Las nuevas sanciones incluyen a cuatro de los mencionados en nuestro informe: Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional; Ramón Avellán, subdirector de esa fuerza; Luis Pérez Olivas, director de la cárcel el Chipote, y Justo Pastor Urbina, director de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. La Policía Nacional fue la principal fuerza encargada de reprimir en 2018 y agentes de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos contra manifestantes en el Chipote.
Los otros dos sancionados son Sonia Castro González y Néstor Moncada Lau, asesores en salud y seguridad nacional, respectivamente, de Ortega. Según la UE, Castro González obstaculizó el acceso de los manifestantes heridos a la atención médica de urgencia y Moncada Lau participó de manera directa en la implementación de políticas para reprimir a los manifestantes. Human Rights Watch comprobó que, durante y después de la represión de 2018, el Ministerio de Salud despidió al menos a 400 médicos que atendieron a víctimas de abusos, y que policías y grupos armados del gobierno amenazaron de muerte a algunos médicos.
Las sanciones de la UE y del Reino Unido se suman a aquellas ya adoptadas por Estados Unidos y Canadá para aumentar la necesaria presión contra el gobierno de Ortega. Sin ello, el gobierno nicaragüense creerá que puede seguir cometiendo abusos con total impunidad y las víctimas seguirán viviendo con temor y sin que los responsables sean llevados ante la justicia.
Es indispensable que esa presión internacional continúe.
El autor es director de la División de las Américas de Human Rights Watch.