Una agria disputa protagonizan esta semana el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la principal organización empresarial de ese país, que conllevó incluso a que el mandatario anunciara el martes 12 de mayo que desconocía a Javier Simán como presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), el equivalente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en Nicaragua.
“Es evidente que el nuevo liderazgo de ANEP solo busca sabotear el trabajo del Gobierno. Lo peor, lo hace en medio de una pandemia”, escribió Bukele en sus redes sociales, un conflicto que también involucra a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades)- el equivalente de Funides en Nicaragua-, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y la Escuela Superior de Economía y Negocios, entre otros.
En Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada emitió la mañana de este miércoles un comunicado donde anunció su respaldo a Javier Simán y fustigó al Gobierno de Bukele, al que acusó de pretender someter al sector privado a “chatajes y presiones oficiales”.
“El sector privado salvadoreño organizado en ANEP conforme las leyes de El Salvador, es para los empresarios centroamericanos la entidad gremial empresarial representante de los valores y principios que postulamos en defensa de los derechos humanos, la democracia y la libre empresa, por lo que rechazamos que desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo de ese país, se pretenda socavar su liderazgo y representatividad”, dijo Cosep en su pronunciamiento.
Lea además: Nayib Bukele, camino a convertirse en el primer dictador milenial, señala análisis de The Economist
Esta es la manzana de la discordia
Pero, ¿cuál es la razón del conflicto entre la mayor cúpula empresarial de El Salvador y Bukele? ¿Cuáles son los argumentos de cada uno de los bandos? ¿Qué dicen los analistas salvadoreños sobre la disputa, según publican los medios de comunicación de ese país?
Resulta que en El Salvador se conformó un comité de supervisión de un fondo de emergencia por un valor de 2,000 millones de dólares que se utilizará para afrontar la pandemia del Covid-19. Una vez que se conocieron a los miembros del comité, que fue avalado por el parlamento, el Gobierno de Bukele exigió que estos se sometieran a una revisión patrimonial por parte de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia de ese país.
Es decir, que los representantes de estas organizaciones debían presentar una declaración jurada de su patrimonio tanto al principio como al final del funcionamiento del comité, esto con el fin de asegurar transparencia en el destino de los fondos públicos. Pero además, a estos miembros del sector privado y académicos se les prohibió contratar con el Estado, mientras durara la emergencia y fueran miembros activos del comité.
El comité, que se creó mediante un decreto legislativo en marzo pasado, tendría entre sus funciones supervisar todas las actividades que se desarrollaran con el fondo millonario, incluyendo el manejo de los fondos públicos.
La exigencia de presentar una declaración de patrimonio a los miembros del comité provocó que la gran mayoría de miembros del comité renunciaran a sus representaciones en el comité, abriendo una grieta entre la Presidencia y el sector privado, en momentos en que El Salvador se encuentra en la fase de mayor contagio del Covid-19 y además ha logrado conseguir significativos recursos externos para afrontar la pandemia.
“El Gobierno se muestra sorprendido ante la renuncia de los miembros de la empresa privada y la academia, considerando que desde el principio de nuestra administración, sus voceros e instituciones han sido de los primeros actores en solicitar al Ejecutivo, de manera reiterada, transparencia y rendición de cuentas en sus acciones”, dijo la Presidencia de Bukele en un comunicado.
Lea además: ¿Por qué Bukele amenazó a la banca con duras sanciones en plena cuarentena?
“Ellos debieron someterse al escrutinio público y no lo hicieron”, dijo Bukele, dando paso en El Salvador a un debate jurídico sobre si el Gobierno tiene o no facultad para exigir una declaración de patrimonio a entidades y personas que no ejercen funciones públicas.
Posiciones encontradas
¿Qué dicen los juristas salvadoreños? La decisión de Bukele de desconocer la presidencia de Javier Simán ha provocado una avalancha de respaldo por parte del sector privado en ese país y de la región, incluida Nicaragua, en favor de Simán.
En ese país, los analistas jurídicos han explicado que efectivamente ninguno de los que son miembros del comité están obligados por ley a presentar declaración patrimonial, porque estos no tienen potestad de tomar decisiones sobre el destino de los 2,000 millones de dólares, sino que solo son supervisores.
El diario La Prensa Gráfica de El Salvador consultó a tres especialistas, incluido un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de ese país. “Ellos no tienen carácter de funcionarios, allí se equivoca el Ejecutivo cuando dice que ellos iban a adquirir el carácter de funcionarios. No están en la lista que da la ley y no hay, hasta donde yo sepa, una resolución de la Corte Suprema de Justicia que haya dicho que ellos tendrían que haberlo rendido”, dijo uno de ellos, citados por el diario salvadoreño.
Pero la organización Acción Ciudadana refutó lo planteado por los analistas jurídicos. Según La Prensa Gráfica, el representante de esta organización indicó: “Es atendible que ellos por tema de transparencia dieran su declaración de patrimonio. Porque aunque yo no maneje fondos públicos, pero qué tal que yo manipulo o maniobro adentro del comité a qué empresas contratar para la adquisición de equis producto o insumo médico. ¿Y qué tal que yo tengo interés en esa empresa?”.
En Nicaragua, Cosep cierra fila a favor de sus pares
Además de condenar la actitud del Gobierno, en Nicaragua el Cosep hizo un llamado a Nayib Bukele “para que a través del diálogo con respeto y tolerancia, tenga la capacidad y la serenidad como estadista para unir a su país y trabajar en beneficio de su pueblo; estando convencidos que ANEP, sus dirigentes, sus Cámaras y empresarios, estarán dispuestos a superar estas diferencias y trabajar en beneficio del pueblo salvadoreño”.
Lea además: Nayib Bukele pone mano dura a bancos, maquilas y telefónicas en medio de la pandemia
Si bien este no es el primer choque entre Bukele y el sector privado durante la pandemia, lo cierto es que esta es una de las mayores grietas que se ha abierto entre ambos bandos. Bukele se ha quejado de la resistencia que algunos sectores empresariales han mostrado en su lucha contra la pandemia.
En América Latina, desde un principio Bukele se destacó por su gestión frente a la pandemia, sin embargo varias de sus acciones lo han puesto en el radar de organizaciones de derechos humanos internacionales, que lo señalan de avanzar hacia una dirección autoritaria y de violaciones a los derechos humanos.