A Thomas Jefferson (1743-1826) uno de los próceres de Estados Unidos, se le atribuye haber redactado la Declaración de la Independencia, en la que después de promulgar una serie de derechos fundamentales del ciudadano, expresa lo siguiente: “Para garantizar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, pero previo consentimiento de los gobernados. Siempre y cada vez que una fórmula de gobierno imposibilite el acceso a aquellos derechos, el pueblo puede modificarla o abolirla y crear un gobierno nuevo”.
Este principio, columna vertebral de la democracia, en lo sucesivo fue adoptado por los gobiernos latinoamericanos como norma obligada en sus Constituciones, siendo reforzado después en el discurso pronunciado por Abraham Lincoln en su famosa oración de Gettysburg, cuando definió la democracia como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
Traigo esto a colación porque, principalmente, desde el 18 de abril del 2018 los nicaragüenses y el mundo entero hemos podido constatar que el régimen de los Ortega-Murillo ha perdido toda legitimidad para gobernar, por las siguientes dos razones:
a) Porque además de destruir la institucionalidad democrática que veníamos levantando antes del 2007, en franca violación de nuestra Constitución han cometido crímenes de lesa humanidad y han convertido al gobierno en antro de corrupción que afrenta al decoro y a la dignidad propios del ser nicaragüense.
b) Porque en estos últimos 4 meses, ante la amenaza letal que se cierne sobre nuestro pueblo por la infausta presencia de la pandemia del coronavirus, han demostrado no solo su incapacidad manifiesta para gobernar, sino su falta de sensibilidad social al exponer a miles de nuestros compatriotas a una hecatombe de catastróficas consecuencias, no solo para el país sino para toda la región centroamericana.
En síntesis, las condiciones objetivas y subjetivas están dadas para una huelga general de brazos caídos que exija la renuncia irrevocable del binomio Ortega-Murillo y de todo su aparato corrupto y represivo, para dar paso a un nuevo gobierno de transición hacia la democracia.
Este gobierno de transición, en mi opinión, no debe durar más de dos años en el poder, lo suficiente para reorganizar todo el aparato administrativo del Estado y preparar simultáneamente unas elecciones generales (presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes) que además de ser libres y honestas con observación nacional e internacional, debe servir para garantizarle al pueblo nicaragüense: que se hará justicia en el caso de los delitos cometidos por el régimen imperante y sus secuaces. Y que nunca más volveremos a sufrir los desmanes de otra dictadura, como las que nos impusieron el somocismo y el orteguismo hasta nuestros días.
El autor es periodista, secretario general de la Asociación de Nicaragüenses en el Extranjero (ANE).