Que la tarifa de energía eléctrica baje 17 por ciento a partir de mayo y que se suspendan temporalmente los pagos a la Caja Rural Nacional (Caruna) son las principales demandas que hizo este viernes el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), sumándose así a la exigencia que también plantearon hace 25 días seis cámaras de dicha organización.
Para lograr esa rebaja tarifaria, el Cosep propone tres medidas combinadas, que permitirían un significativo alivio a los hogares y empresas, en momentos que la recesión, que ya acumula dos años, está haciendo estragos en la economía familiar y empresarial.
“Una de las medidas económicas que tiene un impacto transversal positivo para todos es la reducción de la tarifa eléctrica. Es por ello que proponemos una serie de acciones a las autoridades que sumadas a la baja del precio de petróleo permitan que la tarifa eléctrica se reduzca”, dijo el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.
En el comunicado, el Cosep señala que desde 2019 se ha visto una reducción sostenida en los precios del petróleo, la cual se ha acentuado en las últimas semanas por el efecto de la pandemia en la economía mundial. “Debido a la mencionada baja de los precio del petróleo, hay desvíos positivos o ahorros a favor de la tarifa de electricidad de los clientes regulados de Disnorte-Dissur. Estos ahorros deberían trasladarse como descuento a la tarifa de todos sus clientes”.
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También sugiere como medida paralela, que se suspendan las importaciones de energía eléctrica para permitirle a los generadores locales que inyecten a la red electricidad más barata. Por ejemplo, indicó que actualmente traer esta energía cuesta 98 dólares por megawatt hora, mientras que acá, con el actual precio del petróleo, se puede entregar energía a 50 dólares. “Al suspender esta importación y eliminar este sobrecosto, se produciría un ahorro considerable adicional en la tarifa”, explica Cosep.
Para ello, se requeriría que se procede a suspender las transacciones de importación entre Disnorte-Dissur y Enel Bluefields.
“La reducción de la tarifa aliviaría la situación de los hogares nicaragüenses que han visto su presupuesto familiar golpeado por diversas razones, incluyendo incrementos en la factura de energía, así como la de los dueños de negocios de todo tipo, comerciantes, industriales, agricultores, que usan riego y productores en general que han sufrido severos impactos en sus costos de operación ayudándoles a proteger el empleo y sostener sus empresas”, señala Cosep.
Suspender pago a Caruna
Cosep también demanda suspender temporalmente el pago de deuda que tiene el sector energético con la estatal Caruna. “La disposición legal que establece que el ahorro en la tarifa del petróleo se orienta al pago del préstamo de Caruna debería dejarse temporalmente sin efecto en las actuales circunstancias para contribuir adicionalmente a la reducción de la tarifa”, señala.
La deuda con Caruna es una de las más opacas que existen en Nicaragua, un negocio ligado a la familia Ortega Murillo. Hasta ahora el régimen no ha explicado cómo ha evolucionado el pago de esa deuda que data desde el 2010. La última vez que se supo de este adeudo fue en 2016.
“Consideramos la disminución de costos e incrementos de ahorros como consecuencia de la implementación de las medidas señaladas, proponemos que estos se trasladen como un beneficio para todos los usuarios, a través de una reducción que estimamos de un 17 por ciento en la tarifa que este vigente a partir de mayo y por el resto del año 2020”, agregó.
Las medidas se complementan
Según una explicación de Cosep, para lograr la reducción del 17 por ciento cada una de las medidas se deben poner en marcha. “Es decir, la medida 1 equivale a un 10.5 por ciento de ahorro y la 2 y 3 equivalen entre ambas a 6.5 por ciento. Las tres juntas dan 17 por ciento”, explica Aguerri.
“Si no suspenden las importaciones y revierten la resolución del INE solo podrían reducir hasta en un 10.5 por ciento . Y luego esto se tiene que combinar con la no aplicación de la ley actual en relación a que los desvíos tarifarios se le apliquen a Caruna y no a la tarifa”, precisó.
Hasta abril, según el pliego tarifario público en el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), la tarifa presentaba un aumento del 0.23 por ciento, correspondiente al deslizamiento de la moneda.
¿Otro nuevo cargo en la tarifa?
Otra acción que exige el Cosep es que se revierta una resolución que incorporó a la tarifa eléctrica un cargo adicional en concepto de supuestos desvíos tarifarios por supuesta deuda por déficit de alumbrado público y desvíos del precio medio de venta. “El cobro de estos desvíos tarifarios evitó que se diera una reducción efectiva de la tarifa a favor de los clientes”, explicó Cosep. Este nuevo cargo aparece en resolución INE-CD-13-12-2019.
Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) manifestó que desde hace tiempo se ha documentado que Nicaragua tiene la tarifa en varios sectores más alta de la región centroamericana y que los aumentos constantes le han restado competitividad al país.
“Con la tarifa se ha visto afectada la industria, la producción, las exportaciones y el empleo, eso ha provocado que no vengan nuevas inversiones tanto nacionales como extranjeras”, expresó Maltez.
Señaló que con esta crisis sanitaria muchos países de la región han buscado estrategias para darle un alivio a la población y a las empresas con este servicio, lo que no ha sucedido con Nicaragua.
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“Por ejemplo en Honduras hubo una reducción del 15 por ciento en su tarifa de energía eléctrica, en Guatemala se prohíbe los corte por pagos atrasados, en El Salvador hay una suspensión en el pago por tres meses, en Costa Rica se está pagando solo el 50 por ciento de los cobros y en Panamá hubo una suspensión por cuatro meses, como vemos toda la población de la región ha tenido un alivio con este tema”, afirmó Maltez.
Hace 25 días, la propuesta de una rebaja de 20 por ciento en la tarifa eléctrica que hicieron seis cámaras de Cosep fue desestimada por César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), quien señaló que una rebaja de ese nivel no era viable, porque había que proteger de la quiebra a la empresa distribuidora Disnorte-Dissur, la que reporta un aumento estrepitoso en pérdidas financieras.