Wiwilí: «Tenemos un mal peor que el Covid-19»

Parece tierra de nadie. Sin ley, sin justicia y sin seguridad para sus habitantes. Los ciudadanos se guardan temprano en sus humildes casas de madera o concreto, sobre todo los opositores, para evitar “un incidente”.

El temor de las comunidades de Wiwilí continúa latente desde 2017. Foto: Óscar Navarrete/ LA PRENSA.

A 240 kilómetros de la capital Managua, Nicaragua, donde aún le temen más a salir de sus casas por la presencia de grupos armados ligados al Frente Sandinista que a ser contagiados de Covid-19, se encuentra el municipio de Wiwilí, Jinotega, tierra de agricultores y comerciantes que procuran, dicen, no andar de noche “por seguridad” desde que la Alcaldía fue ganada por los liberales.

“Les dolió perderla”, comenta la alcaldesa Reyna Hernández al referirse al momento que inició la persecución en el municipio donde asegura le ha tocado tener “carácter militar” para no renunciar, ante el acoso y persecución del Frente Sandinista.

En la memoria de los wiwileños todo comenzó ese 5 de noviembre de 2017, cuando vieron por primera vez la ira del Frente Sandinista, a través de sus grupos de choque que los lugareños prefieren llamar “paramilitares”.

La alcaldesa Hernández recuerda que esa misma noche de contienda electoral “empezó la persecución de los opositores”. “Nos atacaron la casa de campaña en plena noche de elecciones. Se vinieron las turbas, nos agarraron a pedradas y luego empezaron las balas y fue ahí donde muere el primer opositor, un fiscal de ruta”.

El político Elías Pineda, fiscal de ruta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), según la alcaldesa fue asesinado en las últimas horas de la noche de ese 5 de noviembre, mientras un grupo de sujetos de la Alcaldía de Wiwilí, en ese entonces sandinista y dirigida por la alcaldesa saliente Karla Morales, retuvo a una de las presidentas de mesa del PLC y la gente se levantó para rescatarla.

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“La muerte se dio luego que pobladores llegaran a reclamar a la Alcaldía, porque ellos tenían planeado robarse las elecciones, que agarraron a los que venían del río de una comunidad que se llama El Tablazo. Una de las que ahí me agarran es la presidenta de la junta receptora de votos y la fueron a meter a la Alcaldía, que en ese momento era sandinista todavía, pero la gente los siguió. Yo no sé cómo ella pudo, pero me llamó y me dijo ‘me tienen aquí en la Alcaldía, me tienen secuestrada’. Entonces, la gente que estaba conmigo en ese momento se movilizó y fue ahí donde se dio el ataque y agarraron a pedradas a la gente, luego atacaron la casa de campaña y ahí mataron al fiscal. Le dispararon en la cabeza”, detalló la edil de Wiwilí.

Sin embargo, la Alcaldía de Wiwilí fue ganada por el PLC. Su nueva alcaldesa se quejó que aunque los resultados los mostraban ganadores, en realidad no lo hacían con la verdadera cantidad de votos que obtuvieron.

El saqueo

El 10 de enero 2018, como todos los años luego de una elección municipal, tocaba que el alcalde asumiera su período ganado, en esta caso le tocaba a Reyna Hernández, en Wiwilí. Sin embargo, los sandinista no respetaron ley y se la entregaron hasta el 19 de ese mes y “casi a la fuerza”.

“No la querían entregar y cuando la dieron nos la dejaron limpia, solo con las paredes, sacaron computadoras, todo, todo lo que era de la Alcaldía, saquearon las propiedades de la comuna entregándolas a otras instituciones, no dejaron escrituras, nada, solo deudas. Me dejaron una de 4 millones de córdobas que nos tocó pagar”.

La alcaldesa Hernández lamenta que todo ese boicot que le han hecho a su administración, pues las transferencias municipales también han sido utilizadas “para evitar el progreso” en Wiwilí, hayan impactado también en la calidad de vida de sus pobladores.

La Alcaldía de Wiwilí, según su actual administración, fue saqueada por funcionarios sandinistas. Foto: Óscar Navarrete/La Prensa.

Hernández detalló que el presupuesto que tenían los sandinistas cuando gobernaban la comuna de Wiwilí era de unos 96 millones de córdobas, “pero a nosotros nos vinieron reduciendo hasta que nos dejaron con un poco más de C$736,000”, detalló la alcaldesa.

La actual administración de la Alcaldía afirma que han dado prioridad a la reparación de caminos, pues su municipio es altamente productor de café, ganadero y en menor medida de granos básicos.

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A plena vista se nota las dificultades de la comuna. Las calles principales del municipio son adoquinadas y las alternas varían entre pavimentadas y de tierra. En la periferia del centro hay poca luminaria y esas oscuranas también son usadas, aseguran los lugareños, por quienes cometen sus fechorías.

Hernández señaló que la municipalidad, ante el mínimo presupuesto que reciben para pagar planilla, ha recibido el apoyo de los productores en gasolina y alimento para los trabajadores, mientras ellos ponen maquinaria y hombres. Con esa estrategia apuntó que han logrado sacar adelante caminos importantes de las cinco microrregiones que tiene Wiwilí: Wamblán, Plan de Grama, El Carmen, Malecón y El Tope.

Sumado a todo el boicot, la comuna también tuvo que enfrentar una demanda laboral que iniciaron trabajadores sandinistas que fueron despedidos por Hernández, quien aduce que los colaboradores “no obedecían, los ubicaban en otras áreas y tampoco se movían. Pasaron tres meses prácticamente calentando sillas y se les pagaba, entonces, al final tuve que ir despidiendo a quienes se rehusaban a acatar y cumplir su trabajo”.

En total, en la Alcaldía de Wiwilí se despidió en los primeros meses de 2018 a 36 trabajadores de forma paulatina. No obstante, esos funcionarios de tendencia sandinista no dudaron en demandar, pese a que según Hernández “nunca les negué su pago”.

“No quise asumir un convenio colectivo así como ella (Morales) lo dejó, entonces, es ahí donde empiezan esta demanda, al punto que ahora me acusan de que incumplo, desacato a la autoridad, pero no es verdad porque el Concejo es la máxima autoridad y la misma juez (Aída López) mandó orden al Concejo para que hiciera arreglos de pago y se viera de qué forma se les iba a pagar y se ha venido cumpliendo, ahí están las copias de los cheques, entonces, no hay tal incumplimiento”.

El 23 de abril, Hernández había sido notificada de que la juez López había orientado un embargo ejecutivo de bienes considerados como “particulares” por el monto de un poco más de 16 millones de córdobas, para pagar la liquidación a 36 exempleados orteguistas que aducen haber sido “despedidos injustificadamente”.

Reina Hernández
Alcaldesa de Wiwilí enfrenta medidas por supuesto desacato. Foto: Cortesía.

La alcaldesa lamentó ese actuar pues aseguró que si ya estaban trabajando con las uñas ahora los dejan con una de “dos áreas abiertas, lo que es Cartas de Venta, Registro Civil, con lo que podamos”. Sin embargo, aseguró que “no se van a correr, ni dar por vencidos, porque la gente, el campesino nos está diciendo que no nos corramos, que si nos quedamos sin nada por lo menos ellos nos garantizarán la comida”.

Hasta la fecha, según un comunicado publicado el pasado 15 de mayo, han sido embargados las cuentas de la Alcaldía por un monto de C$ 2, 323, 402.76 y una camioneta que fue arrebatada por la Policía Orteguista sin ninguna orden según la edil.

La comuna detalló que el monto embargado hasta la fecha pertenecen a cuentas de: transferencia capital donde tenían la cantidad de C$ 284, 207.45, transferencia corriente con C$ 64, 809.00, fondos propios con C$ 274, 747.73,  fondos propios (cuenta de Ahorro) con C$ 1, 370, 818.59, NAKOPA(Donación de Freiburg para un Proyecto de agua) con C$ 155, 924.82 y fianzas (Dinero de contratistas) con C$ 172, 894.26.

La alcaldesa advirtió que además de todas estas sumas que le fueron embargadas y la dejan prácticamente imposibilitada de hacer cosas por el pueblo de Wiwilí y pagar a sus trabajadores, ha quedado la posibilidad de embargo «durante lo que resta del año la cuenta de gastos corrientes por un monto de C$ 6, 663, 952, para un total a la fecha de hoy de C$ 8, 987, 353.76».

La alcaldesa de Wiwilí refirió que el embargo se da supuestamente por “incumplimiento”, pero ellos han realizado varios pagos y aseguró tener copias de todos esos cheques que han sido girados como pagos a esos trabajadores sandinistas.

“Lo que pasa es que ellos (los trabajadores) se deben a su partido y en este caso el secretario político del municipio es una persona muy dura, no acepta que le haya ganado la Alcaldía y ha tratado de perjudicarme por todos los medios posibles, entonces, ellos mismos han jochado a los trabajadores para que no acepten lo que se les ofrece por ley”, dijo Hernández.

No obstante, advirtió que interpondrán todos los recursos que sean convenientes y permita la ley, para evitar que se siga pisoteando los beneficios del pueblo con decisiones que solo buscan apoyar mentiras del Frente Sandinista.

En abril

En abril de 2018, al igual que en el resto de Nicaragua, docenas de wiwileños salieron a protestar por un país libre, justo y democrático. Los campesinos, asegura Hernández, se unieron en una sola voz y fueron ellos que lideraron junto a los jóvenes esa lucha en Wiwilí.

“El pueblo fue el que se organizó. Ningún político vino aquí a organizarnos, nosotros que estamos cansados de este régimen somos los que nos organizamos”, comentó vía telefónica un opositor de Wiwilí que continúa escondido en la montaña, luego de protestar contra el régimen orteguista.

En Wiwilí, además de las marchas que se organizaron, los campesinos montaron un tranque en el sector de La Marañosa. Habitantes del pueblo que conversaron vía telefónica con La Prensa aseguran que no se sentían amenazados, pues era su misma gente la que estaba ahí.

Sector donde se ubicó un tranque en protesta al régimen de Daniel Ortega. Foto: Cortesía.

“El tranque estuvo ahí dos meses, lo montaron entre abril y mayo. La gente llevaba su comida, porque son campesinos y no necesitan andar pidiendo a nadie, y no hubo violencia”, comentó la alcaldesa, quien confesó que visitó el tranque para ver cómo estaba la gente.

En junio, cuando empezó la “operación limpieza”, los campesinos decidieron levantar el tranque e irse a sus casas sin pensar que la persecución sería peor. Los lugareños aseguran que desde entonces no tuvieron paz.

La alcaldesa Hernández recuerda que luego que los campesinos quitaron el tranque de La Marañosa, un grupo de “paramilitares sandinistas levantó tres en las vías principales de salida o entrada de Wiwilí, donde no me dejaban ni salir a las microrregiones, estaba secuestrada en el mismo municipio por gente encapuchada y armada”.

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Desde entonces empezaron a reportarse muertes como pan de cada día. La gente estaba y sigue atemorizada. Una de las madres de las víctimas que han sido asesinadas refiere, vía telefónica, que ahora muchos han optado por tener a sus hijos encerrados antes de las seis, para “evitar un incidente”.

El 23 de junio, recordó Hernández, se dio una de las muertes que más los sorprendió. “Mataron a Alejandro Ríos, lo conocíamos de cariño como Alejandrito, él estaba celebrando el Día del Padre y llegaron los paramilitares y lo mataron frente a su casa, estaba celebrando el Día del Padre y era sandinista, pero como no estaba de acuerdo con lo que andaban haciendo los de su partido le llegaron a pasar la cuenta”, afirmó.

La alcaldesa asegura que en esos meses que estuvieron apostados los paramilitares en tres puntos del municipio hasta el mismo Ejército de Nicaragua la contactó, afirmando que la querían “ayudar”, porque “no querían muertos en ese municipio”.

Hernández reveló que intentó reunirse con los miembros del Ejército, al igual que otros alcaldes opositores, pero en ese intento de llegar al lugar que fueron citados casi la asesina un grupo de paramilitares.

“Me avisaron que me venían siguiendo y me bajé antes, pedí un bote con un amigo y me fui en un taxi hasta la Alcaldía, luego me enteré que acaban de pasar, era claro que iban por mí”, denunció la alcaldesa.

Sin embargo, las pasadas de cuentas no se han detenido en el municipio. Un estudio realizado por la experta en temas de seguridad Elvira Cuadra revela que desde el último trimestre de 2018 hasta mediados de 2019 se habían registrado 29 ejecuciones extrajudiciales.

Entre las familias más reconocidas por ser perseguidas en Wiwilí están los Montenegro. Los lugareños aseguran que la mayoría del municipio son opositores, pero la agarraron más con esa familia porque lideraron los tranques y les tenían miedo por ser excontras de los años ochenta.

En total, cuatro miembros de la familia Montenegro fueron asesinados en menos de un año. Edgar y Oliver Montenegro eran conocidos opositores del municipio. Edgar se conoce que participó en las protestas de 2018 y tuvo que huir a Honduras junto a su hijo Yalmar Montenegro, ambos fueron asesinados el 27 de junio de 2019. Sin embargo, la primera muerte ocurrió seis meses antes de ese doble asesinato, Oliver había sido asesinado en su finca, ubicada en El Cuá, Jinotega.

Posteriormente, en agosto de 2019, se registró lo que hasta ahora es la última muerte de los Montenegro. Francisco Blandón, esposo de Thelma Montenegro.

Tres de los miembros de la familia Montenegro que fueron asesinados por ser opositores. En imagen de izquierda a derecha Yalmar, Edgar y oliver. Fotos: Cortesía.

La alcaldesa de Wiwilí asegura que cada una de esas muertes fueron lamentables y apuntó que esas casas ya no son las mismas. “Ahora están solas, vacías, nadie, esos productores ya no sacan nada y su gente tiene que andar huyendo”, lamentó la wiwileña.

Agregó que antes en su municipio era “bonito vivir”, pues podían salir y sembrar la tierra o criar ganado tranquilamente, pero ahora “tenés que vivir encerrado, no podés ir a pasear, todo mundo tiene miedo, solo tienen derecho los paramilitares o sandinistas, la gente demócrata tenemos que vivir encerrados, los chavalos no tienen libertad porque el que sale está expuesto a que le pase algo, principalmente, si la familia es opositora”.

La amenaza cumplida

El 7 de octubre de 2018 fue asesinado Óscar Noel Herrera, de 40 años de edad, quien fungía como asesor de la Alcaldía de Wiwilí. La alcaldesa revela que luego de esa muerte supo de una amenaza contra la comuna. “Nos dijeron que irían por nosotros uno a uno y, lamentablemente, ya nos han matado a tres”, denunció la alcaldesa liberal.

El 21 de febrero 2019 las amenazas se seguían cumpliendo. El ciudadano Néstor Uriel Aráuz Moncada, de 41 años, director del Área de Servicios Municipales de la Alcaldía de Wiwilí, fue asesinado a balazos, mientras se trasladaba en una motocicleta con rumbo a su hogar.

Uno de sus familiares relató a La Prensa que ese día que lo mataron lo último que dijo por teléfono fue “ya voy”. La Alcaldía de Wiwilí queda a 10 minutos de la casa donde habitaba el trabajador y fue asesinado cuando iba por medio camino, en una zona sin luminaria, conocida como El Tamarindo.

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Los familiares de Aráuz aseguran que el hombre había recibido amenazas, pues había trabajado para el Consejo Supremo Electoral y, cinco meses antes de ser asesinado, la Policía lo tuvo detenido “injustamente” por nueve días. “Nos hicieron pagar una multa de C$3,000 y le quitaron su arma, aunque tenía todos los papeles en orden”, denunció uno de sus seres queridos.

“Seguimos sin recibir justicia y no fue un perro al que mataron. Es muy difícil para nosotros, el más chiquito ahora pregunta por él, que si se lo vamos a llevar de sorpresa de cumpleaños, varios de nosotros nos hemos querido ir del país, pero con la pandemia no se ha podido, pero sabemos que corremos peligro porque nos vigilan”, señaló una de las mujeres de la familia del funcionario asesinado.

En este pueblo, donde no tienen agua todos los días en los grifos, le temen más a los paramilitares que matan y no son encarcelados, que a contagiarse de Covid-19.

“La gente casi no cree en la pandemia, pero sabemos que tenemos un mal peor en nuestro municipio. Nos matan y no hay justicia”, lamentó.

El último funcionario de la Alcaldía de Wiwilí que fue asesinado es Rommel Amed Hernández Vega, de 24 años de edad. Su madre antes de conversar con La Prensa advierte que no le gusta dar entrevista porque “nadie me va a devolver a mi único hijo”. Agrega que en más de tres meses, desde la muerte que se registró en marzo de 2020, todavía no encuentra justicia.

Tres funcionarios liberales de la Alcaldía de Wiwilí fueron asesinados. En imagen de izquierda a derecha están Rommel Hernández, Óscar Herrera y Uriel Aráuz. Foto: Cortesía.

Aunque el dolor evidentemente la invade, la mujer decide seguir hablando con La Prensa y relató que ese día que mataron a su hijo pudo pasar muchas horas junto a él, pero a las 5:00 de la tarde aproximadamente le llegó la noticia de que estaba baleado y tuvo que ir a “recogerlo”.

Hernández Vega era el único hijo de Juana, lo describe como un muchacho trabajador y estudioso. En realidad, el muchacho estaría, según su madre, en cuarto año de Ingeniería Civil, que se convertiría en su segunda carrera después de que sacó Ingeniería Agropecuaria.

La última señal que tuvo Juana sobre la supuesta investigación que hace la Policía sobre la muerte de su hijo fue la notificación que le hicieron, el pasado martes, para que llevara el vehículo de su primogénito a la estación de la Policía de Jinotega.

“Me dijeron que llegara a dejar el carro de mi hijo, la ofendida soy yo y no tienen por qué tenerme retenido el carro, pero no me lo quitaron, me dijeron que se los llevara para investigar, para investigar nada porque ellos saben cómo fue todo. Entonces, no sé si me lo irán a entregar cuando ellos quieran como ahorita no hay ley, ellos se creen todo”, lamentó.

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