La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a dos años de su visita en Nicaragua, sostiene y advierte que persiste un patrón sistemático de medidas y acciones represivas para restringir la libertad de prensa e impedir el ejercicio del periodismo independiente en el país, incluso hasta en tiempos de Covid-19. Esto ha sido ampliamente documentado por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).
En su informe País, publicado en diciembre de 2018, la CIDH recomendó al gobierno el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento a la información. Pero, a dos años de su visita asegura que la situación de la falta de acceso a la información pública continúa incluso con los casos de la pandemia.
“En el contexto de la pandemia global por Covid-19, la Comisión enfatiza la urgencia de estas medidas, pues la situación de derechos humanos en el país, caracterizada entre otras por la falta de acceso adecuado a la información pública y por la falta de confianza en las autoridades, debido a la impunidad y la represión, afecta gravemente la capacidad del Estado para enfrentar las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia”, dice el informe.
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Los medios independientes en Nicaragua no tienen acceso a la información sobre los casos del Covid-19, e incluso no pueden ni asistir a hospitales y cementerios para buscar información sobre los decesos sospechosos por coronavirus, que misteriosamente van custodiados por motorizados de civiles que impiden que periodistas tengan acceso al cementerio. De igual forma hospitales y cementerios permanecen custodiados por patrullas policiales.
Medios de comunicación siguen ocupados
La CIDH recalcó que el Estado mantiene ocupadas las instalaciones de 100 % Noticias y Confidencial. Además, acciones gubernamentales provocaron el cierre de El nuevo Diario, uno de los medios nacionales impresos y ha obligado al diario LA PRENSA, a restringir su circulación, formatos y suplementos.
Además, persiste el hostigamiento, vigilancia y agresiones contra los medios independientes en todo el país, así como contra sus periodistas y trabajadores. Más de 90 periodistas o personas trabajadoras de la prensa han debido partir al exilio debido a la represión estatal.
La semana pasada, elementos de civil que resguardan uno de los cementerios capitalinos amenazó de sacar por la fuerza a un periodista de LA PRENSA porque documentaba la realización de fosas masiva en dicho camposanto en tiempos del Covid-19, mientras el gobierno no declara la fase de la contaminación comunitaria, a pesar que las personas siguen cayendo muertas en las calles y siguen los entierros nocturnos y custodiados.
Todos estos hechos muestran que el Estado no ha cumplido con la recomendación de la Comisión de garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión .
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Asimismo, la CIDH ha señalado que la situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y manifestantes se ha profundizado debido a la intensificación de agresiones, amenazas, campañas de estigmatización, hostigamiento, criminalización, seguimiento y vigilancia cometidos por agentes estatales o simpatizantes del Gobierno.
En abril pasado, custodias del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa realizaron un cordón humano en la vía pública para impedir el paso de dos abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) quienes presentarían escritos a favor de presos políticos ante la pandemia.
Por consiguiente, la Comisión observa que el Estado no ha dado cumplimiento a su recomendación de abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. Así como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo .
La semana pasada, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, utilizó una serie de epítetos contra la oposición y hasta dijo que los videos que la población publica en redes sociales sobre muertes por Covid-19 son de otros países.
Fuerzas parapoliciales siguen operando
Por otra parte, la CIDH recomendó al Estado desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil . No obstante, el MESENI ha recibido numerosos testimonios que muestran de manera consistente que estos continúan operando en la realización de detenciones y otras acciones de hostigamiento, asedio y agresiones contra personas identificadas como opositoras, excarceladas, defensoras y periodistas.
En este grave contexto, la Comisión ha expresado además su preocupación por la situación de impunidad en la que permanecen las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018, en particular, debido a la falta de independencia judicial y a la aprobación de un conjunto de leyes contrarias al derecho internacional, entre ellas, la Ley de Amnistía.
Lo anterior, sumado a la narrativa oficial que desconoce la persistencia de la crisis de derechos humanos, ha puesto en evidencia la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a una reparación apropiada, en cumplimiento con las recomendaciones formuladas por la CIDH, en el sentido de investigar diligentemente los hechos violentos ocurridos en el contexto de la crisis, así como determinar y sancionar a los responsables.
Asimismo, la Comisión reitera su llamado a garantizar el derecho a la verdad, justicia y una reparación apropiada por los numerosos casos de asesinatos en zonas rurales del país, así como por los ataques que han sufrido comunidades indígenas en las regiones autónomas del Caribe Nicaragüense. La CIDH ve con especial preocupación las denuncias, recabadas por el MESENI, que refieren la connivencia e incluso colaboración de agentes estatales en dichos hechos violentos y la falta de administración de justicia en esos casos.
Expulsados por la dictadura
La Comisión resalta además que, en junio de 2018, si bien el Estado de Nicaragua facilitó la instalación en Managua del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Nicaragua), del MESENI y de un equipo de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH referentes al escrutinio internacional de los hechos a partir de la crisis; el Estado tomó medidas que finalmente devinieron en su incumplimiento.
En efecto, el 31 de agosto de 2018, decidió dar por concluida la invitación OACNUDH; el 19 de diciembre del mismo año, suspendió temporalmente la presencia del MESENI y las visitas de la Comisión al país; y comunicó la expiración del plazo, objetivo y misión del GIEI-NI, impidiendo con ello la presentación de su Informe Final en Managua.
A la fecha, a pesar de que los patrones de represión observados por la CIDH se encuentran ampliamente verificados en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que durante seis meses investigó los hechos de violencia registrados entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, el mismo no ha sido aceptado por el Estado de Nicaragua y por lo tanto sus recomendaciones no han sido implementadas.
La Comisión reitera que la apertura al escrutinio internacional es una condición favorable para la garantía de la democracia y el Estado de Derecho. En este sentido, exhorta al Estado a facilitar las visitas al país de la CIDH y su MESENI así como de otros organismos internacionales, como OACNUDH.
Finalmente, la Comisión hace presente que continuará monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua y documentando los casos de violaciones de derechos humanos que se siguen registrando en el país, con miras a contribuir en la legítimamente anhelada realización de la justicia y conocimiento de la verdad de lo ocurrido por parte de las víctimas y sus familiares.
La CIDH insta al Estado de Nicaragua a tomar medidas destinadas a la implementación de sus recomendaciones conforme a obligaciones internacionales contraídas voluntariamente, como un medio idóneo para el restablecimiento de las garantías democráticas en el país y reitera su permanente disposición a prestar asistencia técnica para ese fin.