Los impulsos y actos autoritarios del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ya están teniendo repercusión internacional.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró el reciente fin de semana a un canal de televisión francés que en la lucha contra la pandemia del Covid-19, Bukele se ha extralimitado en decretos ejecutivos que “restringen libertades… para hacer cumplir medidas de cuarentena se ha hecho uso de la fuerza militar que no se justifica y no es aceptable”.
También el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó mediante un mensaje de Twitter que en El Salvador “hay una falta de respeto a las funciones de cada Poder del Estado y el señor Bukele sigue agravando las cosas”, al prorrogar el sábado anterior el Estado de Emergencia sin tomar en cuenta a la Asamblea Legislativa como mandan la Constitución y la Ley.
Pero los impulsos autoritarios de Bukele no son de ahora, ni se deben solo a la lucha contra la pandemia en la que él reclama que la salud y la vida de los salvadoreños está por encima de intereses económicos y consideraciones legales e institucionales. El 9 de febrero pasado el presidente salvadoreño sorprendió a su país y el mundo, cuando a la cabeza de una fuerza militar equipada con armas de guerra invadió la sede del Poder Legislativo para presionar a los diputados a que aprobaran, sí o sí, un préstamo externo de 109 millones de dólares para fortalecer la estrategia de seguridad pública. Además, amenazó con llamar a una insurrección popular en contra de los poderes Legislativo y Judicial, que en El Salvador, a diferencia de Nicaragua, son independientes.
La compulsión autoritaria de Bukele y su discurso contra la oposición política y la empresa privada se han hecho tan fuertes, que algunos analistas salvadoreños consideran que sería necesario invocar la Carta Democrática Interamericana que manda a defender la institucionalidad y la independencia de poderes en los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, al ser cuestionado a principios de mayo por el periódico salvadoreño El Diario de Hoy, de por qué no se pronuncia ante los avances del presidente Bukele contra el Estado de derecho en El Salvador, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, respondió tranquilamente: “A mí no me preocupa cuando hay diferencias entre los poderes del Estado”. Y agregó que lo que le preocupa es cuando no hay diferencias entre los órganos de Estado, pues esto es —dijo— un signo claro de una dictadura.
Ojalá fuese como asegura Almagro. Pero las acciones de Bukele no son simples diferencias del Ejecutivo con los otros poderes del Estado. Han sido acciones militares contra la Asamblea Legislativa, desacato a resoluciones judiciales, desconocimiento de autoridades independientes del sector empresarial, cierre arbitrario de empresas privadas, etc.
Las democracias tienen el reto de enfrentar con toda la energía necesaria la emergencia creada por la pandemia del Covid-19, pero sin quebrantar el Estado de derecho ni socavar las libertades y derechos de los ciudadanos. De lo contrario dejarían de ser democracias.