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Telcor emite acuerdo administrativo que buscaría sancionar a las empresas de telecomunicaciones que no cumplan horario de atención al cliente, en un intento por evitar que estas participen en paros nacionales. LA PRENSA/ ARCHIVO

LA PRENSA/ ARCHIVO

Régimen controlará nombramientos de cargos claves en empresas de telecomunicaciones

Entre los cargos que las operadoras deben informar sus nombramientos a Telcor están gerentes generales, jefes de informática o sistemas y gerentes financieros

Orlando Castillo, funcionario sancionado por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos y director general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), aprobó el acuerdo administrativo 004-2020, el cual reforma el acuerdo 006-2013, y amplía el control a más números de cargos gerenciales dentro de las empresas de telecomunicaciones privadas.

En dicho acuerdo ordena a los operadores de servicios de telecomunicaciones a informar a esta instancia en su carácter de ente regulador sobre el nombramiento de al menos siete cargos de confianza y claves para el funcionamiento de cada compañía. Esta lista fue ampliada, ya que en el acuerdo anterior era de cuatro cargos.

Entre los cargos que deben informar sus nombramientos a Telcor están gerentes generales, jefes de informática o sistemas, gerentes financieros, gerentes de interconexión y acceso, gerentes jurídicos, jefes de mantenimientos de redes y jefes de seguridad. Estos datos deben ser enviados en los próximos 30 días, después de publicado el Acuerdo en la Gaceta, diario oficial, este 18 de mayo de 2020.

Según el abogado Boanerge Fornos, coordinador de Acción Penal, un gremio de abogados y activistas que defienden a presos políticos, “el régimen (orteguista) lo que pretende es controlar el nombramiento de jefes de áreas claves para mantener un control sobre esas partes del sector privado, amparándose que utilizan señales radiomagnéticas o radiofónica, que regula Telcor. Sin embargo eso constituye una una invasión a la facultad del sector privado de designar a quien considere a bien nombrar en esos cargos y bajo criterios técnicos y no de otro tipo”.

Sin embargo, la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones (CANITEL) minimizó los efectos de la reforma e informó a todos los usuarios de empresas de Telecomunicaciones afiliadas, que la reforma reciente modifica el anterior acuerdo en el número de cargos que deben informarse. Además, que las normas legales mencionadas en la parte considerativa del acuerdo 004-2020 “se refiere a leyes ya vigentes de la República de Nicaragua y no a nuevos instrumentos normativos”, se lee en un comunicado.

Pero, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos advirtió por medio de sus redes sociales del peligro que representaría la nueva normativa, advirtiendo que “que el régimen Ortega Murillo pretende instaurar terrorismo de Estado en las comunicaciones”.

 

 

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A las leyes vigentes a las que se refiere Canitel, que son incluidas en la parte considerativa del acuerdo ministerial, son artículos de la Ley de Seguridad Soberana y la Ley contra el Crimen Organizado, recordándoles a las empresas de telecomunicaciones su deber de informar cualquier situación que ponga en peligro la tranquilidad de la nación, así como el derecho que les dan estas leyes de hacer uso de sus instalaciones y medios para investigar en casos penales a las personas que pretendan causar daño a las instituciones del país y se requiera intervenir sus comunicaciones.

Sin embargo, el exdiputado Eliseo Núñez refiere que dicho acuerdo ministerial es “invasivo del ejercicio empresarial privado, y trastoca derechos fundamentales respecto a la comunicación. Lo que quieren es un mayor control social, pues tendrán la facultad de pedir información directo a  los gerentes, como quiénes contrataron el servicio, su IP”, reaccionó Núñez.

Según el abogado Fornos, al mencionarse estas leyes vigentes en el acuerdo pone en evidencia la preocupación por los ataques cibernéticos a paginas institucionales.

“Al mencionar la Ley de Seguridad Soberana lo que veo es preocupación por ataques cibernéticos  a varias instituciones, mismos que se los ha atribuido Anonymus. Esto indica que existe la posibilidad de extracción de información sensible, y que eventualmente pudiera ser filtrada y publicada a través de diversos medios de comunicación”, refirió Fornos.

Advierte sanciones

El acuerdo administrativo de Telcor también  recuerda que no debe haber  injerencia  extranjera en asuntos nacionales que puedan violar la Constitución. “Pretende controlar algún tipo de comunicación que puedan tener  grupos políticos y civil que interactúen con instituciones de otros países, bajo el pretexto de calificarlas como injerencia y formar expediente a esas personas opositoras que han tenido actuado de forma beligerante contra el gobierno”, dijo el abogado.

“Sobre la Ley de Seguridad Soberana ya se ha hablado ampliamente sobre el peligro que encierra de eventualmente usarla para espionaje en telecomunicaciones que comprende llamadas, redes, sociales, correos electrónicos”, entre otros, agregó.

Al respecto, el exdiputado José Pallais, miembro de la Alianza Cívica cree que brindar la información de los gerentes es para coordinar bien el trabajo con las empresas de telecomunicaciones, pero mencionar las leyes vigentes de crimen organizado y de seguridad soberana puede confundir a los prestadores de estos servicios respecto a las intervenciones de comunicaciones.

“Las intervenciones judiciales a las que se refieren estas leyes están ampliamente reguladas. Son con orden judicial a solicitud del Ministerio Público y deben ser bien fundamentadas, son distintas con las intervenciones administrativas propias del espionaje político por lo cual los operadores deben ser muy estrictos en exigir orden judicial razonada, cuando les pidan intervenir comunicaciones, ya que en caso de no exigirlo estarían incurriendo en responsabilidad patrimonial frente a los afectados quienes pueden demandar en futuros y obtener cuantiosas indemnizaciones”, explicó Pallais.

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“Es un acuerdo fuerte. Veremos el impacto que tendrá y la posición del sector privado en relación a la implementación de este acuerdo, que invade una área sensible del sector privado y la inviolabilidad de las comunicaciones  que constitucionalmente tenemos los nicaragüenses”, agregó Fornos.

En la comunicación publicada el 18 de mayo de 2020, también señala que es obligación de todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones que los titulares de concesiones, deberán contar al menos con un técnico debidamente registrado en Telcor. Para esto debe cumplir con perfil y experiencia que envía el ente regulador para ser aprobados. De no enviar esta información en los próximos 30 días aplicaran sanciones.

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