2020 es año preelectoral en Nicaragua, y aunque la crisis del Covid-19 ha cambiado las prioridades de los gobiernos del mundo, en Nicaragua es vital para la ciudadanía empujar un cambio político, porque el régimen encabezado por Daniel Ortega, prácticamente esta ahogando al país desde antes de la pandemia.
Hasta ahora, no hay nada que oficialmente indique los preparativos de las votaciones del próximo año. La página web del Consejo Supremo Electoral (http://www.cse.gob.ni/) está “desconectado en mantenimiento”; ninguno de los magistrados electorales, la mayoría declarados militantes sandinistas, no han sido vistos públicamente desde el 9 de enero pasado, cuando asistieron a la Asamblea Nacional, para la presentación del Plan Legislativo de Trabajo 2020.
Ese día, el sancionado presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, anunció que las reformas a la Ley Electoral (Ley 331) “para fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y sistema técnico electoral dirigido por el Consejo Supremo Electoral”.
La última información que se conoció de la reforma electoral llegó de la voz del presidente del Partido Conservador (PC), Alfredo César Aguirre, quien aseguró el pasado 11 de mayo que un “delegado del gobierno” le dijo que las reformas serán en julio y el cambio de magistrados en octubre, pero ninguna fuente oficial ha confirmado esa información.
“Yo no sé si en julio, pero de que tiene que empezar un proceso de negociación, para hacer la reforma eso tiene que empezar. Ya sea que lo haga con los zancudos, ya sea que lo haga con la oposición real, ya sea que lo haga con los partidos constituidos, ya sea que lo haga en la Asamblea Nacional, que lo haga con la OEA o que lo haga con el SICA o que lo haga con quien sea, tiene que empezar a hablar sobre ese tema. Si no habla de ese tema, cualquier reforma que se planteé, esa reforma no va a tener vigencia y por lo tanto van a comenzar las sanciones y va a continuar el estrangulamiento internacional contra Ortega”, dijo el politólogo José Antonio Peraza.
Peraza insistió en que el primer indicio que tiene que haber para que se comiencen a sentir los aires electorales, es el proceso de negociación para la reforma electoral, mientras no haya eso, para Peraza no es buena señal, porque ir a elecciones en noviembre de 2021 sin cambios, es un “suicidio políticos para los opositores”.
El expresidente de Hagamos Democracia y promotor de un proceso de elecciones primarias en 2016, Róger Arteaga, dijo del CSE y del régimen significa que “están jugando a ganar tiempo para hacer las cosas a la carrera en 2021” y así justificar su “remedo de reformas cosméticas” solo con los partidos que están en la Asamblea Nacional.
“Con eso pretenden engañar al pueblo y a la comunidad internacional de que se pueden dar esas elecciones y lo que van a provocar es una gran abstención, desconocimiento de los resultados y más sanciones”, dijo Artega.
Arteaga dijo que en este momento debería de estar formado un grupo de trabajo oficial, haciendo valoraciones de las propuestas de los diferentes sectores. “Debería ya de estar trabajando en esas demandas y nombrar un grupo de trabajo que recoja estas propuestas y que haga un resumen y una presentación para su discusión, porque esperar a que lleguen las elecciones y hacer un remedo de reformas cosméticas eso va a provocar una alta abstención (en las elecciones de 2021). Y el Consejo Supremo Electoral es el llamado a responder qué es lo que están haciendo”, dijo Artega.
Diversas organizaciones opositoras lograron unificar una propuesta de reforma electoral en 2019, que, entre otros cambios, contempla el cambio de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), la no reelección presidencial, la prohibición que el cónyuge del presidente sea candidato presidencial o vicepresidencial. Pero estas propuestas han sido ignoradas por Ortega. Los funcionarios orteguistas han declarado que la reforma electoral le corresponde a la Asamblea Nacional con la consulta a los partidos políticos, descartando la consulta a las organizacionesciviles.
Aún así, los opositores no pierden la esperanza de que al último momento Ortega acepte negociar, obligado por las presiones internacionales.