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El director ejecutivo de la Alianza Cívica reacciona a las sanciones impuestas al general Julio César Avilés del Ejército de Nicaragua.

Estados Unidos sanciona al jefe del Ejército de Nicaragua y al ministro de Hacienda

EE.UU. señala a Julio César Avilés de haberse negado a "ordenar la inhabilitación y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales"

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este viernes al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, y al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Adolfo Acosta Montalvan, “por apoyar al corrupto régimen de Ortega”.

“Las continuas violaciones del régimen de Ortega de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo nicaragüense son inaceptables”, dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos apuntará a quienes apoyan el régimen de Ortega y perpetúan la opresión del pueblo nicaragüense”.

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El general Julio César Avilés inició su tercer mandato consecutivo al frente del Ejército de Nicaragua el pasado 21 de febrero.

Se negó a desarmar a los grupos parapoliciales

El Tesoro de Estados Unidos lo señala de estar “alineado políticamente con el presidente Ortega, se negó a ordenar la inhabilitación y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018”.

Además agrega que “los militares proporcionaron armas a los parapolicías que llevaron a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas”.

En las protestas que iniciaron en abril de 2018, a las fuerzas parapoliciales que se dedicaron, junto a la Policía, a desmantelar los tranques y barricadas que los manifestantes habían construido para protestar en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se les vio portando armamento militar como lanzacohetes RPG-07, ametralladoras PKM, fusiles AK-47 y el Dragunov, M-16, entre otras.

El jefe del Ejército aseguró, en julio de 2019, que la institución que dirige no tiene base legal, ni estructura ni equipamiento para desarmar a los grupos parapoliciales. Agregó que “es a la Policía a la que le corresponde ejercer sus funciones de orden público y es ella la que en el marco de lo que tienen instituido en su ley, en la ley policial, de la forma que más conviene proceder en sus niveles de actuación”.

A raíz de la noticia de la sanción, la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH), organización expulsada por la dictadura debido a sus informes que documentaron la represión en contra las protestas civiles de 2018, recordó por medio de Twitter su demanda constante para la desarticulación de los grupos paramilitares que operan para el régimen.

Sobre el ministro de Hacienda

Iván Acosta, Ministro de Hacienda y Crédito Público
Iván Acosta Ministro de Hacienda y Crédito Público. LA PRENSA/ Wilmer López

Sobre Iván Acosta, Estados Unidos asegura que “ha seguido organizando un importante apoyo financiero al régimen de Ortega”, como ministro de Hacienda y Crédito Público. “Amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos”.

La reacción de Mike Pompeo

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó por medio de Twitter su satisfacción por las sanciones. “Hoy anunciamos nuevas sanciones contra el comandante del ejército nicaragüense Avilés, y el ministro de Finanzas, Acosta. Estados Unidos continuará responsabilizando a quienes abusen de #HumanRights y busquen silenciar las voces prodemocráticas en Nicaragua. La represión del régimen de Ortega no se mantendrá”, escribió.

Eurodiputado advierte que pedirán medidas similares

Por su parte, el eurodiputado José Ramón Bauzá celebró las sanciones y advirtió que solicitará al Consejo de la Comunidad Europea que adopte medidas similares con ambos funcionarios. La Unión Europea ya sancionó a seis funcionarios del régimen por estar vinculados a violaciones a los derechos humanos. 

En mayo de 2019, Acosta dijo que “la actividad bancaria tiene una gran responsabilidad con el sector público, tiene un servicio público de apertura obligatoria, no puede haber ningún banco en tiempos normales que pueda cerrar al público, porque es un servicio público regulado por el Estado, o sea es una concesión del Estado a un sector privado para un servicio público (y) debe estar de manera regulada, normada de cuándo cerrar y cuándo abrir, no se puede cerrar de un día a otro y no se debe cerrar; eso lleva a sanciones de parte de la reguladora del sistema financiero”.

Ejército no tiene credibilidad

El político opositor Eliseo Núñez Morales manifestó que la sanción de EE.UU. al jefe del Ejército es la garantía de que esta institución está coludida con el entramado de corrupción del régimen de Ortega y apoyó la represión a las protestas civiles desde abril de 2018. Para Núñez, las sanciones también dejaron claro que el Ejército de Nicaragua no tiene credibilidad, por más que el departamento de Relaciones Públicas de la institución militar se ha esmerado en afirmar que solo responden a lo que establece la Ley.

“La letra de lo que dice allí (el documento de las sanciones) normalmente es soportada con pruebas fehacientes y pruebas que tienen buen valor. Las pruebas que tiene la administración de los Estados Unidos son más fuertes que la campaña de relaciones públicas del Ejército”, dijo Núñez en alusión a la afirmación de Estados Unidos de que “los militares proporcionaron armas a los parapolicías que llevaron a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense”.

El político opositor José Pallais Arana también dijo que estas sanciones contradicen los alegatos de los militares “al señalar al comandante en jefe de haber incumplido su obligación de desarmar a las fuerzas para militares o parapoliciales y más bien de abastecerlos con armas de sus inventarios”.

“El Ejército ha quedado seriamente cuestionado  y su credibilidad en entredicho, señalando como un soporte más de la política represiva del régimen”, manifestó Pallais.

General en retiro dice que mandos deben estar “estupefactos”

El general en retiro Hugo Torres señaló que la sanción a Avilés tal vez no se veía venir, porque no hubo aviso previo de otro mando menor sancionado con anterioridad, por lo que esto pudo tomarlos por sorpresa en este momento.

Torres consideró que debe haber mucha incertidumbre y zozobra entre los mandos del Ejército por esta sanción al comandante en jefe. “Esto debe tener conmocionada a la institución internamente, a los miembros del Ejército. Han de estar estupefactos ante la noticia. Sancionan a su comandante en jefe y se han de estar preguntando: ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué hacemos?”, dijo el general en retiro.

El director ejecutivo de la organización opositora Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, consideró que los señalamientos de la OFAC son aún más fuertes de los que se han atrevido a decir los mismos opositores nicaragüenses al afirmar “el Ejército apertrechó a los paramilitares”.

Fuerte acusación

Chamorro recordó que desde 2018 la Alianza Cívica, a través de la mesa de negociación, pidió con un urgencia al Ejército el desarme de los paramilitares –que son los grupos armados que actúan en coordinación con la Policía Orteguista (PO), para atacar a los ciudadanos que protestan–. “Pero el Ejército hizo caso omiso”, apuntó Chamorro.

En el caso del ministro de Hacienda, Chamorro dijo que lo más probable es que nombren un ministro asesor, para que ejerza las funciones que ya no podrá desempeñar Acosta y a él lo remuevan.

Coalición Nacional: “Contundente golpe a la dictadura de los Ortega Murillo”

La Coalición Nacional manifestó a través de un comunicado de prensa que las sanciones aplicadas al jefe del Ejército y al ministro de Hacienda y Crédito Público, “constituyen un respaldo a la lucha de la ciudadanía nicaragüense por la democracia y el respeto a los derechos humanos. Son, en esa misma medida, un contundente golpe a la dictadura de los Ortega Murillo.

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