Reforma a la ley militar y el retiro del general Julio César Avilés de la presidencia del IPSM, primeros efectos de las sanciones

Eliseo Núñez Morales explicó que las sanciones al jefe del Ejército y al ministro de Hacienda y Crédito Público, decapitan a las instituciones que crearon una red de seguridad para los negocios de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa).

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La institución castrense recuerda la importancia del lavado constante de manos con agua y jabón por más de 20 segundos, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el protocolo al estornudar o toser y la limpieza de superficies. LA PRENSA/ Jader Flores

La socióloga y experta en temas de seguridad pública, Elvira Cuadra, dijo que la sanción al jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, no provocará una afectación administrativa directa al órgano militar, porque los negocios y las empresas del Ejército son manejadas por el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).

La socióloga explicó que aunque Avilés es el presidente de la Junta Directiva del IPSM, «la operación cotidiana de esa institución y los negocios que tiene vinculados no las maneja Avilés, sino otras personas». Lo más probable para Cuadra es que aparten a Avilés de la Presidencia del IPSM, pero no de la jefatura del Ejército.

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En cambio, la sanción al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, es más significativa, según Cuadra, porque «Acosta es el titular de la institución que manejas todas las finanzas públicas del Estado en su conjunto».

«La sanción a él, como ministro de Hacienda, significa un golpe fuerte a toda la gestión del dinero público del país. En realidad, el mensaje de Estados Unidos es bastante fuerte y bastante claro, para dos instituciones que son clave para cualquier Estado: la fuerza armada y las finanzas públicas», añadió la socióloga.

El analista político Eliseo Núñez Morales, agregó que para apartar al comandante en jefe de IPSM tendrán que reformar la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Militar, como lo han hecho con las otras instituciones cuando sus titulares han sido sancionados.

Sanciones tras la telaraña de Albanisa

Pero más allá de los acomodos internos que tendrán que hacer estas instituciones, Núñez hizo ver que las sanciones al jefe del Ejército y al ministro de Hacienda y Crédito Público, decapitan a las instituciones que han creado una red de seguridad para los negocios de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa).

Núñez aseguró que el Ejército y la Ministerio de Hacienda han actuado como soporte financiero en el trasiego de fondos al grupo Albanisa, que tiene 2 mil 500 millones de dólares que necesita mover de un lado para otro.

«El Ejército asumió las clínicas de previsión de salud que operaba Albanisa a través de Sermesa, Médicos Unidos y otros más; las absorbe. Y hay información de que fue una simulación, para seguirle dando ganancias a Albanisa. Y el ministro de Hacienda y Crédito Público ha trabajado en conjunto con el Ejército y los financieros del Ejército, para darle salida a un montón de proyectos que tenía Albanisa, por ejemplo, las carreteras que estaba construyendo Alba Construcciones, pasaron a hacer construidas por Obrinsa, que es del Ejército y se compartían las ganancias con Albanisa», explicó Núñez.

La red de negocios de la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) fueron arrastrados con las sanciones a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en enero de 2019.  Albanisa fue creada por personeros del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para controlar discrecionalmente los fondos generados por el acuerdo petrolero con Venezuela.

Las sanciones ordenadas por el Departamento del Tesoro bloquea cualquier operación con Albanisa o cualquier entidad en la que esta empresa posea directa o indirectamente, intereses por un 50 por ciento o más, debido a su vinculación con Pdvsa.

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