Covid-19 pone en relieve condiciones precarias de los sistemas penitenciarios de América Latina

"La prisión preventiva en nuestra región ha causado que más del 50 por ciento de la población penal esté presa sin condenas", expuso Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

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Las cárceles en Nicaragua están sobrepobladas. LA PRENSA/ARCHIVO

El encarcelamiento masivo producto de la aprobación de leyes contrarias a los derechos humanos, el hacinamiento, la falta de acceso a salud de calidad, agua potable, entre otras circunstancias hacen que los privados de libertad sean una población vulnerable ante los efectos del Covid-19, aseguraron juristas de distintos países que participaron este viernes 22 de mayo, en una conferencia promovida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El objetivo de la conferencia es debatir con juristas, académicos y defensores de derechos humanos los desafíos y el impacto en el presente y futuro  del Covid-19, para los derechos humanos y el estado de derecho en la región, explicó Nadia Espina, coordinadora en la conferencia.

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Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que una emergencia sanitaria como el Covid-19 que azota a todos los países, puso en relieve los problemas preexistentes en los diferentes sistemas penales de la región.

Responsabilidad de jueces

«La prisión preventiva en nuestra región ha causado que más del 50 por ciento de la población penal esté presa sin condenas. Este mal de presos sin condena se ha incrementado y denota que no son delitos graves. Lo que domina nuestra región son presos por delincuencia de subsistencia, es decir por delitos de tráfico de droga, de menudeo», dijo Zaffaroni.

El jurista también explicó que hay una desproporción muy grande entre el personal de vigilancia y el número de internos lo que provoca que el orden interno de las prisiones termine en manos de presos, lo que no es democrático.  «Una  banda somete al resto a condiciones de humillación, servidumbre e incluso servidumbre sexual, esas son las condiciones de la población penal de la región», agregó el jurista de la Corte IDH.

El jurista argentino Daniel Erbetta expresó que el Covid-19 pone a consideración la responsabilidad judicial e impela a los jueces a ser más garantes. «El poder judicial es responsable del uso de la prisión preventiva de acuerdo al principio de humanidad, de proporcionalidad», dijo Erbetta.

El especialista también agregó que otorgar beneficios de forma indebida a privados de libertad genera impunidad. «El derecho limita al poder», sostuvo.

En Nicaragua se excarceló recientemente casi dos mil reos común sin que jueces revisarán expedientes, por decisión del Sistema penitenciario nacional y el Ministerio de Gobernación. Esto provocó que hayan muchas víctimas que se quejan de impunidad, por no seguir procedimientos legales para su excarcelación.

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Leonor Arteaga, miembro de la sociedad civil de El Salvador, Luis Carlos  de Valois  y Luciana Simas, ambos de Brasil  expresaron que los sistemas penitenciarios de sus países también están en hacinamiento de hasta el 300 por ciento  y que la pandemia sería devastadora en las cárceles.

Mientras Rollen Eddi Obregón, jurista de Perú, uno de los países bien azotados por la pandemia detalló que han fallecido 12 trabajadores del sistema penitenciario y 182 reos, producto de la pandemia de coronavirus.

En Nicaragua juristas han recomendado la excarcelación de presos políticos, de privados de libertad cuyas penas son menores a los cinco años, de enfermos crónicos, pero el gobierno ha liberado bajo otros criterios no necesariamente los legales.

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