El ambientalista y presidente del Foro Nacional de Reciclaje (Fonare), Kamilo Lara, falleció este domingo, confirmaron familiares. Lara se mantuvo alineado al discurso gubernamental del régimen orteguista, defendió la posición de proyectos poco transparentes y dañinos para el país como el ambicioso Canal Interoceánico, adjudicado directamente al empresario chino Wang Jing, en contraste con lo expresado por la comunidad científica nacional y varias voces de expertos internacionales, que advertían los daños ecológicos que provocaría.
Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, confirmó que Lara murió la tarde del domingo. “Él sufrió un impacto muy, muy fuerte, con el fallecimiento de su mamá que vivía en Estados Unidos, hace algunas semanas. Ya tenía la señora más de 90 años, pero él era muy apegado a su madre y se lamentaba mucho no haberla podido despedir”, dijo Murillo en su comunicación diaria en los medios del gobierno.
La funcionaria agregó que Lara “deja familia, deja hijos, deja una esposa embarazada y deja muchos compañeros y amigos”.
La voz de Lara siempre favoreció a instituciones como el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y el Instituto Nacional Forestal (Inafor), que son blanco de críticas por ambientalistas independientes debido a la deficiente gestión de los recursos naturales; principalmente, por la nula protección de las áreas que por ley están protegidas, pero en la práctica no. Esto se evidencia con el avance de los procesos de invasión agrícola y práctica de actividades como la ganadería en zonas de conservación.
Lara aseguraba que el “Canal es amigable al medio ambiente”, pese a que el proyecto ponía en riesgo la reserva de agua dulce más importante del país, el gran lago Cocibolca.
En el 2018, con el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, Lara también estuvo de la acera del régimen, no criticó la respuesta tardía para sofocar el siniestro y tampoco cuestionó la falta de transparencia en el manejo de la situación.
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Este incendio se considera uno de los detonantes de las protestas cívicas en contra de la dictadura en 2018. Universitarios salieron a demandar acciones para frenar el incendio, y el orteguismo, en vez de actuar para resolver el desafío ambiental, preparó una contramarcha y la Policía Orteguista y la Juventud Sandinista intimidaron y acorralaron a los estudiantes en la UCA. Esta sería el primer acto represivo de lo que vendría después.