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Daniel Ortega junto al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, durante una conferencia para hablar sobre las protestas en Nicaragua. LA PRENSA/ CAPTURA

El jefe del Ejército, el general Julio César Avilés, no ha tenido problema en aceptar la bandera partidaria del FSLN en actividades institucionales.LA PRENSA/ARCHIVO

Carlos Tünnermann: Alto mando debe relevar a Julio César Avilés para salvar al Ejército

""El alto mando debe pensar en el futuro del Ejército como institución. Tomar en cuenta que las primeras sanciones en el caso de la Policía fue al cuadro del alto mando, pero luego fue a la Policía como institución, por lo que es real el riesgo de que el Ejército sea alcanzado por las sanciones", señaló el coordinador nacional de la Alianza Cívica

Carlos Tünnermann, coordinador nacional de la Alianza Cívica, llamó al alto mando del Ejército de Nicaragua a anteponer el futuro de la institucionalidad del cuerpo militar, y proceder a separar al general Julio César Avilés como comandante en jefe, porque para el opositor acuerparlo luego que fuese sancionado por el gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.), es arriesgar al Ejército a ser sancionado como entidad, como sucedió con la Policía Orteguista (PO). “Lo menos que puede hacer el general Avilés es poner su renuncia”, afirmó el opositor Tünnermann.

El Departamento del Tesoro de los EE.UU. informó el pasado 22 de mayo que sancionó al general Avilés y al ministro de Hacienda, Iván Acosta,  «por apoyar al corrupto régimen de Ortega».

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Las acusaciones al general Avilés son de haberse rehusado a ordenar el desarme y el desmantelamiento de fuerzas parapoliciales que usó la dictadura de Daniel Ortega para atacar las manifestaciones y tranques ciudadanos, y que más bien  armó y facilitó el actuar de los paramilitares durante y después de abril de 2018, provocando muerte y dolor entre los nicaragüenses.

“El alto mando debe pensar en el futuro del Ejército como institución. Tomar en cuenta que las primeras sanciones en el caso de la Policía fue al cuadro del alto mando, pero luego fue a la Policía como institución, por lo que es real el riesgo de que el Ejército sea alcanzado por las sanciones como entidad, y tienen muchos intereses que proteger. No solo inversiones económicas sino el seguro de los militares. Son sus propios intereses lo que están en juego”, señaló Tünnermann.

Han pasado cuatro días desde que fueron notificadas las sanciones, pero ni el general Avilés, ni el alto mando militar se han pronunciado al respecto.

La Coalición Nacional, de la que forma parte la Alianza Cívica,  valoró como un apoyo a la lucha cívica de los nicaragüenses las sanciones que EE.UU., Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido han adoptado de forma individual a funcionarios del círculo de poder del dictador Ortega, además de tres empresas vinculadas al negocio de la familia presidencial y la PO, por ser el brazo represor contra de la dictadura.

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La Coalición Nacional en un pronunciamiento señaló que las sanciones al general Avilés “son un llamado a los oficiales, clases y soldados del Ejército”, como al resto de funcionarios en el Estado “actuar no solo en defensa de su propia seguridad y vida, si no de todos los nicaragüenses”.

Para el coordinador nacional de la Alianza Cívica “sería una mala decisión del consejo militar respaldar a Avilés”. “Tendrá que haber un relevo del comandante en jefe para proteger a la institución”, insistió.

Tünnermann consideró que Avilés no se esperaba ser sancionado porque el Ejército de Nicaragua se ha cuidado de mantener buena relación con el gobierno norteamericano en cuanto a la lucha coordinada contra el narcotráfico. Una relación que ahora entró a una etapa de tensión. EE.UU. debe tener las pruebas de los graves señalamiento que se le hacen al general Avilés en su participación en la represión al pueblo para haberlo sancionado, valoró Tünnermann.

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“Los cargos son muy graves contra el general Avilés, por lo que sería muy difícil que se mantenga la relación de cooperación con el Ejército y EE.UU. si sigue Avilés como comandante en jefe”, dijo.

Durante el primer diálogo nacional en mayo del 2018, la Alianza Cívica planteó un documento que fue aceptado por el régimen de Ortega en ese momento, en el que entre otras puntos, se recomendaba desarmar y desmantelar a los parapolicías, que en coordinación con la Policía estaban siendo responsables de los ataques contra las manifestaciones sociales.

Entonces la Alianza demandó, junto a otras organizaciones sociales, políticas y religiosas, que era responsabilidad del Ejército proceder al desarme y desarticulación de los civiles armados, en apego a la Constitución de la República que establece que los únicos cuerpos armados deben ser la PO y el Ejército. Sin embargo, entonces la respuesta de los militares fue una evasión de su responsabilidad.

Tünnermann señaló que “el general Avilés cometió un gran error” al aceptar continuar como jefe del Ejército para un tercer período consecutivo, “porque estaba minando la institucionalidad del Ejército e interrumpió la posibilidad de los ascensos al interno”, pero sobretodo se evidenció su actuar político partidario  a favor del dictador.

 

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