La fiscalía federal de Argentina imputó este viernes (29.05.2020) al expresidente Mauricio Macri por presuntas maniobras de espionaje contra empresarios, funcionarios, artistas y dirigentes opositores durante su gobierno, informaron fuentes judiciales. También fue imputado quien fuera titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su Gobierno, Gustavo Arribas, entre otros exfuncionarios.
La denuncia fue presentada esta semana por la actual jefa de la AFI, Cristina Caamaño, quien dijo en su escrito que fueron “espiados correos electrónicos de casi cien personas sin que mediara ninguna orden judicial”. La denuncia está en manos del fiscal Jorge di Lello. El dictamen de imputación, ya enviado al juez Marcelo Martínez, explica que inicialmente la denuncia se dirige en contra de presuntos agentes de inteligencia, cuyos nombres se mantuvieron en reserva.
Si bien Caamaño pidió al fiscal la indagatoria de Macri, el proceso recién está en su primera fase de investigación. Entre los supuestos afectados figura el popular animador de televisión Marcelo Tinelli, quien en las redes sociales dijo esta semana sobre el gobierno de Macri (2015-2019): “Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP (ente recaudador impositivo)”.
Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse. #SiSePuede
— marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 28, 2020
No hubo orden judicial
La denuncia fue interpuesta tras el hallazgo de un disco duro en el marco “de las tareas de relevamiento de información” de la agencia de inteligencia. En ese disco, “se habrían encontrado rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política” del país, como periodistas, dirigentes y fuerzas policiales.
Puede interesarle: Coronavirus en Guatemala: cómo un brote masivo de covid-19 en una fábrica puso una ciudad en estado de emergencia
Di Lello consideró legítimas las pruebas. En su dictamen, el fiscal aseguró que la información supuestamente recopilada era utilizada “con la finalidad de producir inteligencia ilegal”, ya que “no obran registros en la AFI que esas tareas hayan sido ordenadas por algún juez, o autoridad competente”. Además de las personas ya citadas, en la lista figuran políticos, sindicalistas y activistas.