Stephen E. Biegun, subsecretario de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.) notificó al Congreso de su país que la dictadura de Daniel Ortega ha incumplido las medidas exigidas en la Nica Act para garantizar el respeto a los derechos humanos y elecciones libres y transparentes para restablecer la democracia en Nicaragua.
Ese informe sería la base legal para que el gobierno estadounidense bloquee en los organismos internacionales todos los préstamos que solicite la dictadura ─a excepción de los que tengan fines humanitarios─ con base en lo establecido en la Nica Act.
La Nica Act ordena al presidente de Estados Unidos que instruya a su representante ejecutivo en cada institución financiera internacional, para que use la influencia de su gobierno con el objetivo de oponerse a cualquier préstamo que beneficie al régimen de Nicaragua, excepto proyectos de necesidades humanas básicas o para promover la democracia en la nación.
“En virtud de la autoridad conferida a mí como vicesecretario de Estado, y de conformidad con la sección 6 (a) de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 y la Delegación de Autoridad del Departamento de Estado 245 -2, por la presente certifico que el Gobierno de Nicaragua no está tomando medidas efectivas” sobre los temas demandados”, afirmó Biegun en la certificación sobre la situación en el país enviada al Congreso.
Los graves incumplimientos por parte del régimen serían en “fortalecer el Estado de Derecho y la gobernanza democrática, incluida la independencia del sistema judicial y el consejo electoral”, indicó en el subsecretario Biegun.
No hay justicia ni hay avance en elecciones libres
Añade también que no hay avances en “investigar y responsabilizar a los funcionarios del gobierno de Nicaragua y otras personas responsables de los asesinatos de personas asociadas con las protestas en Nicaragua que comenzaron el 18 de abril de 2018; o para celebrar elecciones libres y justas supervisadas por observadores nacionales e internacionales creíbles”, recoge la certificación enviada al Congreso de EE.UU.
Desde el estallido de las manifestaciones sociales en abril del 2018 que fueron brutalmente atacadas por la Policía Orteguista (PO) junto a grupos parapoliciales y turbas, la sociedad civil, estudiantes, empresarios, campesinos, Iglesia Católica y partidos opositores han exigido el adelanto de las elecciones antes del 2021, al considerar que Ortega y Murillo quedaron inhabilitados para gobernar al ser señalados de cometer crímenes de lesa humanidad por organismos de derechos humanos internacionales.
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Al menos 328 personas fueras asesinadas en el contexto de las protestas ciudadanas, más de dos mil heridas, cientos de presos políticos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, así como un éxodo de unos cien mil nicaragüenses, son parte de los crímenes de lesa humanidad denunciados por organismo internacionales de derechos humanos cometidos por el régimen desde el 2018.
La oposición nicaragüense agrupada en la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) que, junto a otras cinco asociaciones y partidos políticos, conforman la Coalición Nacional, demandan reformas electorales que den paso a la destitución de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) al ser señalados de cómplices del régimen para mantener en el poder al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) mediante fraudes en los comicios.
Sin avances para combatir la corrupción
El Departamento de Estado estadounidense en su informe al Congreso certificó que en Nicaragua tampoco hay avances en “combatir la corrupción, incluso investigando y procesando casos de corrupción pública”.
Los “derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de libertad de prensa, expresión y asociación, para todas las personas de Nicaragua, incluidos los partidos de oposición política, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, pueblos indígenas y activistas de la sociedad civil,” tampoco se respetan en la dictadura orteguista, según el Departamento de Estado.
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Avances en Guatemala, El Salvador y Honduras
Contrario al estancamiento de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, según el Departamento de Estado estadounidense, los gobiernos en El Salvador, Guatemala y Honduras sí tiene avances significativos en áreas claves para fortalecer la institucionalidad. Esos “exámenes” a los tres países se basan en lo establecido en la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2020.
Según las certificaciones sobre el cumplimiento a dicha ley, en El Salvador, Guatemala y Honduras sí hay acciones para combatir la corrupción, “incluido el enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales corruptos”. Además menciona que se están implementando reformas, políticas y programas para aumentar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas.
Aún cuando la pobreza y el crimen organizado en los países del “Triángulo del Norte” ha provocado caravanas de migrantes hacia EE.UU. en busca de una mejor condición de vida laboral y de seguridad para ellos y sus familias, la presión de la administración de Donald Trump porque los gobiernos centroamericanos ejecuten programas que reduzcan el flujo migratorio, parece estar funcionando.
El Departamento de Estado en su certificación al Congreso, avala las mejora de la seguridad fronteriza, el combate del tráfico y la trata de personas, contra las narcotraficantes y organizaciones criminales transnacionales. Pero también por estar informando a sus ciudadanos “de los peligros del viaje a la frontera suroeste de los Estados Unidos”.