Recientemente el régimen Ortega-Murillo hizo público el “Libro Blanco” donde informan la estrategia para hacer frente al Covid-19 en Nicaragua. Dicho informe es la combinación de un chiste largo y mal contado, con la amarga queja del régimen desde las ruinas de los escasos logros alcanzados en materia económica y de salud. Pero, ¿qué implicaciones tiene no seguir el modelo “lockdown” y acoger el modelo sueco desde los Derechos Humanos?
La inmunidad colectiva supone que, al contagiarse un número mayoritario de población con el virus, se interrumpe la cadena de contagio, además de ganar inmunidad en ese núcleo social. El problema es que dejar a su suerte a las personas, supone la inobservancia del Estado de sus obligaciones generales de proteger y garantizar el derecho a la salud y la vida, desde los Derechos Humanos es inadmisible dejar morir a los más débiles.
La inobservancia de las obligaciones generales del Estado no es el único problema del modelo sueco ya que, de las 4,300 muertes, aproximadamente la mitad son de adultos mayores. El uso de este modelo sin medidas de atención específicas que impacten en la reducción de letalidad en adultos mayores, responsabiliza directamente al régimen de esas muertes.
El 23 de abril, la CIDH emitió una serie de recomendaciones para garantizar los derechos de las personas adultas mayores durante la pandemia que no se ven reflejados en el “modelo singular” del régimen, entre ellas encontramos: No discriminarlos en la implementación de triaje para la asignación de ventiladores; que se garantice el consentimiento previo, libre e informado en cuanto a tratamientos y medicamentos; el aislamiento de adultos mayores debe prestar atención a enfermedades crónicas, discapacidad o quienes requieren intermediación y atención regular en cuidados paliativos; adecuación presupuestaria; identificación y eliminación de obstáculos y barreras para el acceso a los servicios de salud; medidas para mitigar el impacto económico diferenciado para personas mayores; evitar la aglomeraciones en el pago de pensiones; medidas de prevención y atención a hechos de violencia familiar; atención a personas mayores abandonadas, situación de calle o pobreza; medidas alternativas a la privación de libertad a adultos mayores considerados de baja peligrosidad, entre otras.
Mi consejo para el régimen Ortega-Murillo es que deje al pueblo enterrar sus muertos, transparente el riesgo epidemiológico y la capacidad del sistema de salud no solo por un acto de piedad humana, sino porque las violaciones a Derechos Humanos en el contexto de la estrategia gubernamental los va a responsabilizar objetivamente por las muertes. Dejen de pensar en su supervivencia y mediten sobre las consecuencias venideras, para que cuando llegue la inevitable justicia existan rastros de humanidad en su actuar.
El autor es maestro en Derechos Humanos.