Más de 10,000 quejas contra la Distribuidora de Electricidad (Disnorte-Dissur) acumulan los centros de defensa de los consumidores en cinco meses del año, siendo la principal denuncia las alteraciones en las facturas eléctricas, según dijeron sus representantes.
Mayo fue el mes con mayor registró en el número de denuncias contra la polémica empresa, lo que representa un golpe para los hogares nicaragüenses, azotados por el avance de la pandemia, que ha ocasionado mayor desempleo y alza de precios por especulación.
Marvin Pomares, presidente del Instituto de Defensa al Consumidor (Indec), manifestó que solo por el servicio de energía eléctrica entre enero y mayo acumulan 10,625 denuncias, de las cuales 4,015 corresponden a mayo, es decir un 38 por ciento del total.
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“Donde hay mayor cantidad de denuncias es Managua, Granada, Rivas, Masaya y Carazo. La gente se sigue quejando que la factura le está saliendo alterada; y hay un problema, cuando el ciudadano llega hacer un reclamo, le dicen que haga un arreglo de pago y el ciudadano no quiere eso”, dijo Pomares.
A los que denuncian por alteración de las facturas, se suman las familias que están sufriendo dificultades para pagar el servicio, mientras el régimen de Daniel Ortega se niega a adoptar una política de moratoria en el pago de los servicios básicos tal como lo están haciendo otros gobiernos de la región para hacer frente a la pandemia.
Doña Ángela Amador es una de ella. No ha podido pagar los dos últimos recibos de energía eléctrica y teme que este mes la empresa distribuidora Disnorte-Dissur le corte el servicio. Al igual que Amador miles de usuarios se encuentran en la misma situación.
“Tengo pendiente el pago de marzo y abril, sin meter mayo que no lo han venido a dejar, y no lo voy a pagar ahorita porque no tengo reales. Yo soy costurera, de eso vivo, pero tengo dos meses que no trabajo, quise hacer mascarillas, pero era exponerse demasiado por ya estoy vieja, estoy rogándole a Dios que me paguen un dinero que me deben para poder pagar”, dijo Amador.
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Pero además en el contexto actual, el autoconfinamiento y el teletrabajo ha provocado que las personas pasen más tiempo en la casa y por ende aumente el consumo de energía, lo que ahoga más el bolso de todos los nicaragüenses. Eso está ocasionado que varias de estas pierdan el subsidio eléctrico en momentos que Ortega se niega a rebajar la tarifa, pese a que el petróleo a nivel internacional ha llegado a tocar mínimos históricos y se vende a menos de 40 dólares.
“Perdí el subsidio (de energía) en abril, pasé de pagar 480 córdobas a 1,388 córdobas, y ya eso pesa, ahora estamos implementado medidas de ahorro, porque no podemos estar pagando eso”, dijo la profesora, Rosa Vásquez, de Jinotepe.
Propuestas de la Defensoría del Consumidor
Al respecto Juan Carlos López, director ejecutivo de la Defensoría del Consumidor, expresó que tomando de referencia la crisis actual y el aumento de casos, han elaborado una demanda colectiva contra Disnorte-Dissur y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), la que presentará a la Corte Suprema de Justicia.
López asegura que la misma irá respaldada por 7,000 quejosos contra la distribuidora, que han logrado registrar en las últimas dos semanas.
“Nosotros estaremos recibiendo casos hasta el 15 de junio, todos los casos deben ir acompañado de sus facturas, fotos de medidor, historial, porque es necesario tener bien soportado los casos y si no pueden ir a la oficina que queda al costado norte del Centro Comercial Managua, pueden enviar su caso al correo electrónico: [email protected]”, dijo López.
López expresó que desde la Defensoría pedirá a la Corte Suprema que Disnorte-Dissur elabore un sistema virtual para efectuar los reclamos y así asegurar la salud de los usuarios y de los mismos empleados. Pero además solicitan que las resoluciones se den de manera virtual.
Cabe recordar que este poder del Estado está en manos del orteguismo.
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En estos últimos meses se ha observado las sucursales de Disnorte-Dissur llenas de usuarios, que tienen que hacer filas en las afueras de la institución, sin el distanciamiento requerido y sin usar mascarillas.
Otra de las propuestas es que se otorgue una prórroga a los usuarios de 3 a 4 meses, mientras la economía vuelve agarrar fuerza. Esta misma política la estableció El Salvador y Panamá, desde abril, cuando empezó a extenderse el virus por la región.
También está pidiendo que se censure el corte del servicio de electricidad a la población nicaragüense por al menos tres meses, “siendo una medida humanista y de suma necesidad para el pueblo de Nicaragua”.
Esta es la respuesta de la distribuidora
Pomares manifestó que la mayoría de los casos se resuelven a favor de la distribuidora y en pocas ocasiones se beneficia al usuario, cuando estos están llegando a introducir sus quejas en cada una de las instancias.
Según Pomares, la respuesta de cajón de la distribuidora a los quejosos es hacer arreglos de pagos, “cuando el usuario agota todas la instancias y todas son negativas, al final acepta el arreglo de pago, pero te dan un prima elevadísima, si debés cinco mil córdobas, te dicen que tenés que dar dos mil córdobas y el usuario ahorita no tiene la capacidad”.
Señala que con relación al año pasado, el número de denuncias por el servicio de electricidad ha aumentado fuertemente, “hasta mayo llevamos un 30 por ciento más de denuncias que en (el mismo lapso) 2019”.
Pero además que se han disparado los reclamos por alteración en las facturas de energía, Pomares afirma que se mantienen las quejas por el servicio de agua potable.
El Indec indica que entre enero y mayo se han recibido más de ochocientas denuncias por este servicio. “En el caso del servicio de agua, hay más de 800 denuncias, menos que el año pasado, pero las quejas se mantienen”, dijo Pomares.
La energía es un negocio de Ortega
El analista político Eliseo Núñez considera que este problema va a continuar, porque la energía es un negocio de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“El tema es que el negocio de la energía, es un negocio que está en manos de Ortega y uno tiende a ver la distribuidora, pero lo que hay que ver es a las generadoras Albanisa, Hugo Chavéz, a las que se les paga 36 millones de dólares al año solo por tener las plantas disponibles, son costos inaceptables que fueron dados bajos contratos de corrupción y al final el consumidor es el afectado”, dijo Núñez.
El analista señala que en este tiempo de crisis el Estado debería de ayudar a los consumidores, pero por el contrario se observa que sigue la política recaudatoria hasta en esos terrenos.
“Ahora si querés reclamar por un recibo tenés que pagar el 50 por ciento, es decir encareció, le puso precio a lo que es el principio constitucional del derecho a la petición, entonces esa reforma fue inconstitucional”, sostuvo.
El régimen de Daniel Ortega además ha dotado de mayor poder de persecución, de embargo y encarcelamiento de sus usuarios a Disnorte-Dissur, lo que agrava la crisis de los nicaragüenses.