¿Comisión Antilavado está acéfala?

Recientemente el ministro de Hacienda y Crédito Público, el señor Iván Acosta, junto al general del Ejército, Julio César Avilés, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y pasaron a formar parte de la “lista negra” de la OFAC, integrada por narcotraficantes, terroristas y violadores de derechos humanos de todo el mundo. Personas que se convierten en “tóxicas” para el sistema financiero del planeta entero.

La sanción de Acosta se debe a que “ha seguido organizando un importante apoyo financiero al régimen de Ortega” y, además “amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos”.

El señor Acosta actualmente es el coordinador de la Comisión Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en lo sucesivo denominada ALA/CFT/CFP). La Comisión está integrada por representantes del Poder Judicial, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Policía Nacional, Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión Nacional de Microfinanzas.

Dentro de las funciones principales de la Comisión podemos mencionar las siguientes: Identificar y evaluar periódicamente los riesgos nacionales relacionados con el LA/FT/FP. Coordinar la elaboración de propuestas de políticas públicas y estrategias nacionales ALA/CFT/CFP. Diseñar e implementar un sistema de información sobre prevención, detección y persecución del LA/FT/FP entre la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, Policía Nacional y la Unidad de Análisis Financiero. Elaborar estadísticas relacionadas con el desempeño del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP, entre otras.

La Comisión Antilavado es una entidad de importancia para la Ley Contra el Lavado de Activos, Ley No. 977 y su equipo se reúne periódicamente para elaborar directrices en relación a la prevención del lavado de dinero. Es de esperar que los miembros que conforman la Comisión, sean personas íntegras, probas y éticas a nivel nacional e internacional.

Recordemos que en febrero de 2020 el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organización intergubernamental regional cuya tarea es prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; decidió incluir a Nicaragua en la “lista gris” (Panamá y Nicaragua son países del continente americano miembros de esta lista) por implementar “estrategias deficientes” en contra del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la proliferación, entre otros delitos.

Posteriormente la Comisión Antilavado realizó su séptima reunión en marzo de 2020 con el objetivo de revisar y analizar la situación de Nicaragua ante GAFI/Gafilat, asimismo los avances conforme al plan de acción, reformas legales necesarias y el proceso de elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Con una Comisión coordinada hasta el día de hoy por un sancionado difícilmente Nicaragua recuperará la reputación internacional en materia de lavado de dinero ya que queda evidenciado que hasta sus funcionarios quienes están obligados a cumplir las normativas nacionales e internacionales, son los primeros en incumplirlas y ser vistos como personas tóxicas a nivel internacional.

El Poder Ejecutivo apropiadamente se verá obligado a nombrar de manera inmediata a otro funcionario para que desempeñe el cargo de Coordinador de la Comisión, ocupado hasta hoy por el ministro Acosta; porque los organismos internacionales como el Gafilat; no aceptará a un funcionario sancionado a nivel internacional como coordinador de la misma.

La autora es máster en Estado de Derecho-Universidad Salamanca/España
titamon@gmail.com

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